Si se analiza detenidamente el impacto directo sobre el sistema sanitario, el coste de los trastornos mentales representa el 7,3% del gasto sanitario público total, lo que sitúa a este grupo en la tercera posición, tan sólo superado por el cáncer y las complicaciones relacionadas con el aparato circulatorio. Del total del gasto sanitario generado, el 48% se debió a hospitalizaciones, el 39% a medicamentos y el 13% a gastos derivados de las consultas médicas. Por otro lado, un análisis de los costes por categorías diagnósticas puso en evidencia que la esquizofrenia ocupa el primer lugar (con un 37,6% de los costes sanitarios totales), seguida de los trastornos del estado de ánimo (24,4%) y los problemas de ansiedad (24,7%).

Al evaluar los costes directos que la enfermedad mental supone para las familias de los afectados, la investigación ha encontrado que estos gastos sociales también son muy elevados. En concreto, los trastornos mentales constituyen el cuarto motivo de requerimiento de cuidados informales, es decir, cuidados proporcionados por familiares y personal no profesional (por debajo de los accidentes cerebrovasculares, las demencias y las enfermedades osteomusculares).

Sin embargo, el mayor impacto económico de la enfermedad mental se observa en los costes indirectos relacionados con los días de pérdida de productividad laboral. Dentro de este gasto, las bajas laborales permanentes suponen el 46,7% (con 1.399 millones de euros), seguidas de las bajas laborales temporales (1.096 millones de euros, es decir, el 36,6%) y las muertes prematuras (16,7%). Tal y como se concluye en el estudio, estas cifras sitúan a las enfermedades mentales como la segunda causa de baja temporal y permanente en el trabajo en España, después de las enfermedades osteomusculares.

Tal y como anunciamos hace unos meses en Infocop Online, los trastornos mentales están cobrando un protagonismo creciente entre las causas de absentismo laboral, lo que genera importantes pérdidas económicas y sociales; circunstancia que ha llevado a la OMS a considerar la ausencia laboral como un "problema de salud pública", y a instar a los responsables políticos en la necesidad de invertir esfuerzos hacia la prevención de la enfermedad mental en el trabajo, la promoción de hábitos de vida saludables y la reincorporación laboral de los trabajadores (Conferencia Ministerial de la OMS para la Salud Mental; Helsinki, 2005).

En declaraciones a ElPaís, Juan Oliva, autor principal del estudio, ha señalado a este respecto que: "a pesar de que actualmente los gobiernos central y autonómico destinen recursos económicos y humanos a la prevención y tratamiento de trastornos mentales, el coste social oculto, ya sea en pérdidas laborales o en costes de cuidados informales, por ejemplo, supone una carga aún mayor".

En conclusión, los datos que proporciona esta investigación justifican la consideración de los trastornos de salud mental como un eje prioritario de actuación en la elaboración y el desarrollo de políticas sanitarias y sociales en nuestro país. La elevada carga económica, junto con el importante impacto social y personal que supone la enfermedad mental para la vida de los afectados y familiares (disminución en calidad de vida, años de vida asociados a discapacidad, pérdida de empleo, etc.), podrían paliarse si se emplearan medidas eficaces y recursos suficientes para la prevención y tratamiento de estos problemas.