Desde la entrada en vigor de la LOPS en 2003, la preocupación fundamental del Consejo General de la Psicología ha sido garantizar que los psicólogos y psicólogas que venían realizando actividades sanitarias durante años y que habían acreditado la formación adecuada, pudieran seguir ejerciendo su labor sin impedimentos legales, aunque respetando siempre las competencias atribuidas a los Psicólogos Especialistas en Psicología Clínica.

Esta preocupación ha sido compartida por los distintos equipos del Ministerio de Sanidad y, fruto de ello, fue en primer lugar, la modificación de la Orden de Centros, Servicios y Establecimientos Sanitarios ( Orden SCO/1741/2006 por la que se modifican los anexos del Real Decreto 1277/2003 por el que se establecen las bases generales sobre autorización de centros, servicios y establecimientos sanitarios), y cuando ésta fue declarada no ajustada a derecho por el Tribunal Supremo, el MSSSI elaboró e impulsó la tramitación y aprobación de  las disposiciones transitorias incluidas en la Ley de Economía Social y en la Ley General de Salud Pública.

Tras las últimas elecciones generales, se han mantenido diversas reuniones entre la D.G de Ordenación Profesional y el Consejo para abordar este tema. De hecho, ya en febrero de 2012, se le hizo llegar un informe detallado sobre la problemática planteada y los problemas que surgirían de no resolverse antes de octubre de 2014, cuando acaba la vigencia del periodo transitorio previsto en la Disposición Adicional Sexta de la Ley de Economía Social y prorrogada durante tres años a través de la Ley General de Salud Pública.

Al Consejo General de la Psicología le consta que, fruto de la estrecha colaboración entre ambas instituciones y del compromiso y sensibilidad del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad para dar respuesta a esta situación se han estado barajando diversas soluciones. En la última reunión mantenida con la Dirección General de Ordenación Profesional del Ministerio de Sanidad, el pasado 11 de noviembre de 2013, se nos informó  que era decisión del equipo ministerial dar una solución definitiva a esta problemática lo antes posible y, en todo caso, antes de que expire el periodo transitorio, y que si no se había solucionado hasta el momento era porque el Ministerio quería que la medida tuviese el suficiente rango legal de forma que no se pudiese cuestionar de ninguna manera su legalidad. El Consejo General de la Psicología se mostró de acuerdo con esta decisión, ya que es precisa una norma que asegure definitivamente la actividad sanitaria, aunque solicitó la máxima celeridad en el proceso para evitar la incertidumbre que se estaba generando entre los profesionales afectados.

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