El pasado 25 de noviembre de 2006 tuvieron lugar las elecciones de la Asociación Iberoamericana de Psicología Jurídica (AIPJ), resultando elegido como nuevo Presidente D. Javier Urra Portillo, destacada figura de la Psicología española, que ha desarrollado buena parte de su labor en el ámbito jurídico.

Con motivo de la elección del nuevo cargo para la presidencia de esta prestigiosa asociación, Infocop Online ha querido entrevistar para sus lectores a Javier Urra Portillo, miembro español fundador de esta entidad y actual Presidente de la agrupación iberoamericana.

Javier Urra Portillo, fue el primer Defensor del Menor en España, y, actualmente, y desde 1986,  desarrolla su labor en la Administración pública, trabajando en la Fiscalía del Tribunal Superior y en los Juzgados de Menores de Madrid. Es Miembro del Comité de Redacción del Anuario de Psicología Jurídica y ha escrito un buen número de artículos y libros relacionados con esta temática.

 

ENTREVISTA

Esta asociación se creó en 1993 con la idea de desarrollar la Psicología Jurídica, especialidad incipiente en aquellas fechas, ¿qué objetivos se planteaban en aquel entonces?

En primer lugar, auscultar el nivel de conocimientos de los psicólogos jurídicos en los distintos países de Iberoamérica. Valorar la homogeneidad de los mismos. Establecer relaciones científicas para vehicular conocimientos y entablar relaciones humanas.

Nació con la voluntad de reunir siempre a profesionales que ejerzan su labor en el ámbito jurídico y forense, expertos valorados por sus colegas psicólogos y por otros profesionales tales como magistrados, fiscales, abogados…

Uno de los grandes impulsores, que fue Presidente de esta Asociación, es el reconocido colega y amigo D. Juan Romero, psicólogo de la cárcel de Pamplona.

La Asociación desde el primer día ha crecido, se ha enraizado en los distintos países, ha establecido muchas relaciones entre sus socios, ha publicado libros que recogen las conferencias y ponencias de los distintos congresos bianuales, ha establecido relaciones con otras asociaciones del ramo ya sean británicas, norteamericanas, alemanas, así como con ámbitos como la criminología.

Como experto quiero destacar algo muy positivo que es no sólo que hemos crecido, sino que las personas que empezamos hace ya 14 años continuamos en la asociación, como prueba inequívoca de interés y sedimentación de conocimientos, los cuales quedan reflejados, entre otros, en el Tratado de Psicología forense publicado por la editorial Siglo XXI, (2002) y que recoge la aportación de más de 60 profesionales.

Cómo representante de la agrupación iberoamericana, ¿qué objetivos se propone hoy en día la AIPJ? ¿Qué objetivos quedan por alcanzar o afianzar desde aquella primera propuesta de 1993?

Seguimos desarrollando nuestra ciencia y nuestro saber diagnóstico y tratamental. Es importante conseguir ser eficaces, valorados por los operadores jurídicos y por la ciudadanía.

Esta asociación ha visto crecer el ámbito de la mediación, la atención a las víctimas, la credibilidad del testimonio, la autopsia psicológica, la ratificación… y ahonda en transmitir estudios, tesis, investigaciones, aprendizajes en el trabajo cotidiano, ya sea en el despacho, en la prisión, en las fuerzas de seguridad, en las fuerzas armadas, en las clínicas médicoforenses, en los juzgados…para conseguir mayor solidez y eficacia.

Somos humildes pero conscientes de nuestra misión, pues la Psicología Jurídica es respetada, valorada y ensalzada por quien demanda su actuación.

En algunos países iberoamericanos la semilla ha germinado pero las legislaciones, los medios materiales, la falta de continuidad en los puestos políticos, la carencia de una forma preestablecida de acceso a cargos técnicos, dificulta su eclosión. En ese sentido, la Asociación va a trabajar con el poder judicial y legislativo de esos países.

Creemos que cabe hacer partícipes a todos los psicólogos, no sólo a los jurídicos, de los eventos, conferencias, encuentros que se realicen y de temas que a todos interesan, que van desde la Declaración de los niños en las salas judiciales hasta el apoyo a las fuerzas de seguridad para detener, dadas sus características, a los violadores o asesinos en serie.

