El pasado martes, 25 de abril, el Consejo General de la Psicología compareció ante la Subcomisión para un Pacto de Estado en materia de Violencia de Género, de la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados, para hablar sobre la problemática de la violencia de Género y la importancia de erradicarla.

Por parte del COP, asistió su vicepresidente primero, Fernando Chacón, junto con Olga María Barroso Braojos, psicóloga del Punto de Atención a Víctimas de Violencia de Género y Asesora Experta en Atención a la Violencia de Género. Fernando Chacón agradeció a la Comisión la oportunidad de asistir a la comparecencia, y el poder exponer las aportaciones del COP en aras de eliminar este grave problema social, dando voz así “a todas las psicólogas y psicólogos que día a día trabajan por el bienestar y la salud de la ciudadanía en sus diferentes ámbitos de intervención, y, en concreto, con las víctimas de violencia de género”.

En la misma línea, recordó el rol fundamental que juega la Psicología en este ámbito, puesto de relieve en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, en cuyo artículo 19 se incluye la atención psicológica dentro de la asistencia social integral a la que tienen derecho las mujeres que sufren este tipo de violencia.

Durante su intervención, el vicepresidente del COP expuso las numerosas iniciativas que desde la Organización Colegial y los Colegios que la constituyen, se han puesto en marcha para analizar el problema, formar y sensibilizar a los profesionales y a la sociedad en su conjunto, difundir buenas prácticas en caso de violencia de género, y diseñar e implementar programas para la mejora del bienestar psicológico de las mujeres, niños y niñas víctimas de violencia de género, así como el tratamiento psicológico y la rehabilitación de los agresores.

Entre las diferentes acciones del COP, destacó las siguientes: la celebración anual de las Jornadas estatales contra la Violencia de Género (como punto de encuentro, debate y reflexión de los profesionales de la Psicología que actúan en este campo), la promoción y difusión de estudios e investigaciones en Revistas específicas, la elaboración de Guías de Buenas Prácticas (en materia de evaluación psicológica forense, en la redacción de informes psicológicos periciales, en el trabajo con víctimas, etc.), la Formación especializada a profesionales de la Psicología, en los distintos aspectos que inciden en la violencia de género (desde la comprensión del fenómeno, al conocimiento de los síntomas y secuelas y las bases conceptuales de las intervenciones), y el establecimiento de programas de Atención Psicológica y acompañamiento a víctimas y familiares (materializados en más de 15 convenios de colaboración entre los Colegios de Psicólogos territoriales y las Administraciones Públicas y dispositivos de intervención, atención y/o acompañamiento psicológico con víctimas y con maltratadores).

En relación con esta última iniciativa, Fernando Chacón puntualizó que, si bien existen servicios para la atención y/o intervención con mujeres, no hay una implantación de programas de intervención con menores víctimas de violencia, dispositivos de atención psicológica a agresores y, en mucha menor medida, servicios especializados para la intervención psicológica con adolescentes víctimas de violencia de género”.

Precisamente, una de las medidas propuestas por la Organización Colegial es asegurar que las intervenciones psicológicas con víctimas y agresores sean realizadas por psicólogos y psicólogas, un hecho que, a día de hoy es imposible de garantizar dado que, según la trasposición de la Directiva de Servicios, la administración no puede exigir una titulación no regulada para ocupar un puesto público o conveniado.

A este respecto, lamentó la irregular situación en la que se encuentra actualmente la Titulación de Grado en Psicología, cuya regulación, según lo estipulado y previsto por la Ley General de Salud Pública de 2011, debería haberse realizado a finales del año 2012, y que está conllevando que, en la actualidad, la atención psicológica a las víctimas pueda ser ofrecida por profesionales sin la suficiente cualificación.

El vicepresidente del COP expuso a continuación una serie de datos extraídos de la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer (MSSSI, 2015) –tales como, el alto porcentaje de víctimas que solicitan ayuda al psicólogo en primer lugar (antes que al médico, centro de salud y otra atención sanitaria), o el mayor impacto de la Violencia de Género sobre la salud mental-, para reflexionar acerca de la enorme diversidad existente entre las Comunidades Autónomas, en cuanto a la prestación de atención psicológica a las víctimas. Teniendo en cuenta las importantes variaciones con respecto a los recursos destinados, la continuidad e intensidad de la intervención o los protocolos, sugirió la posibilidad de aprobar “un catálogo de prestaciones básicas que marcase unos mínimos a cubrir por todas”.

La última sugerencia planteada en su exposición, no menos importante que las anteriores, fue el impulso al apoyo presupuestario para las medidas incluidas en la Ley Integral 1/2004, más todas aquellas que pudieran surgir de los trabajos de la Subcomisión. A modo de ejemplo, recordó que la limitación presupuestaria ha venido siendo una de las razones esgrimidas por el Gobierno para rechazar que los psicólogos y psicólogas realizaran guardias en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, pese a contradecir las recomendaciones y valoraciones de expertos en la materia.

