Se acaba el verano, y se reinicia en septiembre no solo la vida laboral, sino también la política y la escolar, que se ralentizó con el descanso estival. Decenas de miles de estudiantes comenzarán su formación universitaria y, entre ellos, miles de futuros graduados en Psicología, que empezarán o continuarán sus estudios de Psicología con el deseo de obtener un título de Grado que les habilite para ejercer la profesión. Una profesión de servicio público que interviene en ámbitos muy importantes que afectan a la salud y la seguridad de la población, y que merece una protección y regulación que, en estos momentos, no tiene.

Lo curioso del caso es que todos los partidos políticos votaron por unanimidad la Disposición Adicional Séptima de la Ley General de Salud Pública del año 2011, en la que se indica claramente, sin género de duda, que es necesario regular el Grado de Psicología, al menos para garantizar el acceso al máster de Psicología General Sanitaria. Y, además, se añade que dicha regulación debe realizarla el Gobierno en un plazo de dos años, que están más que cumplidos. Pero el Gobierno ha hecho caso omiso de la Ley. Desde luego no es el ejemplo el medio por el que el Gobierno hace cumplir las leyes. Eso está claro y lo lamento. ¿Cómo puede el Gobierno tener capital moral para hacer cumplir las leyes si es el primero en incumplirlas?

De todas formas, aunque se consiga esta regulación, si esta finalmente afectara únicamente al ámbito de salud, el COP la consideraría claramente insuficiente. El Gobierno debe definir los contenidos del Grado de Psicología que da acceso al Máster de Psicología General Sanitaria. Ambos títulos abren la puerta a la profesión de Psicólogo General Sanitario, que permite el ejercicio de la profesión de psicólogo en el ámbito sanitario. Sin embargo, cada vez somos más conscientes de que hay otros ámbitos administrativamente distintos a los sanitarios, en los que la intervención psicológica debe estar regulada, por afectar a materias sensibles que exigen la supervisión y la protección públicas. Me refiero a aquellos ámbitos en los que está en juego la protección a la infancia, la salud o la seguridad públicas dentro de instituciones como son la justicia, los servicios sociales o la educación.

Desde hace años vemos con preocupación creciente la picaresca por la que otras profesiones pretenden adueñarse de la intervención psicológica profesional, negando o cambiando a conveniencia la forma en la que se denomina a esa intervención para sustraerla a los titulados en Psicología. Proliferan “coaches”, mediadores, facilitadores, coordinadores, orientadores, y otras muchas denominaciones a los que se les encomienda, de manera sorprendente, entre sus funciones, la atención de las necesidades psicológicas de personas en situaciones de vulnerabilidad. En esta categoría se incluyen tanto los menores como los adultos que están en situaciones de crisis, sea por razones sociales, interpersonales o, incluso, psicopatológicas. Esta es una realidad inaceptable que causa un enorme perjuicio a las personas afectadas y a la sociedad. El Estado debería garantizar que la asistencia psicológica estuviera regulada, de forma que esas personas vulnerables recibieran la mejor atención posible, de acuerdo con el nivel de la ciencia y la técnica actuales. Para conseguir ese objetivo es ineludible que esos profesionales estén debidamente formados, y sólo los Graduados en Psicología cuentan con el currículo académico necesario para abordar los problemas psicológicos con garantías científico-técnicas.

Resulta evidente que una regulación de la intervención psicológica en estos ámbitos es necesaria y que resulta inexcusable contar con el Grado de Psicología en esta regulación, ya que aporta la base de conocimientos necesaria sobre la que se apoya una intervención profesional responsable y acorde con los más altos estándares científicos, técnicos y éticos.

De forma inmediata, el COP le pide al Gobierno que regule el Grado de Psicología tal y como marca la Ley, para después proceder, también de forma inmediata, al cambio de la normativa de acceso a la formación PIR. Una vez que esté regulado el Grado, es el momento de ordenar el conjunto de la profesión en el ámbito sanitario. En todo caso, el acceso a la formación PIR no puede seguir haciéndose desde un Grado del ámbito de la Psicología, como dice actualmente la norma, sino que debería tener como primer eslabón el Grado de Psicología tal y como se regule para el acceso al Máster de Psicología General Sanitaria.

Luego, habría que ver también cómo podría extenderse la regulación del Grado para cubrir los ámbitos de la intervención psicológica que se han mencionado previamente. La picaresca actual debe acabar, y una sociedad avanzada como la nuestra debería garantizar la atención psicológica que reciben las personas más vulnerables.

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