Es claro reflejo de la importancia de la labor de asesoramiento de la Psicología Forense a Tribunales y Fiscalías, el trabajo que en la actualidad desempeñan con un alto grado de especialización en materia de familia, discapacidad, menores, violencia sobre la mujer y asistencia a víctimas, tanto en las clínicas médico-forenses, como en los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria, Juzgados de Familia, Tribunales Superiores de Justicia, Audiencias Provinciales y en la Audiencia Nacional.

Con esta introducción, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta una Proposición No de Ley a la Mesa de la Asamblea de Madrid, relativa al rol fundamental que desempeñan los psicólogos forenses que prestan sus servicios a la Administración de Justicia y sus condiciones de acceso para el empleo público.

Tal y como afirma Ciudadanos, la Psicología en su vertiente de praxis forense, está consolidada “como una verdadera especialidad, absolutamente necesaria e imprescindible, dado que, a su juicio, garantiza en aquellas materias propias de su disciplina profesional, el correcto funcionamiento de la Administración de Justicia.

A lo largo de su texto, analiza la situación de acceso laboral de los psicólogos forenses, señalando que, desde la entrada en vigor del Real Decreto 1429/2002, de 27 de diciembre, la relación de servicios profesionales y retribuidos por cuenta de la Administración a estos profesionales, se realiza empleando la figura del personal laboral y de la contratación temporal, “a pesar de que con carácter general, los puestos de trabajo de la Administración se atribuyen a los funcionarios (principio de reserva general), y la excepción, al personal laboral (principio de limitación de los puestos de trabajo en régimen general)”.

Esta circunstancia, según Ciudadanos, provoca la “desprofesionalización” del empleado público y sentimientos de inseguridad jurídica del personal laboral que no puede consolidar la fijeza en plantilla con adscripción definitiva del puesto de trabajo, ocasionando que se puedan dar situaciones de privatización de los servicios públicos mediante la externalización de los servicios, por lo que el Grupo Parlamentario considera necesario modificar el régimen de acceso al empleo público de la Comunidad de Madrid, para que los psicólogos forenses que presten sus servicios para la Administración no lo sigan realizando como personal laboral, sino como personal funcionario, o como trabajadores fijos en plantilla, con adscripción definitiva al puesto.

Asimismo, manifestando que actualmente no se exige ningún requisito de formación o experiencia especializada en los procesos de provisión de vacantes, selección y contratación de psicólogos forenses, subraya la importancia de que en dichos procesos, tanto para la adscripción a las unidades de valoración de los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses como para los Equipos Técnicos, queden garantizados suficientemente los requisitos de formación específica, experiencia y especialidad en las diferentes áreas de actuación profesional.

Por todo lo anterior, plantea su Proposición No de Ley, a través de la cual la Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad a:

“1. Modificar el régimen de acceso al empleo público para los psicólogos forenses que presten sus servicios a la Administración de Justicia, estableciendo un procedimiento reglado que garantice su selección especializada y su carrera, sobre la base de los criterios de igualdad, publicidad, mérito y capacidad, para establecer un justo equilibrio entre sus derechos y responsabilidades como empleados públicos.

2. Modificar los procesos de provisión interna de vacantes, de selección de personal laboral permanente de nuevo ingreso, así como de contratación mediante Oferta de Empleo Público de psicólogos forenses, de manera que se garantice suficientemente una asistencia realmente especializada a las víctimas de violencia de género y doméstica, menores, familia, personas con discapacidad y, en general, a todos los ciudadanos.

3. Prever los instrumentos legales que faculten a la Administración de Justicia de la Comunidad de Madrid, para la planificación y ordenación de sus efectivos y la utilización eficiente de los mismos, garantizando una retribución acorde a la responsabilidad, importancia y complejidad del trabajo que desempeñan los psicólogos forenses al servicio de la Administración de Justicia."

La Propuesta, que ha quedado pendiente de debate, se encuentra disponible en la página Web del Boletín Oficial de la Asamblea, o bien directamente a través del siguiente enlace:

PNL presentada por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos

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