España ha propugnado aspectos específicos como el que psicólogos jurídicos hayan sido parte determinante de leyes orgánicas como la 5/2000 Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor. Así mismo, queremos extender posibilidades como la que nos permitió editar el libro Jauría Humana, Cine y Psicología,(editado por Gedisa, en 2004) donde juristas, expertos en cine y psicólogos jurídicos se adentraron en el contenido de películas que tienen mucho que ver con nuestro tema.

¿Qué supone para usted desempeñar, a partir de ahora, este cargo, como representante de los psicólogos jurídicos españoles?

Un honor, una alegría, una motivación y un reto.

Soy consciente de que he sido elegido por unanimidad, lo que me concede un importante margen de maniobra. Además, la Psicología Jurídica española es reconocida dentro y fuera de nuestras fronteras.

Añádase a ello que cuento con el apoyo explícito de la Junta de Gobierno del Consejo General de Colegios de Psicólogos de España. Quisiera, en ese sentido, agradecer que su Decano D. Francisco Santolaya Ochando se haya desplazado hasta Bogotá, Colombia, para participar en el último Congreso que hemos celebrado.

El próximo evento se realizará en Yucatán (México) o en Tenerife con la colaboración inestimable del Colegio Oficial de Psicólogos de la Isla.

Referencias bibliográficas como el Anuario de Psicología Jurídica, editado por el Colegio de Psicólogos de Madrid, nos propician una garantía en nuestro obrar.

Tenemos mucho que aportar y no menos que aprender, véanse temas específicos como los secuestros express, tortura, etc.

Como psicólogo de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Vocal del Comité de Ética del COP de Madrid, y parte integrante de Euro-Psy , creo poder establecer sinergias provechosas.

Me ilusiona que nuevos profesionales españoles aborden nuevas y complejas temáticas como el Síndrome de Alienación Parental, etc.

Muy en relación con las demandas sociales del momento, las necesidades a las que tienen que atender las Ciencias Jurídicas no siempre son las mismas. En este momento, en el ámbito internacional, las garantías de los Derechos Humanos, de la Mujer, la Protección de la Infancia y la Adolescencia, etc. son temas de máxima actualidad, en un mundo cada vez más globalizado ¿De qué manera puede contribuir la Psicología Jurídica para garantizar los derechos de los/as ciudadano/as y contribuir en la construcción de sistemas jurídicos y legales más equitativos en nuestros países?

Parto del criterio de que los psicólogos jurídicos, además de expertos peritos, son profesionales comprometidos con la ciudadanía en general y con cada persona en particular, de forma muy marcada cuando dichas personas son victimas de segregación o injusticia.

La Psicología Jurídica, al igual que el Derecho, tiene por objeto a la persona y, sin retirar la venda que cubre a la Justicia y defiende su objetividad, le sirve para entender cada caso en particular, para trascender lo que encorsetadamente está en un código.

La Psicología Jurídica en algunos momentos rompe la costura de la Ley. Coparticipa con el legislador, aproxima la vivencia de víctimas, testigos e inculpados. Humaniza el Derecho.

La Psicología Jurídica aporta a otras ciencias el saber de otras ramas de la Psicología que nos enriquecen con su sabia.

Para ser un buen psicólogo jurídico hace falta saber mantener la neutralidad, la distancia óptima, pero implicándose, no siendo aséptico. Ha de dominarse el miedo.

Para finalizar, ¿cómo valora el estado actual de la Psicología Jurídica en España?

Como sobresaliente. Cada día son más los profesionales que se desarrollan en este campo laboral y lo hacen con una demostrada cualificación. Piénsese que son, de hecho, examinados día a día en el desarrollo cotidiano de su labor.

Considero que las Universidades han comenzado a formar desde un tercer ciclo para desarrollar esta complicada y específica labor.

Cabe conseguir acuerdos por parte del Consejo General de Colegios de Psicólogos para que el Ministerio de Justicia o las Comunidades Autónomas apoyen económicamente la labor realizada por aquellos psicólogos que componen las listas para realizar peritajes.

Por último, deseo significar que hemos de dotarnos de instrumentos y protocolos que prevengan a nuestros colegas de ser víctimas de denuncias falsas en los procedimientos judiciales y, específicamente, en los casos de juzgados de familia, en casos de divorcio en que se dirimen muchos intereses y donde el psicólogo jurídico es interpretado, a veces, como un enemigo potencial o, en todo caso, como el eslabón más débil.

Desde estas páginas invito y aliento la participación de todos los colegas que deseen contactar con esta Asociación. Estamos ilusionadamente a su disposición.

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