EDITORIAL JUNIO – JULIO 2011

22 Jun 2011

Francisco Santolaya Ochando

Presidente

Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos

Acabo de ver el debate que ha habido en la Comisión de Educación del Congreso sobre la Proposición No de Ley del Partido Popular en defensa de la Psicología Educativa, y de la profesionalización de la Orientación Educativa. De lo que he visto y escuchado, puede deducirse que todos parecen compartir, en alguna medida, cierta preocupación por la situación actual de la orientación educativa o de la psicología educativa. Sin embargo, hay algunos que no parecen enterarse muy bien de lo que ha significado el acuerdo de septiembre entre asociaciones de padres, profesores y profesionales de la psicología educativa, y el reciente acuerdo firmado con la COPOE. Esos representantes políticos parecen no entender lo que se ha acordado y por qué se ha acordado. Reaccionan con virulencia, retorciendo los argumentos, inventándose otros, haciendo decir a los acuerdos lo que no dicen, para descalificar al adversario. Dan la impresión de que están preocupados por un movimiento social que no está controlado por la política, y se empecinan en lo que no funciona, queriéndonos hacernos creer que no hay nada que reformar. Les parece importar muy poco el descontento que expresan los principales actores del sistema educativo, que se une a los magros resultados que periódicamente obtenemos en las evaluaciones internacionales de calidad de la enseñanza. Tampoco parece importarles que el extravagante experimento español de desalojar a los psicólogos educativos de la enseñanza, y a otros profesionales cualificados, sustituyéndolos por orientadores con una reducida formación profesional en este campo de actividad, sea poco comprendido en los países avanzados de nuestro entorno.

La verdad es que nos gustaría creer que es posible sustraer del permanente altercado partidista, el debate sobre la mejora de la atención psicológica en la escuela. Creemos que un abordaje sereno y sosegado, nutrido de argumentación científica y técnica, y apoyado en los datos, puede ser altamente beneficioso para todos los que queremos que la enseñanza en nuestro país sea cada vez mejor. Así que, en consecuencia, voy a reiterar nuestros argumentos, explicando lo mejor que pueda las razones que nos mueven. 

 
Francisco Santolaya

El manifiesto que se firmó en septiembre en defensa de la psicología educativa, no pretende expulsar a nadie del sistema educativo. No pretende que el psicólogo educativo sea el único profesional que asesore, oriente o trate. Lo único que quiere es que los servicios psicológicos sean dispensados por profesionales cualificados, es decir, psicólogos especialistas en el ámbito educativo. De ahí no se puede deducir, es indecente deducirlo, que los psicólogos queramos que no intervengan en la escuela otros profesionales como los pedagogos. Los psicólogos tienen sus funciones, mientras que otros profesionales tienen las suyas. Unos y otros deben estar altamente cualificados, si consideramos que la educación es un servicio que debe gozar de la mayor calidad. Acusarnos de corporativismo por defender una educación de la máxima calidad y que los jóvenes sean atendidos por profesionales cualificados es ridículo.

En la misma línea de exigir a la Administración una atención psicológica de calidad en el sistema educativo, el pasado mes de mayo se firmó un acuerdo con COPOE, que es la coordinadora nacional de organizaciones de orientación educativa. En ese acuerdo, se subraya nuestro apoyo a la existencia de los servicios de orientación educativa y, en consecuencia, se pide que estén constituidos por profesionales cualificados, que no pueden ser otros que psicólogos y pedagogos, que, además, hayan seguido una exigente especialización. Es obvio que la firma de este acuerdo indica que no estamos en contra de la orientación educativa, y que, al contrario, nos preocupa que tengan la calidad exigible. Es más, nos indigna que los servicios de orientación se hayan devaluado hasta el punto que puedan ser atendidos por cualquier titulado que haya cursado unas horas de formación específica en el máster de acceso al profesorado.

De forma loable y esperanzadora, pocas veces se ha llegado a un diagnóstico tan ampliamente compartido por todos los agentes principales de la educación. Ese diagnóstico nos indica que hay una fuerte demanda de atención psicológica especializada en la escuela. Padres y profesores lo han dicho alto y claro. Basta ver lo que han suscrito en los acuerdos firmados. Sin embargo, esa demanda no puede ser cubierta con la actual configuración de la orientación y los servicios de apoyo en la escuela. Los que afirman que basta con dar un barniz de formación a cualquier titulado para que pueda ser una especie de «psicólogo educativo», están difundiendo un mensaje que es un claro signo de desprecio a lo que hacen esos profesionales y a los alumnos y padres que reciben los servicios.

Cuando oigo a algunos políticos acusarnos de corporativismo o de querer «psicologizar» la enseñanza, me pregunto ¿estarán satisfechos con el funcionamiento del sistema educativo? ¿No ven los problemas? ¿No es necesario hacer nada para mejorar la situación actual? Si creen que no hay que hacer nada para que las cosas mejoren, están equivocados. El clamor social general y de la educación, en particular, es que hay que hacer todo lo posible para que las cosas cambien. Padres y profesores ven los problemas y apuestan por soluciones. Los psicólogos también nos queremos sumar a ellos, aportando nuestro granito de arena.

Debe quedar claro que la situación de los servicios psicológicos no es ni el principal ni el único problema que tiene la educación en nuestro país. Somos conscientes de nuestro carácter de servicio de apoyo a la comunidad educativa, que es el principal agente educativo. Sólo nos gustaría que ese servicio de apoyo funcionara bien. Estoy seguro de que los psicólogos podríamos hacer las cosas mejor si se pusieran las condiciones para que eso pudiera producirse. Desde hace un montón de años se insiste en las mismas soluciones, al confundir la funciones del psicólogo con las de otros profesionales o la del profesorado, y no parece estar funcionando. En estos últimos tiempos se han radicalizado las propuestas, expulsando a la psicología y a la pedagogía de la orientación. Probablemente se vayan a dar pasos aún más radicales. Esta senda es completamente absurda. Si algo no funciona, habrá que estudiar por qué no lo hace y cambiar el sentido de las soluciones, no profundizar en el error. Nuestra posición es muy clara. La psicología educativa es una especialidad que debe ser desempeñada por psicólogos especialistas, y los padres y profesores deben sentirse seguros de que la evaluación y el consejo psicológicos proceden de este tipo de profesionales. El desempeño de la labor del psicólogo educativo debe hacerse desde dentro de los centros escolares, en íntima conexión con la realidad de la comunidad educativa en la que se inscribe el alumno, pero también de forma diferenciada de la labor del profesorado, ya que el psicólogo educativo no es un profesor. Los psicólogos educativos, junto con otros profesionales, deben constituir los servicios de orientación y los servicios profesionales de apoyo. Debe potenciarse una incorporación de estos profesionales a la escuela, de forma que tengan una ratio alumnos / psicólogo, que permita la prestación de un servicio de calidad. Debe exigirse a los psicólogos educativos un alto nivel de especialización y una calidad sobresaliente en el trabajo que realizan. Sólo si se cumplen estas condiciones, este apoyo a la labor de profesores y padres puede ser posible. Sólo queda preguntar ¿por qué el Gobierno no quiere probar por una vez, y hacer lo que, según nuestra modesta opinión, demanda la comunidad educativa y el sentido común?

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