Los datos de diversos estudios muestran que las personas con discapacidad están infrarrepresentadas en el acceso a la condición de Personal Docente e Investigador (PDI) de las universidades españolas.

A pesar de que existen fundamentos jurídicos que instan a los responsables públicos a eliminar los obstáculos que impidan o dificulten la participación de las personas con discapacidad en la vida universitaria, al igual que en otros ámbitos, se observa que no es suficiente contar con una legislación actualizada para que las personas con discapacidad accedan en igualdad de condiciones a la función pública docente e investigadora en la esfera universitaria.

A este respecto, es necesario adoptar medidas adicionales de acción positiva para que el acceso de las personas con discapacidad a este ámbito profesional no resulte, en la práctica, imposible o extremadamente difícil, sea por prejuicios del entorno, por falta de medios o recursos de apoyo, o por prácticas discriminatorias directas o indirectas.  

Foto: Edward Jenner Fuente: pexels Fecha descarga: 23/02/2021

Así lo advierte el informe “Inclusión del del personal docente e investigador con discapacidad en el sistema universitario en España”, un documento fruto de la investigación que se está llevando a cabo en el marco del Convenio de colaboración entre la Fundación ONCE, la Fundación de la Universidad Autónoma de Madrid y la Fundación Derecho y Discapacidad, y con el apoyo del CERMI, para la elaboración de una Guía sobre el acceso de las personas con discapacidad a Personal docente e investigador de las universidades Españolas.

El objetivo de este informe es el de analizar la situación del personal docente e investigador con discapacidad, la aplicación de las cuotas de reserva de personas con discapacidad en las plazas públicas que ofrecen las universidades, así como estrategias de futuro para una correcta aplicación de las cuotas de reserva en el acceso de personas con discapacidad al personal docente e investigador de las universidades españolas.

Entre los principales resultados del estudio, destaca lo siguiente:

  • Se observa que el 81% de las universidades públicas o privadas participantes no cuentan entre sus plantillas de PDI con el 2% de personas con discapacidad.

  • Tan solo el 36% de las universidades participantes pudieron ofrecer datos aproximados del número o porcentaje de PDI con discapacidad que formaba parte de su plantilla de PDI. Para los autores, este resultado evidencia que las universidades no están cumpliendo con la recomendación hecha por la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas-CRUE de elaboración de un censo de personas con discapacidad oficialmente reconocida que las integran.

  • Los datos muestran que el 55,5% universidades incorporaron a sus plantillas de PDI personas con discapacidad durante 2019. De ellas, el 44,4% de las universidades lo hicieron mediante la reserva de a favor de personas con discapacidad. En cambio, el 11,1% universidades incorporaron o promocionaron a PDI con discapacidad mediante concursos sin reserva de plaza.

  • En total se consolidaron 62 plazas de PDI con discapacidad. De estas plazas, el 87% de las plazas se identificaron en universidades públicas y tan solo el 13% en universidades privadas. De acuerdo con los autores, estas cifras revelan un mayor nivel de compromiso de las universidades públicas con la inclusión del PDI con discapacidad.

  • La categoría profesional que registró un mayor número de plazas convocadas en 2019 por las universidades públicas para PDI con discapacidad fue la de profesor/a titular (con un total de 15 plazas), seguida de profesor/a contratado doctor/a (con 10 plazas) y de catedrático/a (con un total de 7 plazas). Además de estas plazas, las universidades públicas convocaron también por otros procedimientos 14 plazas de ayudante doctor para PDI con discapacidad. Esto supone que, del total de plazas convocadas por las universidades públicas, el 66,6% de ellas facilitó la promoción a una categoría superior al PDI con discapacidad mientras que el 33,4% permitió el acceso de personas con discapacidad a la carrera docente e investigadora.

  • Con respecto a los medios y apoyos implementados para garantizar la igualdad real y efectiva del PDI con discapacidad, sólo el 55,5% de universidades participantes cuentan con otras medidas de apoyo dirigidas al PDI con discapacidad, entre ellas, las medidas para el desarrollo a la función docente.

