La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, junto con los defensores autonómicos (Andalucía, Cataluña, Galicia, Canarias, País Vasco, Aragón, Comunidad Valenciana, Castilla y León, y Navarra), han publicado el informe “Las urgencias hospitalarias: derechos y garantías de los pacientes”, en el que dan cuenta de la realidad de los servicios de urgencia y del impacto de su funcionamiento en los derechos de los ciudadanos.

Este documento constituye un análisis de la aplicación práctica de los derechos y garantías de las personas usuarias de los servicios de urgencia hospitalaria. El documento destaca los problemas comunes del conjunto de los servicios de urgencias y ha sido elaborado con la participación de profesionales de dichos servicios, de gestores y directores, y de asociaciones de pacientes.

El informe dedica un capítulo específico a personas en situación vulnerable, y en concreto a personas mayores con déficit cognitivo, personas con enfermedad mental, con discapacidad o en situaciones de maltrato.

En lo que compete a las personas con trastorno mental, los Defensores del Pueblo advierten que “la complejidad que plantea el abordaje de este tipo de situaciones, en las que pueden verse implicados múltiples agentes (familiares, dispositivos de emergencias y de atención a la salud mental, fuerzas de seguridad o instancias judiciales, etc.) puede poner en riesgo el respeto de los derechos de los pacientes” con problemas de salud mental.

En este sentido, los Defensores recogen la denuncia de la Confederación Española de Agrupaciones de Familiares y Enfermos Mentales (FEAFES), en relación con la incidencia en la estigmatización derivada del traslado de estas personas por parte de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, con los medios de los que se valen en ocasiones (sirenas, uniformes, esposas, lazos de seguridad…). Reconocen, además, que este tipo de prácticas“perjudican su estado”.

El informe refleja asimismo la reclamación de FEAFES relativa a la sustitución de los agentes por personas especialmente formadas en la atención de la salud mental, “entrenadas en habilidades de negociación y contención, que faciliten la comunicación con el paciente y, en caso de que ésta no sea posible, con su médico de referencia”. Con esta figura de apoyo, se evitaría, o al menos se disminuiría sustancialmente, “la utilización de medidas de sujeción mecánica, cuya prolongación injustificada se denuncia igualmente” en el documento.

En cuanto a la detección de las situaciones de maltrato, el informe resalta que “los servicios de urgencias de los hospitales se configuran como observatorios privilegiados para la detección de situaciones de riesgo o maltrato”. Por esta razón, la asistencia que se presta en urgencias puede permitir la apreciación de indicios o incluso de pruebas de situaciones de maltrato, ante las que es preciso dar la respuesta oportuna. El protagonismo de los profesionales sanitarios a la hora de detectar y tratar estas situaciones, evidencia, una vez más, la necesidad de formación a este respecto.

Se puede consultar el informe completo:

Las urgencias hospitalarias: derechos y garantías de los pacientes

Fuente:

Confederación Española de Agrupaciones de Familiares y Enfermos Mentales (FEAFES)

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