Mª José Bartolomé Sanz

Centro Penitenciario de Segovia

Con este trabajo me gustaría poder trasmitir, de forma clara, mi actual experiencia como psicóloga de un centro penitenciario, con el objeto de que todas aquellas personas que lo lean tengan la posibilidad de conocer, aunque sólo sea por referencias, este mundo tan particular, desconocido, incomprendido y apasionante que es la intervención psicológica en prisiones y con el colectivo de discapacitados.

En la actualidad estoy trabajando en el Centro Penitenciario de Segovia, al que llegué a finales de 2004, cuando ya se había puesto en marcha el programa de tratamiento para discapacitados psíquicos, físicos y sensoriales. Este programa de intervención se inició en enero de 2004, con la colaboración de la Fundación Padre Garralda-Horizontes Abiertos. En un principio, el programa se puso en marcha con un solo usuario, pero poco a poco, se fueron incorporando más hasta llegar a los 21 con los que contamos en la actualidad.

 

Este programa se lleva a cabo por dos motivos principalmente. El primero de ellos es de tipo jurídico. El derecho penal establece el concepto de imputabilidad, que se define como la capacidad de una persona para ser culpable de un hecho. Se trata de un término que está basado en razonamientos psicológicos y hace referencia a la capacidad de un individuo para conocer la realidad y ser libre para actuar conforme a ese conocimiento. En otras palabras, contempla si las facultades intelectivas y volitivas del sujeto están afectadas a la hora de cometer determinados hechos.

Ante la comisión de un delito y en función de la aplicabilidad o no de este concepto, el sujeto puede ser condenado a pena privativa de libertad si es imputable, sometido a medida de seguridad si es inimputable, o a ambas, si es semiimputable (siempre se cumpla primero la medida de seguridad).

Las penas y las medidas de seguridad pueden o no ser privativas de libertad. Existen tres tipos de medidas de seguridad privativas de libertad: medida de seguridad de internamiento en un centro psiquiátrico (en este caso, la pena se cumplen en un psiquiátrico penitenciario, existiendo en la actualidad dos centros de este tipo), medidas de seguridad de internamiento en un centro para el tratamiento de drogodependencia (se cumplen en centros especializados en este tipo de tratamiento, gestionado por empresas privadas) y medida de seguridad de internamiento en un centro educativo especial (antes de 2004 no existía ningún lugar donde cumplirlas). A partir de esta fecha, se constituyó una Unidad de Discapacitados como Centro Educativo Especial en el Centro Penitenciario de Segovia, al que llegan los individuos sometidos a este tipo de medida.

El segundo motivo al que antes me refería es de tipo psicológico. Desde hace tiempo, todos los profesionales que trabajamos en el ámbito penitenciario nos hemos podido constatar la existencia de personas en las prisiones con problemas de conducta. Los psicólogos hemos observado que en muchos de estos casos, detrás de esos comportamientos desajustados, existen retrasos intelectuales, trastornos de adaptación u otros trastornos más graves de tipo psiquiátrico.

Concretamente, en el caso de las personas con retrasos intelectuales, su paso por la prisión era bastante traumático porque, o bien sus conductas disruptivas, agresivas y/o destructivas eran motivo de partes y sanciones disciplinarias, terminando el individuo en un departamento cerrado y aislado del resto de los internos; o bien porque los demás compañeros de internamiento se mofaban de ellos, cometiendo todo tipo de abusos y llegando los propios afectados a aceptarlo como forma de supervivencia en un medio tan hostil.

La única forma de evitar esta situación era llevándolos a la enfermería del centro, departamento más tranquilo y controlado, donde pudieran sentirse más seguros. Estaba claro que era urgentemente necesario diseñar un programa de intervención para este tipo de personas. Pero lo más curioso de todo es que esta realidad trascendía el concepto de imputabilidad al que antes me refería.

