Los Derechos humanos de las mujeres y niñas con discapacidad se siguen vulnerando cada día en España, en Europa y en todo el mundo.

Así lo advierte la Fundación CERMI Mujeres en su último informe sobre el Derecho a la salud de las niñas y mujeres con discapacidad, un documento a través del cual se ofrece un análisis sobre el estado de salud de las mujeres y niñas con discapacidad, su acceso a los servicios sanitarios, los sesgos de género en la atención sanitaria, la salud sexual y reproductiva, la salud mental, las prácticas nocivas y sus consecuencias para la salud, así como el impacto de la violencia de género.

Tal y como indica el informe, las mujeres tienen problemas de salud específicos que requieren una atención propia de su sexo asociadas a la reproducción, siendo necesario un abordaje más amplio que tome en consideración otros ámbitos de la salud donde se explicitan con claridad las desigualdades de género en la salud entre los grupos de la población, “que se consideran importantes, sistemáticas, evitables e injustas”.

En esta línea, el documento señala que las mujeres padecen más síntomas físicos y psicológicos, más enfermedades crónicas y discapacidad, utilizan más medicamentos y acuden a las consultas médicas con más frecuencia que los hombres, sufren más de enfermedades potencialmente mortales que causan más discapacidad permanente y muerte más prematura, de modo que es fundamental impulsar estudios en materia de salud que incluyan la doble dimensión del género y la discapacidad desde un necesario enfoque interseccional, evidenciando los sesgos de género y discapacidad que aún hoy día se producen en el ámbito de la atención a la salud y a su investigación.

A este respecto, en aras de garantizar una atención digna y adecuada, CERMI Mujeres recomienda impulsar acciones formativas dirigidas a las y los profesionales de la salud que tengan en cuenta las específicas demandas de las mujeres y niñas con discapacidad, formándoles en la detección efectiva de la violencia contra este colectivo.

Un aspecto prioritario señalado en este informe es la necesidad de “abrir la mirada en el enfoque clínico”, implementando servicios de atención psicológica con metodologías de trabajo participativos y de apoyo mutuo, que tengan en consideración el impacto que construcciones sociales como el género y la discapacidad tienen sobre la salud mental de las mujeres.

CERMI mujeres insta a ampliar la cobertura de los servicios de atención a la salud mental para mujeres con discapacidad, así como para cuidadoras, tomando en especial consideración a las mujeres víctimas de violencia, especialmente mujeres víctimas de violencias sexuales y las que se han visto sometidas a tratamientos terapéuticos no consentidos (esterilizaciones forzosas).

En línea con las recomendaciones de la Relatora especial sobre violencia contra la mujer de Naciones Unidas el informe subraya la trascendencia de garantizar la aplicación adecuada y efectiva del requisito de obtención del consentimiento informado en consonancia con las normas de derechos humanos.

El documento finaliza pidiendo a los Estados que revisen sus sistemas nacionales de salud con miras a lograr la cobertura sanitaria universal, en el marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, de cara a incrementar el acceso de las personas con discapacidad a la atención sanitaria, concretamente a los servicios de atención primaria.