CONCLUSIONES Y PROPUESTAS DE ACTUACIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE AUTONOMÍA PERSONAL Y DEPENDENCIA EN RELACIÓN CON EL “ANTEPROYECTO DE LEY DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA”

El Grupo de Trabajo, compuesto por profesionales de la Psicología expertos en estas materias y procedentes tanto del mundo académico como profesional, persigue el asesoramiento del Consejo para facilitarle la participación activa en la gestión del consenso general que exige la elaboración de la citada Ley en un momento trascendental para la profundización del Estado del Bienestar en nuestro país, desde el convencimiento de que su aprobación lleva implícita la creación y el desarrollo de un nuevo sistema de protección a las personas en situación de dependencia orientado a garantizarles una calidad de vida digna.

Los miembros del Grupo de Trabajo entienden que el Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos no puede permanecer ajeno a este ambicioso proyecto destinado a configurar el «cuarto pilar del Estado del Bienestar». Consideran que el Consejo debe intensificar el liderazgo y el papel pionero que anteriormente desempeñó el Colegio Oficial de Psicólogos ante otras demandas sociales y continuar ofreciendo nuevas respuestas encaminadas al bienestar de los ciudadanos desde su ámbito disciplinar. Todo ello sin olvidar su irrenunciable labor a favor del desarrollo profesional y la promoción del empleo de los profesionales de la Psicología.

Los psicólogos conforman uno de los colectivos más activos, innovadores, rigurosos y eficientes entre la diversidad de profesionales que trabajan en la aplicación de las políticas sociales en nuestro país. Les avalan no sólo importantes avances en investigación científica sino también una trayectoria que conlleva una amplia experiencia y unos modelos contrastados de intervención.

En efecto, los psicólogos pueden exhibir una trayectoria indiscutible en el ámbito de la intervención social en el que han desempeñado y siguen desempeñando un papel relevante. A pesar de su juventud, este colectivo profesional supo conectar con el cambio político y social que culminó con la Constitución de 1978 y tuvo una participación muy activa en la gestación y desarrollo de los servicios sociales en nuestro país. Y si esto es cierto en otros muchos campos, lo es muy especialmente en el de la Dependencia. Los profesionales de la Psicología han realizado notables aportaciones a la intervención con personas mayores desde una nueva visión del envejecimiento como una etapa evolutiva especialmente importante que debe afrontarse como un reto adaptativo y desde una perspectiva orientada a la calidad de vida.

Del mismo modo, resulta innegable la contribución de los psicólogos al ámbito de la discapacidad. Han trabajado intensamente en la búsqueda de su integración en el entorno familiar, social y laboral, desarrollando al máximo las capacidades del sujeto y promoviendo programas que fomentan la aceptación y la relación de ayuda de la sociedad hacia las personas con discapacidad.

A criterio de este Grupo de Trabajo, todo ello justifica sobradamente la incorporación de nuestra organización colegial al debate del Anteproyecto de Ley que está teniendo lugar en esta fase previa antes de ser dictaminado por el Consejo de Estado, aprobado por el Consejo de Ministros y enviado a las Cortes para iniciar los trámites parlamentarios. Sin obviar, lógicamente, la participación colegial preceptiva en fases más avanzadas del proceso consultivo. Consideramos que nuestra presencia es imprescindible en estos primeros momentos para enriquecer este anteproyecto legislativo si lo que se persigue realmente es una ley integral y orientada a la búsqueda de la autonomía personal, tal y como refleja el título del informe aprobado por el Ejecutivo el pasado 23 de diciembre de 2005.

A lo largo de las dos sesiones de trabajo celebradas, el Grupo de Trabajo ha identificado determinados aspectos del Anteproyecto de Ley presentado por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales que, a juicio de sus componentes, precisan un examen más detenido y una reformulación de sus contenidos. El resultado de los debates y las consiguientes propuestas de actuación se recogen en los siguientes apartados básicos, ordenados según las principales materias objeto de reflexión:

1º) En primer lugar y como consideración previa, el Grupo de Trabajo quiere manifestar la necesidad de partir del modelo bio-psico-social que preste atención a la multiplicidad de factores presentes y estrategias necesarias que garanticen un abordaje integral de la promoción de la autonomía personal y la atención a las personas en situación de dependencia. En este sentido, la Psicología, como ciencia del comportamiento humano, aporta un enfoque global del mismo contemplando sus dimensiones cognitiva, afectiva y conductual, que puede contribuir a ampliar y enriquecer la visión que adopta el texto del Anteproyecto de Ley pues, además de incidir en la recuperación de la salud cuando ésta se ha perdido o deteriorado, la Psicología ayuda con sus teorías, modelos o instrumentos a promover el estado de salud y a prevenir la enfermedad de las personas y de su entorno familiar y social.

