El pasado mes de diciembre, el partido socialista registró una pregunta en el Congreso de los Diputados en la que solicita al Gobierno una respuesta por escrito especificando qué medidas tiene previstas para resolver el problema de los psicólogos que han venido desarrollando actividades sanitarias durante años y que tendrán que dejar de ejercer el próximo mes de octubre de 2014, fecha en la que expira el periodo de vigencia transitorio previsto en la disposición adicional sexta de la Ley de Economía Social”.

La pregunta ha quedado registrada en el Congreso y está pendiente de respuesta. No obstante, según han confirmado diferentes fuentes parlamentarias al Consejo General de la Psicología (COP), la solución a esta situación pretende materializarse a través de la nueva Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios –que inició su trámite parlamentario el pasado 21 de enero-: a través de una enmienda del Partido Popular, esta Norma podría incluir una disposición adicional que prorrogaría las autorizaciones que se necesitan para ejercer como profesionales sanitarios.

Como ya saben nuestros lectores, son muchos los psicólogos que actualmente están desarrollando su labor en este ámbito tras acogerse a la regulación transitoria dispuesta en la Ley 5/2011, de 29 de marzo, de Economía Social (que posibilita que, tras acreditar unos requisitos específicos, puedan inscribir sus consultas de psicología como centros sanitarios o incorporarse como profesionales a la cartera de servicios de otros centros privados). Sin embargo, el periodo transitorio finalizará el próximo 6 de octubre de 2014, por lo que, de no hallar una solución definitiva a este problema, este colectivo podría quedar en una situación de inseguridad jurídica, al no poder ejercer legalmente como sanitarios.

Tal y como ha ido informando puntualmente Infocop, el COP ha mantenido en los últimos meses numerosas reuniones con las autoridades ministeriales correspondientes, de cara a estudiar la problemática y plantear posibles alternativas. Fruto de estas gestiones, el pasado mes de noviembre, la Dirección General de Ordenación Profesional del Ministerio de Sanidad trasladó al COP su intención de dar una respuesta definitiva y legal a esta situación, y, en las últimas semanas, ha planteado la posibilidad de hacerlo a través de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.

Cabe esperar que a través de una disposición adicional en la Ley anteriormente mencionada, se resuelva esta problemática en la misma línea planteada por el COP en diversas ocasiones, de manera que se regule de forma definitiva la situación y que su reconocimiento como psicólogos sanitarios se extienda a otros centros.

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