Comunicado del Grupo de Trabajo de Psicología e Igualdad de Género

En este 25 de noviembre, manifestamos nuestro total rechazo a cualquier forma de violencia física, psicológica o sexual, ejercida contra las mujeres, a la vez que deseamos trasladar nuestra solidaridad y apoyo a las familias y personas allegadas de las víctimas de esta terrible lacra que acumula más de 800 mujeres asesinadas desde 2003.

Desde agosto de este año se reconoce por primera vez a las hijas e hijos menores de mujeres que sufren violencia de género con el estatus de víctimas, un paso importante que debe traducirse en medidas de protección con urgencia. En 2015, ocho menores fueron asesinadas y asesinados a consecuencia de la violencia machista, de los cuales están pendientes de confirmación cinco casos en investigación. Ocho víctimas a las que hay que añadir 39 nombres más de menores huérfanas y huérfanos que perdieron a su madres a manos, en muchos casos, de sus propios padres.

Reclamamos que se ponga el foco en el entorno de las mujeres que sufren violencia de género, especialmente y por su vulnerabilidad, en las hijas e hijos, para que puedan crecer lejos del abuso, del maltrato, sin ver peligrar sus propias vidas. El asesinato de hijas, hijos, hermanas, amigas, madres, otras parejas... no es simplemente un "daño colateral" no cuantificado en estadísticas: es la confirmación de que estamos delante de una forma de terrorismo machista, que busca mantener la dominación, la sumisión y el control de las mujeres; la consolidación de una desigualdad que afecta a la mitad de la población.

Las secuelas de crecer en un contexto de exposición a la violencia de género son profundas y están contrastadas: ansiedad, depresión, patologías físicas y mentales, predisposición a sufrir/ejercer violencia en la adolescencia y en la edad adulta, trastornos alimenticios, estrés postraumático, dificultades en el vínculo de apego... Es necesario que el reconocimiento legal como víctimas traiga consigo medidas concretas para que reciban una atención integral.

Demandamos un compromiso real por parte de la sociedad en su conjunto y, especialmente, de las Administraciones públicas. En lo que va de año, más de 40 mujeres han sido asesinadas en todo el Estado, cifras similares a las de otros años que revelan que no se está avanzando en esta lucha. Asesinatos o tentativas, agresiones, delitos machistas repulsivos que traspasaron a la esfera pública y que nos llevan a constatar que la lacra da violencia permanece tan vigente como cuando se implantó la Ley Integral contra la Violencia de Género en 2004.

Hace falta que ese carácter "integral", recogido en la propia legislación, sea tal. Un asesinato no es resultado de un impulso: viene precedido de un largo período de dominación, de control, de violencia psicológica y de agresiones físicas. Descargar todo el peso de la lucha contra la violencia machista en la víctima y en su denuncia es inútil, si no va acompañada por medidas de protección y de apoyo, también psicológico. Viendo la manera en que se está encaminando la lucha contra esta brutalidad, la situación precaria de los servicios que trabajan en violencia de género, desbordados, con servicios subcontratados y recursos completamente dispares según el territorio, nos conduce a concluir que los poderes públicos aún no han entendido "el contenido teórico", las raíces de la violencia de género; de ahí la ineficacia de los recursos operativos.

La superación de la violencia machista pasa, ineludiblemente, por atajar la desigualdad histórica entre hombres y mujeres. Mientras no se aborde con un compromiso real, seguiremos con medidas parciales e ineficaces que no pondrán fin a esta terrible lacra. Exigimos que se pongan en marcha políticas preventivas y de intervención psicológica en las edades más tempranas, para erradicar las desigualdades sobre las que se asienta la violencia contra las mujeres. En este sentido, señalamos la importancia de las y los profesionales de la Psicología en la prevención primaria, elaborando protocolos de detección y programas de intervención en los centros educativos y aportando pautas que contribuyan a establecer valores de igualdad y a erradicar estereotipos machistas.

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