2º) Así, en cuanto a los conceptos básicos que se desprenden del conjunto del texto del Anteproyecto de Ley, el Grupo de Trabajo ha encontrado que, desde el enfoque de las ciencias del comportamiento, existen importantes sesgos y carencias en su exposición. Sin ánimo de ser exhaustivos, queremos destacar los siguientes:

• No existe una definición adecuada, desde esta perspectiva bio-psico-social, de un concepto tan determinante en el Anteproyecto como el de autonomía personal. Resulta desconcertante la definición de autonomía como «la capacidad percibida de controlar, afrontar y tomar decisiones personales acerca de cómo vivir al día de acuerdo con las normas y preferencias propias». Del mismo modo, sorprende que, al inicio de la exposición de motivos, se atribuya las necesidades de atención a la dependencia en nuestro país a la combinación exclusiva de «factores demográficos, médicos y sociales».

• Siguiendo con los aspectos más básicos del Anteproyecto, el Grupo de Trabajo destaca como característica principal su orientación casi exclusiva hacia la dependencia severa sin contemplar, en toda su dimensión, las dependencias leves que quedan condicionadas a la disponibilidad presupuestaria.

• También se ha significado como una cuestión grave la exclusión de los niños de 0 a 3 años, según se recoge en el artículo 5 sobre «Titulares de derechos». La gravedad de esta omisión estriba en que deja fuera del ámbito de la Ley a un tramo de atención temprana que queda eliminado como sistema de prevención de dependencia, precisamente una de las poblaciones objetivo más necesitadas y con una mayor efectividad preventiva.

• Aunque trasciende el ámbito de actuación estrictamente profesional, el Grupo de Trabajo manifiesta también su preocupación por las dificultades que pueden desprenderse de la falta de coordinación socio-sanitaria en la futura aplicación de la Ley, pues, si bien es verdad que el texto remite al sistema sanitario, éste no recoge programas y servicios destinados a la dependencia.

3º) La prevención representa, en coherencia con algunas de las consideraciones anteriores, uno de los apartados más deficitarios del Anteproyecto de Ley. De hecho, la «promoción de la autonomía personal», aunque aparezca resaltada en el título y contenido del Anteproyecto de Ley, tiene un desarrollo técnicamente muy deficiente, tanto en su conceptualización como en su alcance. Así, los artículos 19 y 20 recogen los «Servicios de Promoción de la Autonomía Personal» limitándolos a la prevención de las situaciones de dependencia (que definen como «prevenir la aparición de enfermedades físicas y mentales y sus secuelas») y al servicio de tele-asistencia.

El Grupo de Trabajo, en consonancia con la definición de la Psicología como ciencia del comportamiento expresada anteriormente, requiere que el texto adopte una visión basada en la superación de los enfoques meramente asistenciales centrados en la carencia, el déficit y la patología para proponer una intervención pro-activa, preventiva y de mejora de la calidad de vida. Este modelo pro-activo de apoyo y calidad de vida se sustenta en enfoques que buscan el desarrollo en las personas, grupos y organizaciones de las necesarias habilidades y competencias para analizar mejor sus necesidades, su realidad familiar y social y buscar de este modo las soluciones más idóneas.

Por tanto, si el Anteproyecto de Ley busca una respuesta adecuada, no debería ceñirse a un análisis individual de los problemas que afectan a las personas dependientes ni limitar la prevención a la puesta en marcha de determinados servicios. Líneas de intervención como la promoción del envejecimiento activo no pueden impulsarse tan sólo desde servicios sino que también deben desarrollarse programas que permitan intervenir sobre procesos sociales complejos que aborden las estructuras familiares y sociales que envuelven la problemática de la dependencia.

En consecuencia, el Grupo de Trabajo plantea que la prevención y la promoción de la autonomía se basen en dos planos de intervención:

• Por una parte, la prevención poblacional que exige la participación de distintos departamentos de la Administración Pública y de las organizaciones sociales.

• Por otra, la intervención sobre individuos concretos dentro del sistema que garantice su seguimiento y prevenga la evolución a fases posteriores de dependencia. Esto además mejoraría la efectividad del propio sistema.

4º) Otro apartado que resulta fundamental en el Anteproyecto de Ley es la Valoración y Evaluación, en su doble vertiente de valoración de la situación de dependencia y de evaluación de programas y servicios. De aquí que el Grupo de Trabajo haya insistido en la importancia que tiene para el sistema en su conjunto el adecuado funcionamiento de los órganos de valoración, el establecimiento de criterios y baremos así como la elaboración de los estándares de calidad de estos criterios y baremos.

El Grupo de Trabajo manifiesta su preocupación por estos aspectos y destaca la necesidad de validación y permanente actualización de los baremos.

En coherencia con todo ello, se propone la creación de una Comisión de Expertos para el seguimiento de la implantación de los baremos y los criterios para su valoración, de la que formen parte los distintos profesionales que garanticen el citado enfoque bio-psico-social.

Asimismo, el Grupo de Trabajo quiere dejar constancia del interés que tienen las aportaciones de la Psicología en este campo por existir en este ámbito profesional expertos en evaluación multidimensional con experiencia en abordar estos enfoques bio-psico-sociales. Por eso considera ineludible la presencia de psicólogos en este terreno, aunque siempre partiendo de una posición de diálogo y respeto hacia los demás profesionales de la intervención que ha caracterizado siempre a los profesionales de la Psicología.

