Amnistía Internacional, como organización que trabaja en pro de los derechos humanos en todo el mundo, dedicando una especial atención a los colectivos más vulnerables, publicó un informe el pasado 15 de diciembre de 2009: Si vuelvo, ¡me mato! Menores en centros de protección terapéuticos, fruto de la investigación realizada en el marco de su campaña Exige Dignidad sobre la situación de los menores que se encuentran en centros de protección terapéuticos de las Comunidades Autónomas de Andalucía, Cataluña y Madrid.

Hace ya veinte años que se ratificó a nivel universal la Convención sobre los Derechos del Niño, que se fundamentan en cuatro principios básicos: la no discriminación, el interés superior del menor (ante cualquier decisión que se tome desde las instituciones públicas, privadas o judiciales), el derecho intrínseco a la vida, la supervivencia y el desarrollo y el derecho a ser escuchado. Dentro estos derechos, merece especial atención el Derecho a la Salud, según el cual, "los Estados Partes reconocen el derecho del niño al más alto nivel posible de salud y a servicios para el tratamiento de enfermedades y a la rehabilitación de la salud. Los Estados Partes se esforzarán por asegurar que ningún niño sea privado de su derecho al disfrute de los servicios sanitarios".

Los menores que se encuentran en este tipo de centros presentan una situación muy especial, puesto que son responsabilidad del Estado y, como tal, según se especifica en el informe de Amnistía Internacional, "...los Estados han de considerar que su función consiste en cumplir unas claras obligaciones jurídicas para con todos y cada uno de los niños [...] lo que se traduce en que el Estado tiene la obligación de Respetar, Proteger (utilizando todas las medidas –legislativas, sociales, administrativas- a su alcance) y Realizar, en el sentido de promover y garantizar los derechos del niño". 

Así, el objetivo de estos centros es eminentemente terapéutico, es decir, pretenden dotar al menor de las capacidades suficientes para su reintegración en la sociedad, subrayándose la protección contra el castigo corporal, cruel o degradante.

A este respecto, Amnistía Internacional denuncia que en algunos centros de protección terapéuticos de estas tres Comunidades Autónomas se vulneran los derechos humanos de los menores reconocidos a nivel internacional. En concreto se destacan las siguientes conclusiones recogidas en el Informe que se está comentando:

  • Amnistía Internacional denuncia en su informe que, tanto a nivel estatal como autonómico, existe un claro desconocimiento del número de menores que se encuentran en esta situación. Este hecho, tal y como se subraya en Informe, situaría a estos niños en una situación de "invisibilidad" ante el sistema de protección español, lo cual incrementaría aún más su desprotección o vulnerabilidad, puesto que, al no existir mecanismos de supervisión independientes, estos menores pueden ser objeto de abusos y violación de sus derechos.

Por otro lado, a pesar de que las Administraciones están invirtiendo una cantidad elevada de recursos económicos en estos chicos (3.080€/mes o 9.000€/mes para cada menor que se encuentra en un centro de protección público o privado, respectivamente), esta inversión no supone un aumento de la calidad, eficacia o satisfacción del servicio. Así, parece que estos centros, más que un carácter rehabilitador, tienen una estructura basada en la vigilancia, el control y la contención (disponen de rejas, puertas de acero, celdas de aislamientos, etc.), los profesionales, en muchas ocasiones, no tienen la formación necesaria y especializada, se constata la falta de personal médico especializado, los trabajadores presentan un elevado riesgo de sufrir Burnout derivados de las condiciones laborales de su contrato, hacinamiento de los menores, políticas de negación o dificultad para la inspección y supervisión.