 

De estos sujetos, unos estaban condenados a penas privativas de libertad y otros sometidos a medidas de seguridad; e incluso, algunas de estas personas se encontraban en distintas situaciones jurídicas de manera simultánea, debido a causas penales diferentes y en función de si fueron consideradas imputable o inimputable, dependiendo del criterio del juez que los juzgó en su momento. Así, algunos individuos estaban al mismo tiempo condenados a una pena privativa de libertad y sometidos a medida de seguridad. La realidad, desde el punto de vista psicológico, es que estos internos, a pesar de toda esta variedad de situaciones jurídicas, presentaban un perfil muy similar y, por lo tanto, unas necesidades de intervención muy concretas y comunes en función de ese perfil.

Alertada por esta situación, la Dirección General de Instituciones Penitenciarias tomó la decisión de crear un Centro de Educación Especial en Segovia, llevándose a cabo allí un programa de intervención por parte de los profesionales penitenciarios y de los profesionales de Horizontes Abiertos, mediante convenio suscrito por ambas partes. Así mismo, en octubre de 2005 se formó a todos los profesionales que estaban interviniendo en este programa con un curso especializado.

En la actualidad se está desarrollando el programa de discapacitados en un Módulo de Discapacitados del Centro Penitenciario de Segovia, donde conviven personas sometidas a medida de seguridad y personas penadas con pena privativa de libertad. Los usuarios presentan un perfil de retraso intelectual que abarca desde la inteligencia límite hasta el retraso mental moderado, aunque también hay personas con discapacidad sensorial (sordomudez) añadida a su retraso. Algunos de ellos presentan trastornos de la personalidad asociados a su retraso y otros trastornos psiquiátricos. La mayoría de los usuarios han tenido consumos de sustancias tóxicas en algún momento de su vida, unos de forma abusiva, otros habiendo generado una dependencia y otros de forma ocasional.

Los objetivos generales del programa abarcan un amplio espectro de la intervención. En primer lugar, se pretende atender las necesidades de tratamiento de los discapacitados en prisión. En segundo término, se persigue trabajar en colaboración con sus familias (en aquellos caso que cuenten con ella) para concienciarlas del problema y dotarlas de herramientas para solucionarlo. En tercer lugar, se pretende enseñar a los internos, siempre dentro de sus posibilidades, estrategias que les proporcionen una autonomía personal, incidiendo en los aspectos que les han llevado a cometer el delito para, de esta manera, garantizar en la medida de lo posible, que no se vuelva a producir. En cuarto y último lugar, en aquellos casos en los que la libertad esté próxima o la persona haya cumplido un tiempo de la condena y el equipo profesional lo considere oportuno, buscar los recursos externos adecuados en función de las necesidades de los usuarios y favorecer la derivación a los mismos en consenso con las familias, para que, al salir a la calle continúen recibiendo el tratamiento que requieran en cada caso concreto.

Con respecto a los objetivos específicos, se contemplan los siguientes: promover hábitos de limpieza, aseo personal, orden e higiene, etc., de forma que consigan automatizarlos y así conseguir una autonomía en las habilidades de la vida diaria; dotarles de formación profesional y académica acorde a sus capacidades y preferencias, así como de recursos para la convivencia, según el caso; promover hábitos prelaborales; educar para la salud en sus distintos aspectos; entrenar en habilidades sociales y autocontrol, para canalizar las emociones y reconocerlas tanto en uno mismo, como en los demás y aprender a controlar el propio comportamiento; corregir ciertos comportamientos delincuenciales adquiridos, en algunos de ellos desde hace años, los cuales les han proporcionado la picaresca necesaria para desenvolverse en la calle cometiendo delitos; mantener permanentemente informada a la familia de las actuaciones que se están realizando con el interno, así como de las razones de las mismas; orientar, informar y asesorarles sobre los recursos sociales, económicos e institucionales a los que pueden optar; y finalmente, consensuar con ellos las medidas a tomar, una vez se aproxime la fecha de excarcelación.

