Tal y como hemos ido anunciando a través de Infocop, diversas organizaciones europeas llevan meses movilizándose contra la aprobación de un protocolo adicional dentro de la Convención de Oviedo, que justificaría el tratamiento e ingreso forzosos en salud mental y que entra en contradicción radical con la Convención internacional de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD).

Nos encontramos en un momento clave de esta decisión, que tendrá lugar esta semana, donde diferentes órganos del Consejo de Europa (como el Comité de Bioética, el Comité Directivo de Derechos Humanos y el Comité de Ministros) todavía tienen que tomar una decisión final sobre el Proyecto de Protocolo Adicional. Tal y como señala MHE, “cada país tiene un voto. Incluso los que no ratificaron el Convenio de Oviedo”, por eso es importante realizar una campaña de concienciación en cada territorio europeo.

En esta línea de acciones, los expertos en Derechos Humanos de la ONU se han unido a la campaña solicitando al Consejo de Europa que retire el proyecto de Protocolo adicional al Convenio de Oviedo. Este protocolo es incompatible con los principios de los derechos humanos, han señalado en un comunicado. Es más: “El enfoque coercitivo de la salud mental está perjudicando a las personas con discapacidad y no debemos retroceder para autorizar este enfoque obsoleto. Las personas con discapacidad psicosocial tienen derecho a vivir en la comunidad y a rechazar el tratamiento médico”.

Según explican los expertos en Derechos Humanos de la ONU, la evidencia científica reconoce que la admisión forzada en hospitales psiquiátricos y los tratamientos coercitivos en instituciones tienen efectos nocivos y perjudiciales en la salud mental, aumentando el sufrimiento psicológico, la probabilidad de desarrollar sintomatología postraumática tras el ingreso, y dando lugar a fuertes sentimientos de humillación, vergüenza, estigmatización y miedo en las personas con discapacidad psicosocial.

Por este motivo, los expertos de la ONU han hecho un llamamiento a todas las delegaciones estatales para que muestren su oposición al proyecto de Protocolo Adicional esta semana e instan al Consejo de Europa a que deje de legitimar la institucionalización forzada y el uso de la coacción contra las personas con discapacidad, incluidas las personas mayores con discapacidad.

“Cuando se están realizando ingentes esfuerzos en todo el mundo para reformar la política de salud mental, nos sorprende que el Consejo de Europa, una importante organización regional de derechos humanos, esté planeando adoptar un tratado que sería un revés para revertir todos los desarrollos positivos en Europa y difundir un efecto escalofriante en otras partes del mundo”, han afirmado en el comunicado. “El Consejo de Europa tiene ahora una oportunidad única de alejarse de los enfoques coercitivos anticuados de la salud mental y adoptar medidas concretas para promover servicios de apoyo de salud mental en la comunidad y la realización de los derechos humanos para todos sin discriminación por motivos de discapacidad. Instamos al Consejo de Europa a ser parte del futuro y no del pasado en salud mental”, han añadido.

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