  • Por otro lado, el informe de Amnistía Internacional se denuncia la existencia de situaciones que violan los derechos de estos menores –como por ejemplo, el derecho a ser escuchado, el principio de interés superior del menor o el derecho intrínseco a la vida- porque los procesos de toma de decisiones que llevan a cabo las Administraciones no se fundamentan en dichos principios. Así, es relativamente habitual que no se informe al menor ni a sus familiares del porqué de estas decisiones, que se practiquen medidas disciplinarias fundamentadas en el castigo, en la contención física y mecánica, e, incluso, química.
  • Finalmente, este Informe denuncia también que se vulnera también el Derecho a la Salud de los menores. A pesar de que encontrarse en un centro de protección bien por provenir de una situación de exclusión social bien por presentar trastornos de conducta no implica que el menor no tenga la capacidad y el hecho a tomar sus decisiones respecto a su salud, se han detectado importantes prácticas negligentes. Así, es importante que en ocasiones no se realiza el diagnóstico adecuado, bien por falta de recursos especializados para ello o bien por la ausencia de un seguimiento adecuado; igualmente, es habitual no informar del diagnóstico ni sobre el tratamiento farmacológico que van a recibir y los efectos secundarios que pueden experimentar, para que el menor pueda tomar una decisión informada a este respecto. Por el contrario, el Informe denuncia que, en muchos casos, la medicación es de carácter forzoso e indiscriminado o bien se utiliza medida de contención.

Todas estas características, según concluye Amnistía Internacional en su informe, perpetúan el llamado Círculo de la Exclusión. Efectivamente, la mayoría de estos menores (aproximadamente un 70%) provienen de entornos sociales desprotegidos (caracterizados por la exclusión social y la marginación), lo cual aumenta la probabilidad de alejamiento de su derecho a la salud y a la educación. Si esta situación también se perpetúa en los centros de protección, lo que en realidad se está facilitando es que estos menores se mantengan en una situación de vulnerabilidad, desprotección, y exclusión social y económica. 

Las conclusiones de este Informe coinciden plenamente con las del Informe del Defensor del Pueblo 2009 sobre la desprotección y el abuso de los derechos del niño en los menores en centros de protección terapéuticos, que se presentó ante la Comisión Mixta en febrero de 2009, así como con las recomendaciones que el Comité Contra la Torturá dirigió a España el pasado 19 de noviembre de 2009 por el incumplimiento de los artículos 11 (aislamiento) y 12 (administración de fármacos) de la Convención de los Derechos del Niño.

Para solucionar esta situación, Amnistía Internacional recomienda a todas las Administraciones, instituciones o empresas implicadas, ya sean de carácter nacional o autonómico o de carácter público o privado, que se inicien esfuerzos para hacer más visibles a los menores que se encuentran en el sistema de protección, dar una atención adecuada a los menores con trastornos de conducta, lo cual implicaría el desarrollo de las siguientes medidas:

  • Regular el funcionamiento de los centros de protección terapéutica. A este respecto, Amnistía Internacional propone la necesidad de incluir en el diseño del Plan Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia 2010-2013 la situación de los menores con trastornos de conducta y en dificultad social.
  • Establecer protocolos de actuación para investigar los abusos contra los menores internados en los centros terapéuticos del sistema de protección y medidas para garantizar el derecho al acceso y disfrute a la salud de los menores internados en los centros terapéuticos del sistema de protección.

Así, entre las medidas específicas que proponen, Amnistía Internacional reclama:

  • Este Plan debería desarrollarse desde una óptica multidisciplinar (educativa, sanitaria y social), de manera que se incremente la probabilidad de detectar de manera temprana estas situaciones y de abordar, siempre que sea posible en el propio entorno social y familiar del menor. Por ello, se reclama que, cuando la única solución sea el internamiento en un centro de protección, que esta decisión se tome con relación al diagnóstico que presente el menor y al centro que reúna las mejores cualidades para el desarrollo de una intervención eficaz acorde al problema que presenta.
  • Con el objetivo, de establecer medidas de supervisión sobre la adecuación del proceso iniciado con el menor, se demanda la creación de equipos técnicos independientes, integrados por un psicólogo, un psiquiatra y un trabajador social.
  • Entre las medidas más específicas que propone Amnistía Internacional se encuentra la demanda Finalmente, demandan la necesidad de disponer de profesionales especialmente preparados para esta área, lo cual implica la necesidad de fijar los estándares de selección y formación de los profesionales,las condiciones del centro, así como incluir programas de apoyo psicológico para prevenir los problemas relacionados con el desgaste profesional que puede suponer el trabajo en esta área.

Finalmente, destacar que Amnistía Internacional ha puesta en marcha una campaña para trasladar todas sus peticiones al Presidente del Gobierno. Para más información, consultar la Web www.actuaconamnistia.org.

Informe completo de Amnistía Internacional: Si vuelvo, ¡me mato! Menores en centros de protección terapéuticos

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