El pasado año 2009, la Unión Europea (UE) aprobó una resolución en la que reconocía el carácter prioritario de la salud mental e instaba a los Estados miembro a que adoptaran medidas para promocionar la salud psicológica, prevenir la aparición de problemas psicológicos y facilitar el acceso a intervenciones eficaces para el tratamiento de dichas alteraciones con el objetivo de mejorar la calidad de vida. Esta resolución se fundamenta en el Informe sobre Salud Mental, realizado también en 2009 por la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria de la UE, y en la filosofía del Pacto Europeo para la Salud Mental y el Bienestar (junio de 2008). Uno de los pilares básicos de dicho Pacto y del Informe sobre Salud Mental de la UE se refiere a la salud mental infanto-juvenil, estableciendo tres directrices prioritarias a seguir por los países europeos. En primer lugar, subraya la necesidad desarrollar políticas de actuación para promover la salud mental de niños y adolescentes, creando servicios especializados para ellos. Además, reclama la creación de programas para el desarrollo y el fortalecimiento de la salud psicológica en la infancia y adolescencia a través de la implantación de la figura de un "consejero" en todos los centros de educación secundaria -un experto en educación y salud mental que "atienda las necesidades sociales y emocionales de los jóvenes, con especial énfasis en los programas de prevención encaminados a mejorar la autoestima y a la gestión de las crisis"-. Finalmente, se destaca el requerimiento de incluir esta área de conocimiento específico en los planes de estudio de todas las profesiones sanitarias, así como en sus programas de formación continua.

Este Pacto Europeo se encuentra en total consonancia con las recomendaciones que, en el año 2003, la Organización Mundial de la Salud (OMS) realizó sobre este tema a través de una publicación sobre la salud mental infanto-juvenil –"Caring for children and adolescents with mental disorders. Setting WHO directions" (2003)-. En este documento, la OMS sitúa la salud mental durante la infancia y la adolescencia como un problema prioritario de salud pública debido a su prevalencia y a las consecuencias negativas que tiene sobre el niño, sus allegados y la sociedad en general. 

Efectivamente, la incidencia de los trastornos psicológicos durante la infancia y la adolescencia es elevada. Concretamente, la OMS (2003, 2004a, 2004b, 2004c) estima que alrededor del 20% de la población infanto-juvenil sufre algún problema de este tipo; aspecto que es aún mucho más relevante si además se tiene en cuenta que se ha estimado un aumento en los próximos años, debido a que se ha constatado una tendencia creciente y constante. De hecho, el pasado año 2009, la UE estimó que uno de cada cuatro niños europeos (25%) padecía alguna de estas dolencias, lo cual equivale a un incremento de cinco puntos respecto a los datos de la OMS de 2003.

Por otro lado, como se ha indicado más arriba, la relevancia sociosanitaria de la presencia de una pobre salud psicológica infanto-juvenil radica también en el impacto o en las consecuencias negativas que tiene para el desarrollo y el funcionamiento del propio niño o joven en todas las áreas de su vida (personal, social, académica), reduciéndose, en definitiva, su bienestar y su calidad de vida. El ejemplo más extremo podría encontrarse en el hecho de que el suicidio es la tercera causa de mortalidad entre adolescentes. Además, cuando un niño o un adolescente padece un problema psicológico, estas repercusiones se extienden de manera especial a su familia y personas más cercanas, así como a la sociedad en general.

Así mismo, el impacto de los trastornos psicológicos infanto-juveniles no tiene un carácter exclusivamente puntual, es decir, referido al momento presente. Padecer un problema psicológico en las primeras fases de la vida de una persona constituye uno de los principales factores de riesgo para la salud física y psicosocial futura, bien porque el problema tiende a cronificarse al no recibir tratamiento [por ejemplo, según la OMS (2003, 2004a, 2004b, 2004c), un tercio de los adultos que presentan un diagnóstico de depresión mayor sufrieron el primer episodio de esta patología antes de los 21 años] porque puede suponer la aparición de otros trastornos diferentes, así como predecir un peor ajuste psicosocial en todas las áreas –personal, relacional, académica-laboral-, lo que puede derivar en la presencia de relaciones conflictivas, de patrones de consumo de substancias, de un mayor número de días de baja laboral, etc.

En consecuencia, todo esto se traduce en un elevado coste sociosanitario, tanto de manera directa (uso de servicios sociosanitarios, gasto farmacéutico) -la UE estima que entre el 3% y el 4% del producto nacional bruto de cada Estado miembro se destina a la salud mental-, como indirecta (bajas laborales, cuidado de familiares, reducción de la producción, etc.). Por ello, invertir recursos para la prevención y la promoción de la salud psicológica infanto-juvenil constituye una prioridad, puesto que ésta es una garantía de protección de la salud y del bienestar global, tanto a nivel individual como social, que se proyecta a medio y largo plazo.

En relación con todo lo anterior, la OMS (2003, 2004a, 2004b, 2004c) subrayó la necesidad de que cada país desarrollara políticas de carácter específico e integral para la prevención y la promoción de la salud mental infanto-juvenil, así como para la detección precoz e intervención temprana sobre los problemas psicológicos que tienen lugar en este momento del ciclo vital. La UE, a través del Pacto Europeo para la Salud Mental y el Bienestar, ha recogido todas las recomendaciones que propone la OMS al respecto, y ha instado a todos sus Estados miembro a que desarrollen medidas políticas, sociales y administrativas para adoptar este planteamiento.