A pesar de los avances significativos en los últimos años, aún, en demasiadas ocasiones, dentro del Sistema de Justicia Penal siguen sin identificarse debidamente las necesidades de las personas que presentan problemas de salud mental o problemas del aprendizaje.

Así lo advierte un informe publicado por el Centro para la Salud Mental de Reino Unido, bajo el título In ten years: Improving outcomes for people with mental ill-health, learning disability, developmental disorders or neuro-diverse conditions in the criminal justice system (dentro de diez años: mejora de los resultados para personas con problemas de salud mental, problemas de aprendizaje, trastornos del desarrollo o condiciones neurodiversas en el sistema de Justicia Penal), un documento a través del cual aborda los progresos alcanzados en materia de salud mental penitenciaria durante la última década y los retos fundamentales para garantizar una mayor mejora en los próximos diez años.

Según lamenta el informe, la tasa de autolesiones y violencia se ha incrementado en los centros penitenciarios, siendo el suicidio una serie preocupación, a pesar de los esfuerzos acometidos para reducir el riesgo. En este sentido, aunque ha habido avances significativos, advierte de que aún, en numerosas ocasiones, dentro del Sistema de Justicia Penal siguen sin identificarse debidamente las necesidades de las personas que presentan problemas de salud mental o problemas del aprendizaje: demasiadas personas terminan en la cárcel, cuando el problema podría haber sido detectado y podrían “haber recibido atención de manera segura en la comunidad”, y otro tanto continúan inmersas dentro del proceso de Justicia, sin la atención y el apoyo adecuados que necesitan en prisión.

Los autores del informe destacan el papel de la vulnerabilidad y ponen de relieve los datos de algunos estudios que revelan cómo los detenidos bajo custodia policial suelen tener una peor salud física, junto con problemas de salud mental y de aprendizaje, en comparación con la población en general. A este respecto, indican, si bien el número de personas detenidas por la policía ha disminuido en los últimos años, la demanda de servicios de atención médica en custodia no se ha ajustado a esta reducción: la proporción de detenidos que son valorados por un profesional de la salud está aumentando.

En relación con las necesidades de salud mental dentro del sistema Judicial, el documento alerta de que, la mala salud mental es, en su mayor parte, no reconocida y no tratada. Asimismo, aparte de la detección inadecuada para identificar a las personas con problemas de salud mental, hay evidencia que sugiere que las intervenciones podrían no ser las apropiadas para las necesidades de quienes las reciben.

De acuerdo con los datos, el informe prevé que la mayoría de las personas que ingresan en prisión tendrán vulnerabilidades preexistentes, incluidos problemas de salud mental y/o abuso de sustancias, y, a su vez, la experiencia de estar en prisión puede causar más daños a la salud mental, especialmente en aquellos que han experimentado eventos traumáticos antes de permanecer bajo custodia.

De hecho, afirma, “la mala salud mental es la norma más que la excepción entre los presos y las tasas de autolesión aumentan año tras año”. Se reitera en señalar que gran parte de esta necesidad permanece sin identificar, sin diagnosticar y sin apoyo, siendo los procedimientos de detección existentes, insuficientes para identificar adecuadamente a quienes necesitan apoyo y tratamiento.

Dado lo anterior, los autores del informe resaltan la necesidad cambiar los entornos y regímenes penitenciarios, con el fin de reducir el riesgo de daños graves e incluso la pérdida de vidas. En esta misma línea, consideran apremiante implementar un plan claro para la mejora de la evaluación en salud mental y bienestar y el apoyo en la cárcel, de modo que los regímenes penitenciarios cuenten con más información psicológica.

El documento finaliza con una serie de recomendaciones, tales como la adopción de una definición común de vulnerabilidades en todo el proceso de Justicia Penal, que incluya los problemas de salud mental, problemas de aprendizaje, trastornos del Espectro del Autismo, uso indebido de sustancias, trastornos de personalidad, y lesiones cerebrales adquiridas, o el establecimiento de un protocolo integral de detección, evaluación, intercambio de información y atención en todo el sistema penitenciario, entre otras.

Se puede acceder al informe completo desde la página Web del Centro, o bien directamente a través del siguiente enlace:

In ten years: Improving outcomes for people with mental ill-health, learning disability, developmental disorders or neuro-diverse conditions in the criminal justice system

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