El pasado 20 de diciembre de 2016, la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados acordó aprobar con modificaciones una Proposición no de Ley relativa a la regulación de los Equipos Psicosociales adscritos a los Juzgados de Familia, presentada por el Grupo Parlamentario Popular y publicada en el Boletín del congreso el pasado mes de octubre (www.infocoponline.es/pdf/BOLETINCONGRESO11-10-16.pdf).

Durante la sesión de debate, el PP argumentó su propuesta insistiendo en “la necesidad de regular por Ley” los Equipos Psicosociales, un imperativo justificado por los más de 600.000 casos que “pasan anualmente por los juzgados y tribunales con motivo de un proceso de familia”, y cuyas relaciones jurídicas subyacentes a este tipo de procesos se caracterizan por tener componentes emocionales y psicológicos que no se dan en otro tipo de procesos judiciales”.

El Grupo Popular subrayó las características de los procesos de familia y la trascendencia de las resoluciones judiciales asociadas a los mismos, que ponen de relieve el importante papel de los profesionales que integran los equipos psicosociales, ya reconocido desde hace más de 30 años, como muestra la Ley de divorcio de 1981 -en la cual se acordó “dotar a algunos juzgados de familia de equipos psicosociales que ayudasen a los jueces en la toma de decisiones”-, y la creación, dos años después, de 19 equipos formados por un psicólogo y un trabajador social para los juzgados especializados en familia, si bien instaurados de modo experimental y carentes de normativa reglamentaria.

Esta ausencia de regulación perdura en la actualidad, a pesar de la necesidad manifiesta de contar con estos profesionales, reflejada en algunas medidas legislativas, entre ellas, la Ley de Enjuiciamiento Civil (donde se hace referencia explícita a la labor de los especialistas y al “Equipo Técnico Judicial” en las exploraciones de menores en los procedimientos civiles).

No obstante, pese al uso de estos términos, el PP deplora que la importancia concedida a estos equipos no se corresponda con la debida regulación legislativa. Por ello, uniéndose a una demanda ya solicitada por numerosos operadores jurídicos, plantea la posibilidad de dotar a los equipos técnicos “conocidos como equipos psicosociales adscritos a los juzgados de familia”, de un marco jurídico que los regule en cuanto a su composición, funcionamiento y responsabilidad. Sin embargo, matiza que aún queda mucho camino por avanzar en esta materia y en la aclaración de algunas cuestiones, como el establecimiento de la cualificación profesional de sus integrantes (por ejemplo, precisar el tipo de cualificación con la que deben contar “los psicólogos en general, si estos deben tener la especialidad de Psicología Clínica”), garantizar una especialización funcional propia de los equipos psicosociales de los juzgados de familia, etc.

Tras un amplio e intenso debate, la Proposición No de Ley quedó finalmente aprobada con modificaciones por unanimidad, tal y como la recogemos a continuación:

“El Congreso de los Diputados manifiesta al Gobierno la necesidad de estudiar la posibilidad de dotar a los Equipos Técnicos conocidos como “equipos psicosociales” adscritos a los Juzgados de Familia, de un marco jurídico que los regule en cuanto a su composición, funciones y responsabilidad.

Asimismo, y en el marco de dicho estudio, que se acuerde analizar, y en su caso mejorar, las dotaciones de personal, infraestructuras y medios materiales necesarios para que estos Equipos Técnicos puedan llevar a efecto sus funciones”.

Para acceder a la propuesta aprobada pincha el siguiente enlace (pág. 6):

Proposición no de Ley relativa a la regulación de los Equipos Psicosociales adscritos a los Juzgados de Familia

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