  • Únicamente el 22,3% de las universidades participantes reconocieron la especial situación de vulnerabilidad y exclusión que enfrenta el PDI con discapacidad. En estos casos, los/las vicerrectores/as participantes explicaron esta situación derivada de las consecuencias de la propia discapacidad y de su tratamiento y de los obstáculos asociados a la falta de apoyo y compromiso de las instituciones que experimentaba el PDI con discapacidad.

Atendiendo a los resultados, los autores del estudio manifiestan que la inclusión plena de las personas con discapacidad requiere de medidas de acción positiva que garanticen su derecho a la igualdad de oportunidades y de trato, reclamando la reserva de plazas para personas con discapacidad en el ámbito docente e investigador de las Universidades.

En este sentido, el informe establece una serie de recomendaciones dirigidas a las universidades integrantes del sistema universitario español con el objetivo avanzar en la inclusión real y efectiva del PDI con discapacidad, tales como:

  • La trascendencia de que las universidades analicen con detalle la estructura y composición de sus plantillas de PDI para determinar con precisión cuántas personas con discapacidad oficialmente reconocida las integran y establecer las estrategias que les permitan alcanzar, al menos, el 2 % al que hace referencia la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social. Con este fin, recomiendan a las universidades cumplir sin más demora con la recomendación hecha por la CRUE en 2017 de elaboración de un Censo de PDI con discapacidad.

  • Debe mantenerse en el tiempo el compromiso con las medidas de acción positiva hasta que se consigan revertir los procesos de desigualdad y exclusión que las motivan. Para ello, las universidades deberán garantizar el cumplimiento de la reserva del 5% de las plazas destinadas a personas con discapacidad de manera estable en todas las OEP hasta alcanzar el 2% de PDI con discapacidad.

  • Asimismo, las universidades privadas están obligadas a cumplir la normativa y garantizar que el 2% de sus plantillas están integradas por personas con discapacidad. En este sentido, se les recomienda implementar procesos de selección exclusivos de acceso para PDI con discapacidad y establecer acuerdos de colaboración con los Servicios Autonómicos de Empleo y con las entidades sociales con competencia en la inserción laboral de personas con discapacidad como Fundación ONCE o Fundación Derecho y Discapacidad para garantizar una más amplia identificación de candidatos.

  • Teniendo en cuenta que la reserva de plazas a favor de personas con discapacidad personas con discapacidad está destinada a facilitar la igualdad de oportunidades de personas con discapacidad a la carrera docente e investigadora, el informe insta a todas las universidades que incluyan como requisito obligatorio de plazas adscritas a esta reserva, la posesión del certificado de reconocimiento oficial de una discapacidad igual o superior al 33%.

  • Considerando que para verdadera inclusión de las personas con discapacidad a la carrera docente e investigadora es imprescindible contar con una estrategia global de apoyo por parte de las instituciones universitarias, recomiendan a todas las universidades ampliar sus esfuerzos para promover cambios estructurales dirigidos a garantizar un mayor nivel de inclusión y proveer al PDI con discapacidad de las obligadas condiciones que garanticen una efectiva igualdad de oportunidades.

  • Dado que una parte de la comunidad universitaria sigue sin reconocer ni detectar las diferentes situaciones de exclusión que afectan al PDI con discapacidad, es fundamental que las universidades fomenten las actuaciones de sensibilización y formación en materia de inclusión y discapacidad de toda la comunidad universitaria, especialmente, de los profesionales que desempeñan cargos de gestión y desarrollo de políticas universitarias en materia de inclusión y discapacidad.

  • El debate sobre la inclusión del PDI con discapacidad debe ser dirigido y gestionado por docentes e investigadores con discapacidad, para lo que es esencial contar con PDI con discapacidad en los órganos y mesas de debate sobre inclusión universitaria.

  • Todo lo anterior pone de manifiesto la necesidad de asesorar y evaluar a las universidades públicas y privadas en materia de inclusión del PDI con discapacidad. Para paliar esta deficiencia, el informe propone establecer redes de colaboración continua entre las universidades y las entidades sociales especializada en la atención a la discapacidad como Fundación ONCE, Fundación Derecho y Discapacidad y CERMI entre otros.

Se puede acceder al documento completo a través del siguiente enlace:

Inclusión del del personal docente e investigador con discapacidad en el sistema universitario en España 

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