Continuando con la línea de propuestas recientemente aprobadas en materia de violencia de género, el pasado mes de octubre, el Congreso de los Diputados debatió y aprobó una nueva Proposición No de Ley relativa a la mejora de la evaluación de riesgo en este ámbito.

La iniciativa ha sido presentada por el Grupo Parlamentario Popular con la finalidad, según ha expuesto en su texto, “de instar al Gobierno a mejorar el sistema que se utiliza actualmente para valorar el riesgo de las víctimas de violencia de género de sufrir un nuevo episodio de violencia por parte de sus agresores”.

En este sentido, señala, si bien el sistema de valoración ha venido funcionando “de manera regular”, es esencial realizar un nuevo reajuste más completo e integral, de modo que la evaluación del riesgo sea lo más precisa e inmediata posible y se haga atendiendo “al máximo número" de variables, tales como la existencia de antecedentes judiciales ya archivados, denuncias previas, quebrantamientos de condena, etc. –algo que hasta la fecha no se ha tenido en cuenta de manera sistemática-, las situaciones de especial vulnerabilidad de la víctima, la existencia de discapacidad, la residencia en el entorno rural o urbano, la edad de la víctima y del agresor, la presencia de menores en el entorno de la pareja o expareja, la situación laboral de la víctima y del maltratador, el uso de las tecnologías de la información o la existencia de apoyo social o familiar.

A lo largo de la sesión plenaria, se abordaron diversas cuestiones a tener en cuenta dentro de esta iniciativa, entre ellas: la importancia de “hablar de la presencia” de un psicólogo forense en las denuncias, que ayude a objetivar la situación real, la necesidad de mejorar la coordinación entre los diferentes agentes que intervienen en la puesta en práctica de las medidas de protección, el interés de invertir en educación (impulsando la coeducación en valores de igualdad, respeto, tolerancia, etc.) movilizando para ello los recursos económicos necesarios. A este respecto, se recordó la incidencia negativa que han tenido los recortes presupuestarios en la lucha contra la violencia de género y en materia de igualdad.

La iniciativa, que ha sido aprobada por unanimidad, enmarca, según ha manifestado el Grupo Popular, la voluntad del Gobierno “de revisar una a una todas las herramientas e instrumentos que se utilizan para dotar a las víctimas de violencia de género que denuncian su situación de una protección lo más completa posible, así como de las medidas más adecuadas para impedir que el maltratador vuelva a actuar contra la víctima”.

Con su aprobación, únicamente queda esperar que el Gobierno lleve a cabo las medidas necesarias para su pronta aplicación, con el fin de erradicar este problema, lamentablemente, de gran prevalencia en nuestra sociedad.

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