El uso excesivo de la reclusión, la coacción, la medicación forzada, la pérdida de derechos y la hospitalización involuntaria, son sólo algunas de las prácticas más extendidas en Europa que vulneran los derechos más básicos de los pacientes con trastorno mental. Así lo establece el informe "Mapping and Understanding Exclusion in Europe" (Cartografiando y comprendiendo la exclusión en Europa), que evalúa la situación de los servicios de salud mental en más de 35 países europeos (como se mencionó aquí), y cuyas conclusiones se extraen con motivo de la celebración del Día Internacional de los Derechos Humanos el 10 de diciembre.

En dicho informe, los expertos realizan un llamamiento para que los Estados miembro garanticen la protección de los derechos humanos en las personas con trastorno mental en Europa, a la luz de las carencias observadas.

Fuente: www.pexels.com Artista:
RODNAE Productions Fecha descarga: 11/11/2020

Específicamente, las recomendaciones establecidas en el informe son las siguientes:

  • Los Estados que aún no lo hayan hecho deberían adoptar estrategias holísticas de desinstitucionalización teniendo en cuenta a las organizaciones de pacientes, así como a otras partes pertinentes que estén en consonancia con el cumplimiento de la normativa de derechos humanos, implicando a todos los sectores (sanitario, social, laboral) y contando con el respaldo de una inversión adecuada para garantizar la sostenibilidad de la transición a servicios y apoyos de salud mental basados en la comunidad y orientados hacia la recuperación.
  • Para reducir la coacción en los servicios de salud mental, los Estados europeos deberían:
    • Adoptar políticas que persigan reducir inmediatamente la coacción en los servicios de salud mental y, en última instancia, eliminar tales prácticas en línea con la legislación sobre derechos humanos. Las políticas y la práctica también deberían centrarse en: proporcionar información a las personas y sus familias sobre sus derechos y su salud; mejorar la comunicación entre los equipos comunitarios y hospitalarios; utilizar procedimientos alternativos a la contención física; establecer  unidades móviles ambulatorias; y proporcionar capacitación en derechos humanos para los usuarios y el personal con especial atención a la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD de las Naciones Unidas) y el consentimiento informado.
    • Apoyar el empoderamiento de (ex)usuarios de servicios de salud mental y personas con discapacidades psicosociales y sus organizaciones representativas y garantizar que conozcan sus derechos y puedan participar en todas las decisiones relativas a sus vidas, de conformidad con la normativa europea.
    • Avanzar hacia sistemas de apoyo, en vez de sustitutivos, en los procesos de toma de decisiones de los pacientes, en línea con el Artículo 12 de la CDPD de la ONU, incluyendo la modificación de la legislación sobre capacidad y salud mental, así como la creación de servicios de apoyo y la ampliación de las prácticas prometedoras en este campo.
    • Documentar adecuadamente e informar de cualquier incidencia del uso de coacción, tratamiento involuntario, restricción y reclusión, así como de los motivos de su uso y hacer pública dicha información.
  • En línea con el Artículo 31 de la CDPD de la ONU, los Estados deben documentar las coacciones infringidas por parte de las instituciones, llevando a cabo un registro estadístico de dichas infracciones y poniéndolas en conocimiento del público.
  • De conformidad con el artículo 8 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad (CDPD), los Estados deberían invertir en programas de lucha contra el estigma a nivel poblacional que estén basados en la evidencia. Las campañas de promoción y la sensibilización, tanto a nivel nacional como a nivel local, siempre deben ser una parte integral de las reformas de salud mental y la implementación de las estrategias de desinstitucionalización.
  • Los Estados deberían introducir partidas presupuestarias para apoyar la desinstitucionalización y la promoción de la vida independiente y comunitaria de las personas con trastorno mental o con discapacidad derivada de un problema psicosocial de manera equiparable al de otras discapacidades.
  • Los estados deben supervisar mejor los programas de desinstitucionalización y recopilar datos para garantizar que las personas con problemas de salud mental se benefician de las reformas y que las alternativas creadas a través de estos programas realmente respaldan la vida independiente y comunitaria, en línea con el Artículo 19 de la CDPD de la ONU.
  • La Unión Europea (UE) debería garantizar la continuación del apoyo vital para la transición de los servicios institucionales a los basados ​​en la comunidad en el marco financiero plurianual posterior a 2020.
  • Los esfuerzos a nivel de la UE deberían complementarse con el intercambio de información y experiencias entre los países en el campo de la salud mental, incluido el seguimiento de la Acción común sobre salud mental y bienestar y la hoja de ruta de la UE en materia de salud mental y bienestar.
  • La UE debería proporcionar fondos para la investigación sobre alternativas a la coacción, para la implementación de prácticas prometedoras en el apoyo en la toma de decisiones de los pacientes, así como para el empoderamiento de los usuarios de los servicios y las personas con discapacidad psicosocial.

De esta manera, los datos de este estudio se suman a las conclusiones establecidas por el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes tras su visita a España (ver más información aquí) y subrayan la necesidad de adoptar un cambio en los modelos de atención a la salud mental y a las personas institucionalizadas, tal y como lo solicitó hace unos meses el Relator Especial de la ONU en su informe (para más información ver El mundo necesita una revolución en la atención a la salud mental). Todos estos documentos vienen a confirmar que la protección de los derechos humanos de las personas con problemas de salud mental debería ser un asunto prioritario y de gran preocupación para los gobiernos europeos.

Las personas interesadas pueden acceder al documento a través del siguiente enlace:

Mapping and Understanding Exclusion in Europe