El Consejo General de la Psicología de España quiere mostrar su apoyo al Anteproyecto de Ley de Orgánica de Protección Integral frente a la Violencia contra la Infancia, que facilitará la sensibilización, la prevención, la asistencia y la protección a los menores sobre cualquier forma de maltrato.

Además, es fundamental que esta norma refuerce la atención a las familias dotándolas de herramientas de parentalidad positiva y de empoderamiento de los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho.

Queremos destacar la atención que esta Ley plantea prestar a los colectivos que se encuentran en una especial situación de vulnerabilidad (menores con discapacidad, víctimas de trata, abusos sexuales, LGBT,…), incluyendo una mejor visualización de esta problemática.

Desde el Consejo General de la Psicología de España se han remitido al Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, dos propuestas que permitirán mejorar los objetivos que se han marcado en este Anteproyecto.

La primera se refiere a la regulación de los profesionales que trabajan con menores, ya que se trataría de una ley con un enfoque integral y multidisciplinar, abarcando tanto aspectos preventivos (sensibilización, formación…), como de protección (detección y asistencia), así como de reintegración de derechos vulnerados y recuperación de la víctima. En esta propuesta, que ha sido consensuada con el Consejo General de Colegios de Educadoras y Educadores  Sociales, se pone de manifiesto la necesidad de determinar los profesionales que deben formar los equipos de intervención social, sus funciones, responsabilidades y áreas de intervención, con el fin de facilitar estrategias comunes y el trabajo en red en la organización de dichos servicios previstos en esta ley, máxime cuando los profesionales pueden estar ubicados en diferentes ámbitos (judicial, educativo, servicios sociales, etc.).

La segunda tiene carácter procesal en el sentido de que los menores que sufren abuso sexual sólo sean sometidos a una única prueba testifical con carácter anticipado, dónde los menores estén apoyados por psicólogos, tanto para ayudarles a nivel emocional en la declaración, como para poder facilitar -con las herramientas propias de nuestra profesión- su declaración. La celebración de la prueba preconstituida en el proceso penal se configuraría como una forma de suavizar el proceso judicial por el que tienen que pasar los menores víctimas de abusos sexuales. Y sus beneficios no se limitarían a evitar la victimización secundaria, sino también a proporcionar una mejora de la calidad del testimonio obtenido.