En cuanto a la metodología, se trabaja tanto en grupo como individualmente cada una de las áreas mencionadas, utilizando permanentemente los refuerzos positivos y negativos (se utilizan técnicas conductuales fundamentalmente) y realizando de manera continua evaluaciones del proceso de cada individuo. Todas y cada una de las actividades están tutorizadas por un profesional del equipo multidisciplinar de intervención. Todas las cuestiones fundamentales de la intervención tales como el funcionamiento, la organización, la programación y el seguimiento del programa y de todas las actividades que forman parte del mismo, son abordadas en las reuniones del equipo responsable del programa.

 

Este equipo está constituido por dos psicólogas, dos trabajadoras sociales, dos educadores, una profesora de lengua de signos, una profesora de educación especial, los funcionarios de vigilancia, un médico y una psiquiatra.

Para conseguir la generalización de los conceptos trabajados y adquiridos en este programa intrapenitenciario, se utilizan las salidas terapéuticas a la calle. Éstas se realizan con los internos, cuya situación penitenciaria (por fechas de cumplimiento y comportamiento) y circunstancias psíquicas del momento lo permitan. En todo momento los usuarios están acompañados por el personal del programa, con el objeto de entrenar determinadas destrezas y habilidades en aquel medio donde van a tener que ponerlas en práctica. En algunas de estas salidas, se cuenta con la participación de las familias.

Dentro del programa, cabe destacar el papel que juegan los internos de apoyo, que son algunos de los usuarios del Centro Penitenciario cuidadosamente elegidos por sus cualidades y características de personalidad. Estas personas colaboran con el equipo de intervención, sobre todo en aquellos momentos en que no se encuentra presente ningún profesional. Semanalmente se les instruye en técnicas de recogida de información y observación de conducta, así como en escucha activa. Actúan como transmisores de información e instructores, son mediadores a todos los efectos y en casi todas las áreas en las que se interviene. También actúan como modelo de comportamiento, ya que el aprendizaje vicario es el más fácil de trabajar con este tipo de personas.

En cuanto a los resultados obtenidos cabe destacar que, en términos generales, todos mejoran visiblemente en las habilidades para la vida diaria (aseo personal, orden y limpieza de su celda y de sus pertenencias), aunque la mayoría necesita supervisión constante. Mejoran, igualmente, en cuanto a la formación académica y el nivel de integración en la escuela; las personas sordas mejoran la capacidad de comunicación, perfeccionando el lenguaje de signos. En cuanto a formación profesional y adquisición de hábitos prelaborales, van paulatinamente motivándose al descubrir nuevas capacidades, aunque les cuestan mantenerlas por sí mismos, necesitando un apoyo constante. En educación para la salud, donde se requiere un nivel más elevado de razonamiento, se aprecia un cambio más moderado, ya que se trata de un área muy difícil de trabajar con esta población. En cuanto a las habilidades sociales y autocontrol, se observa una reducción del número de incidentes en el módulo y en las interacciones entre ellos, así como una mejoría en las relaciones con los terapeutas. Con respecto a la educación social, estas personas necesitan mucha supervisión, aunque las actividades mejor aceptadas son los talleres de educación física y de economía doméstica. No obstante, algunas cuestiones han sido necesarias abordarlas de forma individual como la prevención de conductas violentas, así como temas directamente relacionados con la actividad delictiva.

Con este trabajo espero haber podido transmitir, por lo menos, una cierta sensibilización hacia este colectivo que, aunque no sea muy conocido, también existe y les aseguro que merece la pena esforzarse por trabajar con este tipo de personas.

Sobre la autora:

Mª José Bartolomé Sanz es Licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma de Madrid y Psicóloga del Cuerpo Superior Técnico de Instituciones Penitenciarias desde 1997. Ha trabajado en diferentes centros penitenciarios por todo el territorio nacional, desempeñando diferentes funciones de psicóloga. Ha sido Subdirectora de Tratamiento en el Centro Penitenciario de Soto del Real desde 1999 y hasta 2004. Profesora de la Escuela de Estudios Penitenciarios, en la actualidad Bartolomé trabaja en el Centro Penitenciario de Segovia, ejerciendo funciones de Coordinadora Técnica del Módulo de Discapacitados del Centro Penitenciario de Segovia.

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