Mª Ignacia Arruabarrena Madariaga
Universidad del País Vasco y Asociación Darlington-i para el Estudio y la Formación en Protección Infantil 

Los Servicios Sociales tienen encomendada por ley la responsabilidad de desarrollar actuaciones dirigidas a prevenir las situaciones de desprotección infantil y, cuando éstas se han producido, proporcionar los recursos de apoyo necesarios al menor y a su familia para mantener la unidad familiar garantizando la seguridad y el bienestar del niño, niña o adolescente y, en caso de no ser posible, proporcionar al menor un entorno convivencial alternativo en el que reciba los cuidados y atención requeridos.

La capacidad actual de los Servicios Sociales de nuestro país para responder a este requerimiento legal está lejos de ser la deseable. Sin embargo, es preciso reconocer que en los últimos años se han producido mejoras notables en la dotación de recursos y organización de estos servicios, a lo que ha contribuido, sin duda, la progresiva y notoria incorporación de los profesionales de la Psicología, prácticamente ausentes en este ámbito hasta hace dos décadas.

En el presente artículo, se realiza una revisión, basada en los manuales de actuación de los Servicios de Atención y Protección a la Infancia y Adolescencia de diferentes Comunidades Autónomas, del procedimiento y criterios de actuación de estos servicios en las primeras fases de su intervención. Este proceso se inicia, en general, con la recepción de una notificación de terceras fuentes sobre la existencia de una posible situación de desprotección infantil. Esta notificación requiere ser investigada para verificar si realmente se está produciendo el problema y cuál es su gravedad. Cuando el menor está en peligro, los Servicios Sociales adoptarán las medidas necesarias para protegerle, alejándole del domicilio familiar si fuera necesario. Posteriormente, en los casos en que se ha confirmado la existencia de desprotección, se ha de llevar a cabo una evaluación en profundidad de la situación del menor y su familia para identificar los factores causales o asociados al problema, las dificultades y puntos fuertes de la familia, sus necesidades de apoyo y tratamiento, y el pronóstico para la capacitación parental. Esta evaluación tiene como objetivo posibilitar el diseño de un plan individualizado de intervención dirigido, en primer término, a corregir los problemas de la familia para que el menor pueda mantenerse en el entorno familiar habiendo garantías de que está adecuadamente atendido. Cuando esto no es posible, los Servicios Sociales diseñarán un plan de intervención dirigido a buscar un entorno convivencial alternativo –preferentemente familiar- para el niño, niña o adolescente.

En el diseño de los programas de capacitación parental que actualmente se desarrollan en el contexto internacional, se comparten los objetivos generales, aunque difieren en cuanto a sus objetivos específicos, plazos de tiempo en que desarrollan su intervención, orientación teórica y recursos empleados. Aunque muchos de ellos carecen de una evaluación de resultados mínimamente rigurosa, los datos disponibles proporcionan información relevante sobre qué tipos de intervención resultan más eficaces así como los retos a los que aún no se ha dado respuesta. En el caso de nuestro país, la ausencia de datos acerca de la eficacia de los programas de capacitación parental que actualmente se están desarrollando en los Servicios Sociales es prácticamente total. Gran parte de los equipos y profesionales que trabajan en Servicios Sociales, incluyendo a los psicólogos, dedican sus esfuerzos a "hacer", a "trabajar" con los menores y las familias, sin llevar a cabo ningún tipo de evaluación de los resultados de su intervención más allá de una valoración subjetiva -en general muy superficial- de la evolución de cada menor y cada familia. En un ámbito de trabajo como éste, donde las necesidades superan ampliamente los recursos disponibles, es necesario saber si lo que se hace es eficaz o no, con qué tipo de personas lo es y con cuáles no, de qué factores depende, si los resultados obtenidos se mantienen en el tiempo o no, etc. Evaluar los programas de intervención de forma rigurosa es la única forma de avanzar en el conocimiento y lograr progresivamente la máxima eficacia y eficiencia en nuestra intervención, y los psicólogos estamos capacitados profesionalmente no sólo para la actividad diagnóstica y terapéutica, sino también para este otro tipo de tareas.

El papel de los psicólogos se desarrolla a lo largo del proceso de intervención de los Servicios Sociales, enfrentándose a importantes retos tanto si trabajan en instituciones públicas como privadas. Los psicólogos han debido y deben adaptar sus presupuestos y métodos de trabajo a este contexto particular: han debido aprender a desarrollar su intervención dentro de un marco y normativa legal concretos, a trabajar desde y con la administración pública –algo no exento de dificultades-, a intervenir desde contextos coercitivos, con personas que inicialmente rechazan o se muestran resistentes a su intervención, con personas con dificultades para la introspección, y en plazos de tiempo lo más breves posible. Han debido aprender también a trabajar en equipo y de forma coordinada con otros profesionales (trabajadores sociales, educadores, letrados, etc.) e instituciones (juzgados, cuerpos y fuerzas de seguridad, servicios sociales municipales y especializados, etc.), que en muchas ocasiones funcionan desde presupuestos y con objetivos muy diferentes. Han debido y deben aprender a manejar la información, transmitirla adecuadamente a otras personas o instancias, y modificar el marco tradicional de relación con los clientes/pacientes en varios aspectos importantes, entre ellos los relacionados con la confidencialidad de la información. Todas estas cuestiones, además de la complejidad y particularidades de las tareas que los psicólogos tienen asignadas en la investigación, evaluación e intervención en situaciones de desprotección infantil, obligan a los profesionales de nuestra disciplina a disponer de una formación y capacitación adicional a la proporcionada en el actual pregrado. La necesidad de una preparación específica y de actualización permanente es, al igual que en otros ámbitos de trabajo, requisito imprescindible para poder desarrollar estas tareas con las mínimas garantías de calidad.

El artículo original puede consultarse en la revista Papeles del Psicólogo:

Arruabarrena Madariaga, M. I. (2009). Procedimiento y criterios para la evaluación y la intervención con familias y menores en el ámbito de la protección infantil. Papeles del Psicólogo, 30, 13-23.

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