EDITORIAL ENERO/FEBRERO 2009

Paco Santolaya Ochando
Presidente
Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos

Si dejamos a un lado eufemismos y circunloquios, tenemos que reconocer que la situación y perspectiva actuales de la Psicología Educativa dentro del sistema educativo español es muy mala, por no decir, pésima. La acción legislativa ha buscado denodadamente la disolución de los psicólogos educativos en diversos solventes profesionales. El primero fue el de la Psicopedagogía, que nacía aparentemente con el afán de integrar en una única condición profesional la perspectiva psicológica y pedagógica, aunque algunos sospechamos que también servía para dar respuesta a intereses meramente gremiales. Huelga decir que no se consiguió tal fusión, y que el experimento no debió tener mucho éxito, ya que las reformas actuales de los planes de estudio no parecen dejar cabida a su continuidad. El segundo, mucho más radical y que se encuentra actualmente en desarrollo, pretende crear un cuerpo de orientadores, en sustitución de los equipos de orientación formados por psicólogos, pedagogos y psicopedagogos, que estará formado por aquellos que hayan superado la correspondiente especialidad del máster obligatorio de secundaria y hayan aprobado la oposición. Tal y como está planteado, ese cuerpo de orientadores no se tiene ya que nutrir de psicólogos y pedagogos, sino que estará formado por cualquier titulado superior que cumpla los dos requisitos que he mencionado antes, hacer el máster y aprobar la oposición. De acuerdo con esta propuesta, la Psicología Educativa desaparece definitivamente del sistema desde la perspectiva profesional, y las complejas habilidades asociadas a esta profesión especializada deberán impartirse en el cortísimo tiempo del máster a cualquier titulado, incluso aunque carezca de los conocimientos básicos necesarios en Psicología. No parece que estemos mejorando.

Ante esta evolución de los hechos cabe preguntarse si las medidas que se están tomando tienen sustento lógico en la realidad educativa o están siendo impulsadas de espaldas a las necesidades del sistema en su conjunto. ¿Qué sentido puede tener que se profundice aún más en la desprofesionalización de la asistencia psicológica en la educación? ¿Acaso los centros educativos no tienen la necesidad de que se atienda, con rigor y profesionalidad, la creciente demanda de atención psicológica?

Si la situación actual es muy criticable, ya que los psicólogos no son reconocidos como tales sino que, en muchos casos, son profesores con funciones de psicólogo y no pueden ejercer con plenitud sus competencias profesionales, ¿qué se puede esperar de una reforma en la que la atención psicológica será llevada a cabo por personas con un pequeño cursillo de formación? Es evidente que no mejorará la asistencia a los alumnos con problemas o trastornos psicológicos, ni se dará mejor consejo o ayuda a los profesores y padres. Tampoco habrá una mejor coordinación entre la sociedad y la escuela, y más concretamente, entre los dispositivos sanitarios y la escuela, con lo que los necesarios programas preventivos tendrán aún menos posibilidades de alcanzar sus objetivos.

El psicólogo debería ser una pieza esencial en los centros educativos, prestando el servicio para el que está mejor cualificado, la atención psicológica. Nadie que no haya cursado una licenciatura o grado en Psicología y reciba la correspondiente formación especializada puede considerarse formado para prestar una atención psicológica profesional en los centros educativos, que reúna un mínimo de rigor y calidad. Es evidente que cualquiera puede juzgar la conducta de los demás, tener su opinión sobre sus causas y efectos, e imaginar las posibles soluciones. Pero nadie, excepto los psicólogos, está formado, dentro del rigor científico, para evaluar, diagnosticar, intervenir y tratar profesionalmente la conducta humana.

Para la organización colegial, como para la inmensa mayoría de los ciudadanos, la educación tiene una primordial importancia. El Estado debería ser el primer interesado en reducir el fracaso escolar y potenciar al máximo los recursos con los que cuenta el sistema educativo para formar ciudadanos cultos, responsables y sanos. La eliminación de la Psicología del sistema educativo no va producir una mejora de sus resultados. La reducción de los escasos recursos con los que cuentan los profesores y los padres para ejercer su tarea educativa no puede ni va a mejorar la situación. El Estado no puede desentenderse de este problema dejando que sólo aquéllos que cuenten con recursos económicos puedan tener una atención psicológica de calidad.

Si se quiere hacer algo serio en este campo, resulta del todo imprescindible que exista, al menos, un psicólogo educativo en cada centro trabajando codo con codo con profesores, padres y la comunidad, en su conjunto, para conseguir que se alcancen los objetivos educativos. La actividad profesional del psicólogo mejorará la atención a la creciente diversidad en nuestras aulas, ayudará en la tarea educativa de padres y profesores, y constituirá un recurso valioso para potenciar las posibilidades preventivas que brinda el centro escolar. La legislación actual no reconoce esta realidad, y sigue insistiendo y profundizando en fórmulas que no han llevado más que al fracaso y a la frustración. Esperemos que, con la necesaria persistencia, podamos hacer entender a la Administración y a los legisladores que no vamos por el camino más adecuado.