Tal y como ha venido sucediendo en otras Comunidades Autónomas, el pasado mes de junio, se presentó a la mesa de las Cortes de Castilla y León una Proposición No de Ley para instar a la Junta a adoptar las medidas que se solicitan para una adecuada cobertura de los tratamientos psicológicos en el Sistema de Salud.

La propuesta, formulada a la Junta de Castilla y León por los procuradores del Grupo Parlamentario Ciudadanos, Manuel Mitadiel Martínez y David Castaño Sequeros, mantiene el espíritu del resto de iniciativas planteadas por este mismo Grupo en distintas Autonomías.

En su exposición de motivos, Ciudadanos manifiesta su inquietud “compartida y obvia para pacientes, profesionales sanitarios y gestores públicos” ante la “falta de cobertura respecto a los tratamientos psicológicos en el Sistema Nacional de Salud”. Para fundamentar esta afirmación, apela a diferentes estudios y datos que así lo indican, tales como los de la OCDE, relativos al coste económico de la enfermedad mental, cuyo cálculo se estima en un tercio de los gastos por discapacidad debidos a trastornos psicológicos, o las conclusiones del estudio titulado The mental health risks of economic crisis in Spain: evidence from primary care centres (Los riesgos para la salud mental de la crisis económica en España: evidencia desde los servicios de Atención Primaria), que pone de manifiesto el incremento considerable de los pacientes que acudieron a consulta por trastornos del estado de ánimo y de ansiedad, registrándose una prevalencia aproximada del 20% y 9% respectivamente (Gili, M., Roca, M., Basu, S., McKee, M., & Stuckler, D., 2012).

Asimismo, el texto de la PNL evoca al XIII Desayuno de Infocop, celebrado en noviembre de 2015 bajo el lema La Mejora de la Salud Mental en España, donde representantes de partidos políticos y de las principales asociaciones de Psicología Clínica de nuestro país, analizaron la situación sobre la atención a la salud mental dentro del SNS, destacando, entre las principales problemáticas actuales, las deficiencias derivadas de una mala gestión (tiempo limitado por consulta, aumento de la demanda…), la tendencia a la sobremedicalización de los trastornos mentales o la imposibilidad de aplicar el modelo biopsicosocial a la práctica clínica.

En la misma línea argumental, Ciudadanos alude a otras entidades de ámbito internacional que también claman por la mejora del tratamiento psicológico, entre ellas la London School of Economics and Political Science (LSE), cuyo informe How mental illness losses out in the NHS (Cómo la salud mental pierde posiciones en el SNS), publicado en 2012, calificaba de "discriminación escandalosa" la escasez de tratamientos psicológicos que se ofrecían a las personas con problemas de salud mental en el sistema sanitario público británico, una situación que, a juicio del Grupo Parlamentario Ciudadanos, es en buena medida, “extrapolable a la Comunidad de Castilla y León”.

Específicamente, dicho informe concluía que “la ausencia de tratamiento psicológico para las personas con problemas de salud mental es el caso más evidente de desigualdad en el sistema sanitario”, siendo una forma grave de discriminación el no ofrecer este tipo de tratamientos de acuerdo a su demanda, dado que “si bien existen tratamientos psicológicos eficaces, las personas afectadas no pueden acceder a este tipo de recursos por no estar suficientemente disponibles en la cartera de servicios del sistema nacional de salud”. Asimismo, indicaba que las terapias psicológicas, como la cognitivo-conductual, permitirían un alivio rápido de los síntomas de depresión o ansiedad, en más del 40% de los casos; de modo que, facilitar la disponibilidad estos programas psicológicos, "le supondría un coste mínimo o nulo al sistema sanitario".

A este respecto, el Grupo Ciudadanos alerta de la carencia existente de profesionales especializados, que da lugar a “tratamientos de los trastornos mentales basados en buena medida en el uso exclusivo de psicofármacos, a largas listas de espera para el tratamiento psicológico y a sesiones de tratamiento cortas, muy espaciadas y sin la cadencia recomendable”.

Por ello, destaca la necesidad de resolver la situación de falta de equidad en el acceso a la asistencia psicológica y emprender medidas para incrementar la cobertura y accesibilidad de los tratamientos psicológicos, recordando que “la salud mental y la atención adecuada a los aspectos psicológicos de la enfermedad son derechos de los ciudadanos de Castilla y León”.