Por otra parte, no debe olvidarse que la función del psicólogo trasciende la valoración de los déficits individuales que deben ser completados con una rigurosa valoración de su contexto familiar y social. De aquí que, además de los valorar la psicomotricidad o los aspectos cognitivos, se deban tener en cuenta otros como los aspectos relacionales, sus posibilidades educativas, laborales, sociales… De igual modo, es preciso vincular la valoración de programas de intervención en los que los psicólogos desempeñan también un papel relevante. Esta valoración de programas debe guardar coherencia con la valoración personal.

Desde un planteamiento pro-activo de intervención y superando modelos que centran la valoración en un fin meramente clasificador, defendemos un modelo de valoración vinculado a la intervención. En este contexto, constatamos la importancia del Programa Individual de Atención (PIA), cuya aplicación optimiza el fin último de toda valoración que, lejos de limitarse a una mera tarea diagnóstica, va dirigida a elaborar un plan de intervención que mejore la calidad de vida de la persona en situación de dependencia.

De aquí que, otra de las propuestas del Grupo de Trabajo en este apartado es la necesidad de protocolizar los PIA que determinarán los servicios y necesidades de intervención más adecuados a partir de la valoración realizada y el grado de dependencia reconocido.

5º) La Formación y Profesionalización de los equipos de intervención constituyen también uno de los temas capitales pues son los sistemas que sirven al modelo para mejorar y evaluarse. A criterio del Grupo de Trabajo, no se puede construir un nuevo sistema sin una política clara a medio y largo plazo de formación de especialistas en estos temas, así como de la actividad de difusión especializada.

En este sentido, el Grupo de Trabajo manifiesta su preocupación por numerosos aspectos que no se mencionan a lo largo del texto del Anteproyecto de Ley y que sugieren los siguientes interrogantes: ¿A quién corresponde la homologación de la formación? ¿Qué formaciones son las ideales? ¿Es preciso crear perfiles nuevos o actualizar los actuales? ¿Cuál es el perfil y cómo se forma/capacita el «asistente personal»?…

Otro aspecto que, aunque se menciona sucintamente en el artículo 35 punto 3, provoca inquietud en el Grupo de Trabajo, es la coordinación entre las Administraciones competentes en materia educativa y de éstas con las universidades, sociedades científicas y organizaciones profesionales y sindicales. Consideramos que sería un error desarrollar una nueva estructura administrativa de formación exclusivamente y que es imprescindible la participación de la Universidad y los profesionales del campo porque esta función no se puede improvisar. Sólo de este modo podrán llevarse a cabo iniciativas estables que puedan desarrollarse durante años.

Ante estas cuestiones, el Grupo de Trabajo plantea las siguientes conclusiones:

• Es preciso destacar la importancia de la formación de modo adecuado de todos cuantos intervienen en el Sistema Nacional de Dependencia, no sólo de los profesionales sino también de los cuidadores no profesionales. En este sentido, queremos significar el papel que han jugado los psicólogos en el desarrollo de programas de cuidado a cuidadores ofreciendo una variedad de respuestas ya sea en la evaluación previa como en la formación de cuidadores o en la creación de grupos psicoeducativos, de autoayuda y apoyo psicoterapéutico.

• Consideramos que una fórmula interesante podría ser la creación de estructuras básicas de contenidos formativos, es decir, de estándares básicos de formación en coherencia con los estándares básicos de calidad que recoge el texto del Anteproyecto en su artículo 34. Estos estándares se aplicarían a los distintos niveles de intervención.

• Los estándares básicos de formación deberían tener una orientación bio-psico-social por lo que, desde nuestra perspectiva, la Psicología debería estar presente en todos sus niveles. Es preciso insistir en el interés de las aportaciones que puede realizar la Psicología, no sólo desde un enfoque individual sino también desde la Psicología de los grupos y las organizaciones que ofrece un análisis social de la conducta normal y patológica y constituye una base esencial para la prevención y la intervención social.

• En consonancia con todo lo anterior, se considera que, al igual que existe un baremo único de valoración de la situación de dependencia, debería existir un catálogo único de profesionales que ejecuten ese baremo y unas ratios en cuanto a los profesionales que intervienen en los servicios.

• El Grupo de Trabajo propone una alianza estratégica que puede promover el Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos con otros colegios profesionales (medicina, enfermería, trabajo social…) así como con las Universidades, que permita crear una red que facilite una estrecha relación y coordinación para llevar a cabo tareas formativas y de investigación.

Finalmente, el Grupo de Trabaja quiere transmitir a la Junta de Gobierno del Consejo General de Colegios de Psicólogos la necesidad de hacer llegar estas propuestas a los Colegios Autonómicos e invitarles a incorporarse a este proceso de debate mediante la creación de grupos de expertos, grupos de presión y cuantas estrategias se consideren necesarias para hacer llegar nuestras reflexiones y propuestas a las respectivas autoridades autonómicas y locales.

Madrid, abril de 2006