La futura ley de libertad sexual establecerá la creación de un fondo de reparación para las víctimas de violencia sexual y el reconocimiento de delitos sexuales por medios digitales. Esta son algunas de las novedades incorporadas en el anteproyecto de Ley orgánica de garantía integral de la libertad sexual, tal y como lo han señalado fuentes del Ministerio de Igualdad.

Tal y como recogen diversos medios de comunicación, entre los cambios que incluirá esta norma está la inclusión de la violencia sexual a través de medios tecnológicos, la extorsión sexual digital y la pornografía no consentida, de tal manera que estas conductas serán consideradas manifestaciones de violencia sexual junto con la agresión, el acoso, el exhibicionismo, la corrupción de menores, el matrimonio forzado, la provocación sexual, la mutilación genital femenina o el feminicidio sexual. Asimismo, se eliminará la actual diferencia entre abuso y agresión sexual en el caso de una violación, definiendo la tipificación de los delitos sexuales sobre la base del consentimiento.

Fuente: www.pexels.com Artista:
Ryanniel Masucol Fecha descarga: 27/10/2020

Más allá de estos cambios, el texto contempla la inclusión de los menores de 16 años dentro de esta legislación, lo que implica la incorporación de medidas específicas para la atención de la infancia y la discapacidad, así como la incorporación del enfoque de género como principio transversal de la norma. Además, la norma pretende reforzar las medidas disuasorias a la explotación sexual como, por ejemplo, con la incorporación en el Código Penal del delito de tercería locativa, que implica el castigo a terceros que alquilen lugares donde se produce explotación sexual ajena.

De esta manera, el anteproyecto de Ley de libertad sexual, que se inició el pasado 3 de marzo, sigue su proceso de tramitación tras ser sometido a consulta pública, de forma que, tras estudiar las más de 70 alegaciones de diferentes entidades, el segundo borrador de la norma ha sido enviado ahora al Consejo General del Poder Judicial, a la Fiscalía General del Estado y al Consejo económico y Social para su estudio.

Fuente:

Europapress

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