El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado ante la Mesa del Congreso de los Diputados, una Proposición No de Ley relativa a la implementación de un sistema de valoración de riesgo con el propósito de auxiliar al Juez en la toma de decisiones con respecto a la medidas a imponer para proteger a los menores, hijos de víctimas de violencia de género.

En su exposición de motivos, el PSOE alerta del número de menores muertos por violencia de género en los últimos años, haciéndose eco de una serie de datos alarmantes, como los que se desprenden del estudio realizado por Corbalán y Patró (2003) sobre testimonios de mujeres residentes en recursos de acogimiento, que señala cómo el 66,6% de los hijos e hijas de las encuestadas han recibido malos tratos físicos o psicológicos, o los obtenidos en la Macroencuesta de Violencia de Género, la cual indica que 7 de cada 10 mujeres víctimas afirma tener hijos menores de edad.

El grupo socialista recuerda que, desde la aprobación de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, uno de los objetivos prioritarios ha sido dar visibilidad a los hijos e hijas de las mujeres víctimas de la violencia de género como víctimas directas de la misma violencia, incluyendo medidas de protección al menor que permitan a jueces y magistrados “suspender para el inculpado por violencia de género el ejercicio de la patria potestad o de la guarda y custodia, respecto de los menores” y “ordenar la suspensión de visitas del inculpado por violencia de género”, aplicando estas medidas según su criterio.

A este respecto, “sin pretender poner en cuestión un principio tan básico de la libertad de acción de la labor judicial”, el PSOE hace referencia a los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) relativos al número medio registrado de suspensiones por régimen de visitas, patria potestad y guarda y custodia, para afirmar que hay una escasa aplicación de esta potestad en los tribunales de justicia y que, incluso en situaciones de alto o extremo riesgo violencia de género, son escasísimos los casos en que se priva a un progenitor del ejercicio de la patria potestad o se restringe el derecho de visitas”.

Por ello, la PNL recomienda la suspensión cautelar de las visitas, como instrumento asegurador de la protección de los menores cuando existan indicios fundados de peligro, y subraya la relevancia de atender a las recomendaciones que han venido formulando diferentes organismos nacionales e internacionales, de cara a reforzar el marco de protección penal de los hijos e hijas menores expuestos y testigos de violencia de género, tales como el Defensor del Menor de Andalucía, el CGPJ, el Parlamento Europeo (a través de su informe de 16 de julio de 1997) o el CEDAW (Committee on the Elimination of Discrimination against Women-Comité para la eliminación de la discriminación contra las mujeres), y que aconsejan la modificación de estas normas, resaltando la necesidad de establecer técnicas procesales que garanticen el examen individualizado, con pleno respeto al principio de contradicción y al derecho del menor a ser escuchado, y ponderando el conjunto de circunstancias concurrentes que pueden darse en materia del ejercicio de la patria potestad, de la guarda y custodia o del régimen de visitas, de cara a prevenir posibles riesgos, garantizar la seguridad y atender al interés superior de estos menores.

Todo lo anterior deja patente la importancia de que los jueces cuenten con elementos suficientes para valorar la suspensión cautelar de las comunicaciones. Por este motivo, el PSOE ha presentado esta iniciativa, a través de la cual insta al Ejecutivo a conformar en la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, un equipo de especialistas y expertos que elaboren un análisis “para la creación de indicadores específicos de los factores de riesgo que los menores tienen, en su relación con la violencia de género”, y solicita formar a los equipos psicosociales en el conocimiento de los factores de riesgo que se asocian con la violencia, en el manejo de las estrategias de gestión del riesgo y de las principales escalas que lo predicen.

Asimismo, pide que se implemente un sistema individualizado de valoración de riesgo a través de sistemas de recopilación de información “suficiente y contrastada” que permita identificar información de origen policial, penitenciario y judicial, así como sanitario y de organismos de atención social, etc., que permita detectar la peligrosidad criminal a través de elementos de valoración médico-forense, con el propósito de auxiliar al Juez ante la toma de decisiones relativas a la medidas a imponer para proteger a los menores.

La PNL ha quedado pendiente de debate en la Comisión de Igualdad. Para verla completa puede pincharse el siguiente enlace (pág. 33): http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/D/BOCG-10-D-725.PDF

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