Tal y como informó Infocop Online en su momento, el pasado día 10 de septiembre, en el marco del Día Mundial para la prevención del suicidio, el Grupo Parlamentario la Izquierda Plural (GIP) presentó a través de su diputado, Gaspar Llamazares, una serie de preguntas a la Mesa del Congreso de los Diputados, relativas a esta fecha y al “flagrante incumplimiento” de la Proposición No de Ley (PNL) aprobada el 11 de diciembre de 2012 por el Congreso de los Diputados, relativa a la promoción, dentro de la Estrategia de Salud Mental, de acciones para una redefinición de los objetivos y acciones de prevención del suicidio.

Dicha propuesta, que contó con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, solicitaba al Ejecutivo, entre otras cosas, la promoción dentro de la Estrategia de Salud Mental de la redefinición de propuestas dirigidas a prevenir el suicidio (incorporando la perspectiva de violencia de género y teniendo en cuenta a los grupos más vulnerables), así como el apoyo a la Red de Salud Mental y el fomento de campañas de sensibilización y concienciación.

Ante la demora en el cumplimiento de la PNL, la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales del Congreso de los Diputados aprobó, dos años después, otra iniciativa relativa al desarrollo de un Plan Nacional de Prevención del Suicidio por las instituciones sanitarias, educativas y sociales españolas, de acuerdo con las directivas de la Unión Europea y organismos internacionales, por la que se proponía una actualización del redactado de la Resolución de 2012, añadiendo una enmienda en la que se instaba al Gobierno “a cumplir urgentemente” con lo aprobado en esta.

Dado que, a día de hoy, no se ha materializado ninguna de las propuestas comentadas anteriormente, GIP resolvió presentar las siguientes preguntas: “¿Cuáles han sido las medidas adoptadas por el Gobierno en cumplimiento de la proposición no de ley aprobada el 11 de diciembre de 2012 por unanimidad del Congreso de los Diputados, relativa a la promoción, dentro de la Estrategia de Salud Mental, de acciones para una redefinición de los objetivos y acciones de prevención del suicidio? ¿Ha introducido el Gobierno en la Estrategia de salud mental un programa específico en materia de suicidios, como se le instaba desde el Parlamento? ¿Por qué no ha promovido el Gobierno campañas de visibilidad, sensibilización y concienciación, contempladas en dicha Estrategia de Salud Mental del Sistema Nacional de Salud (SNS), como se le pedía? ¿Qué políticas transversales que incorporasen la perspectiva de género y prestaran especial atención a grupos más vulnerables, como niños, adolescentes, ancianos y personas en riesgo de exclusión, ha desarrollado el Gobierno, como se le reclamaba? ¿Por qué el Gobierno no ha prestado apoyo a la Red de Salud Mental, de acuerdo con las Comunidades Autónomas, para mejorar las medidas preventivas, así como el protocolo de manejo del suicidio, y la atención y seguimiento inmediato de intentos de suicidio, como se le requería? ¿Qué medidas piensa tomar el Gobierno a partir de ahora para el cumplimiento de aquella proposición no de ley del Congreso?”

La contestación por escrito del Gobierno, publicada en el boletín del Congreso el 12 de noviembre, no es sino una reafirmación de la respuesta dada a las preguntas registradas por UPyD, también el pasado mes de septiembre, en relación con el mismo asunto. De este modo, el Ejecutivo anuncia la creación de 15 grupos de trabajo cuyo propósito es el de “elaborar unos documentos que faciliten a las Comunidades Autónomas el implementar, de forma más efectiva, aquellas cuestiones que se consideraban más prioritarias”. Entre estos grupos, señala, hay uno orientado a elaborar normas y criterios claros sobre prevención de suicidio.

Según ha indicado, en este trabajo de actualización no sólo están participando los grupos, sino también las Comunidades Autónomas –encargadas de recabar información sobre el tema-, así como representantes de sociedades científicas y asociaciones de pacientes y familiares.

Dado el avanzado estado de desarrollo del proceso, el Ejecutivo plantea la posibilidad de que el grupo finalice en breve “un documento con sus objetivos, recomendaciones y criterios que, una vez recibidas las aportaciones de las Comunidades Autónomas y aprobado por los comités de la estrategia, será incorporado a la actualización de la Estrategia en Salud Mental” y que se utilizará como telón de fondo en futuras campañas de sensibilización social.

Para ver la respuesta pincha el siguiente enlace: http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/D/BOCG-10-D-557.PDF

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