A modo de solución, pone como ejemplo la estrategia de actuación implementada con éxito en el Reino Unido bajo el nombre Improving Access to Psychological Therapies (Programa de Mejora del Acceso a las Terapias Psicológicas), -mediante la cual se ha ido incorporado una gran profusión de psicólogos en los servicios de Atención Primaria, ofreciendo tratamiento psicológico basado en la evidencia y cubriendo así la demanda asistencial que requieren los problemas de ansiedad y depresión-, así como el Proyecto PsiCAP, una experiencia piloto de intervención psicológica en AP a pacientes con desórdenes emocionales, coordinada por Psicofundación (entidad científica vinculada al Consejo General de la Psicología), cuyos resultados preliminares evidencian el impacto favorable que las terapias psicológicas tienen en el manejo de la ansiedad y la depresión, en la práctica clínica cotidiana de los servicios de Atención Primaria.

De acuerdo con todo lo anterior, Ciudadanos formula esta Proposición No de ley, a través de la cual plantea diversas medidas orientadas a reforzar la presencia, en diferentes dispositivos asistenciales del SACYL, de psicólogos clínicos (de acuerdo con lo previsto en la disposición adicional 7.ª de la Ley 33/2011 General de Salud Pública), y que quedan materializadas como sigue a continuación:

“Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a:

1. Elaborar un censo actualizado de los Psicólogos que trabajan en centros sanitarios dependientes del SACYL.

2. Incorporar en un futuro Plan Estratégico de Salud Mental de la Comunidad de Castilla y León el análisis de las necesidades de Psicólogos Clínicos, para aproximar la ratio por 100.000 habitantes a la media europea, satisfacer las necesidades reales de la población y garantizar que las personas con trastornos mentales reciban un tratamiento psicológico eficaz basado en la evidencia científica disponible.

3. Aumentar las plantillas de Facultativos Especialistas de Área de Psicología Clínica en los dispositivos de Salud Mental sanitarios y sociales, de acuerdo con el análisis previo, a lo largo de la legislatura.

4. Ampliar las plantillas de F. E. A. de Psicología Clínica en aquellos servicios y unidades donde las intervenciones psicológicas han demostrado su eficacia y eficiencia (oncología infantil y de adultos, hematología oncológica, neurología, cardiología, geriatría, unidad del dolor, entre otros).

5. Dotar progresivamente de Psicólogos Clínicos los centros de Atención Primaria, haciendo posible la detección temprana de los trastornos mentales, la atención a los trastornos emocionales, como ansiedad y depresión, y la progresiva incorporación de los programas de intervención psicológica para colectivos de enfermos especialmente vulnerables.

6. Aumentar gradualmente la oferta docente de especialistas en Psicología Clínica, garantizando que en la Comunidad de Castilla y León el número de plazas PIR, ofertadas a cada convocatoria, se iguale al número de plazas acreditadas.

7. Incorporar estas previsiones en la elaboración del proyecto de presupuestos de la Comunidad de Castilla y León para 2017”.

Por otro lado, ratificando la necesidad planteada en la propuesta anterior, el pasado mes de diciembre, el Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León presentó también una moción relativa a política general en materia de salud mental (consecuencia de una Interpelación formulada por dicho Grupo Parlamentario, sustanciada en Sesión Plenaria de 13 de diciembre de 2016).

En su texto, Podemos hace referencia a la definición sobre salud mental que hace la OMS en pro del “bienestar de las personas con problemas de salud mental, así como su capacidad de autonomía y las mejoras que se puedan brindar a su calidad de vida”, para realizar, posteriormente, una recapitulación de los diferentes modelos de atención: desde el imperante en la Ley 14/1986 de 25 de abril, General de Sanidad, planteado desde una perspectiva “únicamente sanitaria y estrechamente ligada a lo farmacológico”, hasta el cambio progresivo a un enfoque de participación y empoderamiento que pone de relieve las necesidades sociales de las personas con enfermedad mental, y que se asienta a nivel normativo a través de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud. En Castilla y León, específicamente, el avance normativo de “mayor calado” se da con el Acuerdo 58/2003, de 24 de abril, de la Junta de Castilla y León, por el que se aprueba, bajo el prisma de la atención integral, la estrategia regional de salud mental y asistencia psiquiátrica de Castilla y León, si bien el Grupo Podemos se lamenta de la falta de actualización de dicha normativa, tal y como sucede con el II Plan de Atención Sociosanitaria, impulsado también en ese mismo año.

