El 22 de abril de 2014, representantes de la Organización Mundial de la Salud (OMS) solicitaron que los cigarros electrónicos sean considerados como un problema de salud pública, al igual que los cigarrillos de tabaco convencionales.

Tal y como recogen diversos medios de comunicación, Armando Perruga, director de Iniciativa Sin Tabaco (Tobaco Free Initiative) de la OMS, ha señalado que aún no disponemos de evidencia científica ni información suficiente respecto a los peligros que entraña el consumo a largo plazo de este tipo de cigarrillos, pero está demostrado que “contienen sustancias tóxicas y cancerígenas” similares a las del tabaco. La OMS ha anunciado que está trabajando además, en un documento que determine su posición hacia estos cigarrillos electrónicos.

En nuestro país, y tal y como informamos en Infocop hace unas semanas, un total de 37 de sociedades científicas, sanitarias y de consumidores solicitaron también que la regulación de los cigarrillos electrónicos se equiparase a la del tabaco convencional, en los espacios de utilización, en la promoción y publicidad y en la fiscalidad. Esta solicitud  (Declaración sobre la propuesta de regulación de los cigarrillos electrónicos) fue entregada a la Comisión de Sanidad del Senado por parte del Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo (CNPT) el pasado 13 de marzo de 2014, con el objetivo de que fuera tenida en consideración antes de la votación de la Ley General para la Defensa de los Consumidores Usuarios, donde se recoge la regulación de estos dispositivos. Asimismo, grupos como PSOE, Entesa y vasco habían registrado enmiendas para que la prohibición del consumo de los cigarrillos electrónicos fuera equiparada a la del tabaco tradicional. Sin embargo, estas enmiendas no recibieron el apoyo del grupo parlamentario popular en el Senado, con mayoría absoluta, por lo que el texto fue aprobado sin modificación alguna, desatendiendo la opinión de expertos respecto a que la regulación de los cigarrillos electrónicos que se recoge en dicha normativa es insuficiente.

Según el CNPT, la nueva normativa supone un paso atrás para la Salud Pública en España, ya que permite el uso de estos cigarrillos en espacios de ocio y hostelería.

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