La mayoría de mujeres fallecidas por violencia de género este año 2014, que habían presentado denuncia previa por malos tratos, tenían una valoración policial de riesgo “no apreciado” o “bajo”. Así lo afirma el último Informe sobre fallecimientos por violencia de género con procedimientos judiciales previos en 2014, del Observatorio de Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial.

Tal y como manifiesta el texto, estos datos ponen de relieve, entre otras cosas, la importancia de revisar los formularios utilizados en el Sistema de Seguimiento Integral de los Casos de Violencia de Género del Ministerio del Interior (Viogen).

A este respecto, Rocío Gómez Hermoso, psicóloga forense de los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria de Madrid, ha señalado en declaraciones a Europa press, la falta de adecuación de estos cuestionarios, al presentar una sensibilidad inferior al 50%, lo que conlleva que no se detecte peligrosidad en casos en los que debería hacerlo. A esto se añade el hecho de que están implementados por “personas que no tienen ni cualificación ni conocimientos sobre la evaluación conductual", y equipara sus resultados a los que se obtienen al “tirar una moneda al aire”.

Igual de tajante se ha mostrado al hacer manifiesta la falta de psicólogos forenses en los servicios de guardia de los juzgados de violencia de género, y la repercusión que esto conlleva en la eficacia del servicio y la atención prestada. Asimismo, ha recordado que, en la actualidad, no existen las “valoraciones de peligrosidad que estamos planteando los psicólogos desde hace tiempo y que son las que nos van a indicar en un porcentaje mayor o menor el riesgo que asumimos de reincidencia desde una perspectiva conductual”.

En relación con todo lo planteado, cabe señalar que el pasado mes de octubre, el Congreso de los Diputados debatió y aprobó una Proposición No de Ley relativa a la mejora de la evaluación de riesgo en violencia de género, por la que se instaba al Gobierno a mejorar el sistema que se utiliza actualmente para valorar el riesgo de las víctimas de sufrir un nuevo episodio de violencia por parte de sus agresores.

La iniciativa, presentada por el Grupo Parlamentario Popular, exponía la conveniencia de realizar un nuevo reajuste más completo e integral, con el fin de obtener una evaluación del riesgo lo más precisa e inmediata posible, atendiendo “al máximo número" de variables. Previo a su aprobación, se abordaron diversas cuestiones a tener en cuenta dentro de esta Propuesta, entre ellas, la necesidad de “hablar de la presencia” de un psicólogo forense en las denuncias, que ayude a objetivar la situación real.

Atendiendo a los datos del Informe del Observatorio de Violencia Doméstica y de Género señalados anteriormente, así como a las declaraciones realizadas por la experta en Psicología Forense, resta esperar que, junto con la pronta aplicación de esta PNL, el Gobierno lleve a cabo las medidas necesarias para solventar este tipo de errores que no hacen sino agravar el serio problema de la violencia de género.

Fuente: Europa press

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