Tras estas consideraciones generales, que hacen necesaria la creación de un Pacto de Estado en materia de Violencia de Género, Fernando Chacón continuó su intervención exponiendo diversas medidas basadas en la evidencia científica, orientadas a eliminar esta grave lacra, y que resumimos a continuación:

Prevención

A la luz de los datos actuales, que ponen de relieve, entre otras cosas, la falta de conciencia del maltrato, el incremento en las conductas machistas y la alta prevalencia de violencia entre los más jóvenes, así como un ingente aumento de los casos de asesinato de mujeres por este tipo de violencia, el vicepresidente del COP cuestionó la pertinencia de los programas de prevención y su falta de evidencia científica, proponiendo como posible solución, la creación de un Centro Técnico de referencia a nivel estatal, que liderase las investigaciones, evaluaciones y desarrollos técnicos necesarios, facilitando así modelos, recursos y estrategias para la prevención de las actitudes sexistas a las CCAA, Centros Educativos, o instituciones, y encargándose de la formación de los equipos especializados en la aplicación de los mencionados programas.

Protección

En este punto, consideró la importancia de mejorar los procedimientos de valoración del riesgo de violencia. Para ello, analizó los instrumentos utilizados en la actualidad: el Sistema de Seguimiento Integral de los Casos de Violencia de Género (Sistema VioGén), del Ministerio del Interior, y el Protocolo Médico-Forense de Valoración del Riesgo de Violencia de Género.

En relación con este último, expresó una de las grandes preocupaciones del COP: el hecho de que este instrumento sea aplicado por médicos forenses, a pesar de estar muy alejado de su formación, ya que se trata de un instrumento psicológico basado en la Escala de Predicción del Riesgo de Violencia contra la Pareja.

Para solventar esta discordancia, la Organización Colegial propuso al Ministerio ampliar su aplicación a los psicólogos forenses de los juzgados especializados en violencia de género (eliminando la palabra “médico” del nombre); sin embargo, hasta la fecha, el único argumento recibido al respecto es el hecho de que los médicos tienen guardias y los psicólogos no. Ante esto, Chacón resaltó la trascendencia de solicitar una dotación adecuada de profesionales, así como la plena implantación de las Unidades Forenses de Valoración Integral, incluyendo a los/as psicólogos/as en las guardias y abogando tanto por una valoración psicológica basada en un juicio clínico estructurado, como por la imprescindible formación especializada de los psicólogos y psicólogas forenses que actúan en este tipo de situaciones.

Atención directa a víctimas

Citando nuevamente la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer 2015, el vicepresidente del COP puso el foco en el relevante papel del apoyo psicológico, seleccionado como prioritario por los encuestados en un 69,95% de los casos.

A este respecto, insistió en reforzar los recursos y servicios de Atención Primaria, evocando una de las mayores demandas del COP, esto es: la necesidad imperiosa de aumentar la presencia de estos profesionales en los Servicios de Salud Mental y las plazas PIR, principalmente, la inserción del Psicólogo Clínico en los Servicios del Primer Nivel Asistencial del Sistema de Salud.

Asimismo, señaló la relevancia de fomentar la coordinación entre los servicios sociales y Atención Primaria, creando desde servicios sociales grupos de intervención para mujeres y hombres con riesgo de maltrato, así como sus familias, e incorporando “verdaderos equipos multidisciplinares” en los programas de familia de los centros de servicios sociales, con la inclusión de psicólogos/as especializados en la materia.

De forma más específica, y tal y como ya alertó la Organización Colegial en su momento, la redacción de algunas leyes recientes, como la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito, no son lo suficientemente explícitas en cuanto a las intervenciones psicológicas en niños y niñas víctimas de violencia contra la pareja, indicando en su normativa que estos menores deben ser valorados por expertos, pero sin definir el tipo de formación que deben tener éstos, por lo que “el texto queda vacío de contenido y, de hecho, pueden ser evaluados por cualquier recién graduado”. Frente a la negativa del Ministerio de Economía a regular esta situación, Fernando Chacón recordó, en nombre del COP, que la atención integral a las víctimas no puede depender de criterios economicistas.

Igualmente, aprovechó para resaltar las graves consecuencias que suponen en la actualidad los escasos protocolos de coordinación y las pocas experiencias de trabajo compartido e integrado para el abordaje de la violencia, “al menos en algunos territorios”, y que se traducen en una victimización secundaria o “revictimización” de las mujeres, que son derivadas de servicio en servicio, contando y reviviendo su experiencia de violencia, y realizando trámites administrativos reiterados y poco explicados.

Intervención con agresores

En el último punto abordado en la intervención, el vicepresidente del COP puso de relieve la necesidad de profundizar en la adaptación de los Programas a los distintos tipos de maltratadores, atendiendo a los diversos estudios que evidencian la eficacia de trabajar sobre aspectos emocionales -tales como la autoestima, la regulación emocional, asertividad o empatía-, sobre la reducción de las conductas de maltrato.

Sin embargo, lamentó que la inmensa mayoría de los programas y servicios dirigidos a maltratadores dentro de las instituciones penitenciarias, suelen estar prestados por organizaciones ajenas a la institución, y llevados a cabo por voluntarios/as, en muchos casos, no cualificados, y/o por estudiantes en prácticas sin la debida supervisión.

Esta situación, manifestó, “resulta inadecuada y arriesgada, y es ineficiente”, ya que presenta una alta rotación de los “técnicos” y está sometida a los ajustes presupuestarios y las fuentes de subvenciones. Ante esto, proclamó la necesidad de contar con programas estables, desarrollados por profesionales con la debida formación de base y especializada, insistiendo nuevamente en la aptitud de los psicólogos y psicólogas, para realizar las intervenciones psicológicas.

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