EDITORIAL MARZO – MAYO 2011

Desde hace siete años, hemos estado luchando para que los poderes públicos reconocieran el grave problema generado en el ejercicio profesional de la Psicología por las distintas reglamentaciones que han surgido en el ámbito sanitario, y le dieran una solución efectiva. Hemos removido cielo y tierra, ya que todo parecía estar en contra. Los partidos políticos mayoritarios junto con los diferentes Gobiernos de la nación estaban en contra de tocar la LOPS, y los grupos minoritarios no tenían fuerza para cambiar la situación o eran indiferentes. La Universidad vivía relativamente ajena a un problema que afectaba a la profesión, pero cuyo alcance poco a poco se fue haciendo evidente. No todos los psicólogos estábamos unidos, porque no todos veían el problema o lo apreciaban de la misma manera. La sociedad no era plenamente consciente de la situación, por lo que hubo que comenzar con una lenta y continuada campaña de concienciación, que llevó, al final, a que decenas de entidades sociales y profesionales relevantes nos dieran su apoyo. En resumen, si se echa la vista atrás se ve que se avanzó mucho camino, desde la publicación de la LOPS en el 2003 hasta la publicación el pasado día 30 de la disposición adicional sexta. Hoy todo es diferente. El Parlamento ha votado unánimemente, en diversas ocasiones, proposiciones no de ley que instaban al Gobierno a buscar soluciones. La disposición adicional sexta se ha aprobado con el voto unánime de la Cámara. Desde hace mucho tiempo, la Universidad, tanto estudiantes como los Decanos de Psicología, han tenido un papel principal y proactivo en la búsqueda de una solución. Ha habido, en este etapa, un importantísimo movimiento de la Psicología académica española, encuadrando los estudios de Psicología en el campo de las Ciencias de la Salud. La inmensa mayoría de las asociaciones de psicólogos, por no decir la totalidad, están de acuerdo en una solución que pase por la creación de una profesión sanitaria generalista, que dé acceso posteriormente a la especialidad. Por último, la sociedad ha expresado de mil formas su apoyo a que la Psicología fuera reconocida como una profesión sanitaria, refrendando con esta propuesta el aprecio y reconocimiento social a la labor sanitaria de miles de psicólogos, a lo largo de los últimos años.

Viendo el balance anterior hay que concluir que nos hemos movido y mucho. Lo conseguido es mérito de todos los que han apostado por una solución que mejore el ejercicio de la profesión en nuestra sociedad. En este «todos» hay que destacar, sin lugar a dudas, a la Conferencia de Decanos de las Facultades de Psicología que ha tenido sentido de la responsabilidad y visión de futuro; a los estudiantes de Psicología, que han mostrado también una gran madurez y determinación en el análisis y resolución de los problemas planteados, y a los profesionales, sean especialistas o no, que han mantenido sus reivindicaciones a la largo de tanto tiempo y en muy difíciles circunstancias. Todos ellos deben sentirse satisfechos por el trabajo realizado.

En estos momentos, debemos estar contentos y alegres porque, por fin, la ley reconoce a los psicólogos no especialistas su derecho a trabajar en el ámbito sanitario, y crea de facto la profesión sanitaria de psicólogo generalista. Las condiciones que establece para el acceso a la profesión son equiparables a las que estableció en su momento la derogada Orden Ministerial, cuya aplicación no supuso ningún problema, por lo que podemos entender que, en esta ocasión, tampoco los habrá. Todos los que de forma activa hemos participado en este giro de la situación debemos felicitarnos porque a partir de ahora, los licenciados en Psicología (todavía no hay graduados) no deberán tener ningún problema para ejercer su trabajo en un centro sanitario privado, bien como autónomo o por cuenta ajena. Quedan fuera de la regulación los psicólogos que trabajan en el sistema público o concertado. Para ellos, hemos estado buscando activamente una solución, que creemos que se encuentra en la iniciativa legal que está actualmente en trámite en el Parlamento para todos los MESTOS (médicos) y FESTPS (farmacéuticos), que ahora incluirá también a los psicólogos (PESTOS). Si la iniciativa, que apoyan todos los grupos parlamentarios, excepto el PSOE, prosperase finalmente, creemos que la inmensa mayoría de los psicólogos que están trabajando en el sistema público podrán acceder a la especialidad. De esa manera, se cerrará un problema de forma definitiva y simple.

Como colofón a todo lo anterior, queda por decir que la solución planteada es provisional, como ya se ha dicho, por lo que aún queda un camino importante por recorrer. En este sentido, considero que la reciente celebración de unas Jornadas de Psicología Clínica, en la que participaron importantes asociaciones del sector, supone un importante hito. Como resultado de esa reunión se puede concluir que hay un acuerdo unánime de la Psicología en la conformación de una carrera profesional para los psicólogos que trabajen en el ámbito sanitario. Dicha carrera profesional seguiría un itinerario secuencial que partiría desde el Grado en Psicología, continuaría por un máster profesional oficial, que tendría asociadas competencias para el ejercicio profesional y, por último, y como etapa final, estaría el PIR y el correspondiente acceso al título de especialista. Se trataría de configurar un itinerario formativo que corriera parejo con una creciente adquisición de competencias y responsabilidades profesionales. La existencia de esta posición común, implica la clara aceptación de la necesidad de una profesión de psicólogo generalista, el acuerdo de que el acceso a dicha profesión se haga desde un máster oficial, y que el acceso al examen PIR esté condicionado a tener las titulaciones que habiliten para el ejercicio de la profesión de psicólogo sanitario generalista. Esta posición común es la que trasladaremos en las mesas de negociación con el Gobierno, cuando se inicien las conversaciones para encontrar una solución definitiva al ejercicio de la profesión en el ámbito sanitario. Esperemos que la Administración sea sensible y receptiva a este clamor de la profesión.