En relación con lo anterior, advierte del recién aprobado IV Plan de Salud Mental, y el escaso análisis que realiza de las necesidades de las personas con problemas de salud mental, más aún, considerando que la evaluación del Plan anterior revelaba el cumplimiento de tan sólo la mitad de los objetivos establecidos en esta materia.

Por todo lo expuesto, Podemos formula la siguiente propuesta de resolución, por la que las Cortes de Castilla y León instan a la Junta a:

“1) Proceder a un análisis previo de la situación de implantación de recursos en el territorio, incidencia de casos, diferenciación de enfermedades y trastornos; desagregado entre mundo urbano y rural y por provincias en materia de salud mental.

2) Analizar las conclusiones del III Plan de Salud respecto a los objetivos no conseguidos para aplicar alternativas en el IV Plan de Salud.

3) Renovar la Estrategia Regional de Salud Mental y Asistencia Psiquiátrica y acometer el III Plan de Asistencia Sociosanitaria en base a los resultados del análisis previo y con la colaboración de profesionales, asociaciones de personas con enfermedades mentales y familiares.

4) Implantar los Equipos de Salud Mental, entendidos como un modelo sociosanitario en un equipo multidisciplinar en todas las Áreas de Salud de Castilla y León con recursos humanos y materiales suficientes en relación a las ratios adecuadas en consonancia con nuestra realidad demográfica.

5) Dotar a estos Equipos de un número suficiente de personal de Psicología Clínica y enfermería especialmente.

6) Dotar a la Atención Primaria de personal de Psicología Clínica y Psiquiatría con el fin de desbloquear la carga de trabajo en médicos de Atención Primaria y las listas de espera de estas especialidades.

7) Realizar un Programa de Gestión de Casos específico para las personas con enfermedad mental con el fin de evitar mezclar las situaciones de exclusión social.

8) Establecer nuevos programas desde la Consejería de Sanidad de concienciación y divulgación sobre las enfermedades mentales participado con las asociaciones de salud mental con el fin de eliminar los prejuicios y la estigmatización de estas enfermedades.

9) Cubrir integralmente el número de plazas residenciales sociosanitarias necesarias para personas con enfermedad mental en todas las provincias de CyL con carácter público.

10) Disponer de otras prestaciones sociosanitarias más allá de las residenciales; centros de día específicos para personas con enfermedad mental, centros de terapias o similares.

11) Agregar la figura de asistente personal a las prestaciones para personas con enfermedad mental.

12) Implementar programas de habilitación psicosocial coordinadas entre la Consejería de Sanidad y la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades.

13) Disponer de un sistema de control y evaluación anual de los recursos humanos y materiales, las medidas llevadas a cabo y la consecución de objetivos a lograr.

14) Integrar la perspectiva de género en todo el proceso: desde el análisis previo hasta la evaluación final para conocer y atender el sesgo de género en esta materia.

15) Implementar un programa de seguimiento de visitas domiciliarias para personas solas con enfermedad mental que asegure el tratamiento sanitario y la solución a sus necesidades sociales.

16) Dotar de un presupuesto específico las prestaciones dirigidas a personas con enfermedad mental.

17) Instar al Gobierno de España a aumentar las plazas PIR para dotar de psicología clínica suficiente los centros sanitarios de Castilla y León.

Ambas iniciativas han sido admitidas a trámite y están pendientes de debate y votación ante la Comisión de Sanidad de las Cortes de Castilla y León.

Los textos pertenecientes a cada una de ellas se encuentran disponibles a través de los siguientes enlaces:

PNL para instar a la Junta a adoptar las medidas que se solicitan para una adecuada cobertura de los tratamientos psicológicos en el Sistema de Salud, para su tramitación ante la Comisión de Sanidad

Moción presentada por el Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León, relativa a política general en materia de salud mental, consecuencia de la Interpelación formulada por dicho Grupo Parlamentario, sustanciada en la Sesión Plenaria de 13 de diciembre de 2016

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