El pasado mes de junio de 2011, la Organización Mundial de la Salud, junto al Grupo del Banco Mundial, han publicado el primer Informe Mundial sobre la Discapacidad. Este documento, según indican en el prefacio del mismo la directora general de la OMS, Margaret Chan, y el presidente del Grupo del Banco Mundial, Robert B. Zoellick, se ha elaborado con el propósito de "proporcionar datos destinados a la formulación de políticas y programas innovadores que mejoren las vidas de las personas con discapacidades"; propósito que se desglosa en dos objetivos específicos: por un lado, pretende ofrecer un análisis exhaustivo de la relevancia sociosanitaria de la discapacidad y del estatus de as respuestas que, desde el Gobierno y la sociedad civil, se están proporcionando, y, por otro lado, ofrecer recomendaciones, avaladas por dichos datos, que promuevan la adopción de medidas eficaces que garanticen el cumplimiento de en el marco de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPC), que entró en vigor en mayo de 2008.

En este sentido, la relevancia de la discapacidad como problema sociosanitario viene definida por su elevada prevalencia y por las consecuencias negativas que esta condición tiene para el desarrollo vital de la persona.

Así, según los datos aportados por la Encuesta Mundial de Salud y por el informe de Carga Mundial de Morbilidad del pasado año 2010, se estima que un 15% de la población mundial (1000 millones de personas) padecen algún tipo de discapacidad, de las cuales el 2,2% presenta una discapacidad grave (190 millones de personas en el mundo). A este preocupante dato, se añade que las previsiones indican una tendencia al alza de estas cifras a lo largo de los próximos años, debido al envejecimiento de la población mundial y al incremento de los problemas crónicos de salud (diabetes, enfermedades cardiovasculares y trastornos mentales). 

Por otro lado, el impacto de esta condición en la calidad de vida y en la autonomía de estas personas es fundamental. A este respecto, si bien es cierto que ha habido avances en la inclusión de estas personas, éstos no han sido homogéneos, puesto que se evidencia que las personas que presentan una discapacidad intelectual o una enfermedad mental sufren una menor integración sociolaboral es menor integración frente a aquellas que presentan una discapacidad física.

En relación con las directrices de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPC) y de la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud (CIF), la OMS destaca en este Informe que los principales obstáculos para su cumplimiento y, por tanto, para garantizar la inclusión, la autonomía y los derechos de estas personas se encuentran en las siguientes áreas:

  • Políticas y normas insuficientes (educativas inclusivas, incentivos económicos, servicios de apoyo y de protección social, etc.).
  • Actitudes negativas: las creencias y prejuicios constituyen obstáculos para la educación, el empleo, la atención de salud y la participación social.
  • Prestación insuficiente de servicios sociosanitarios (disponibilidad y accesibilidad, coordinación, dotación insuficiente de recursos humanos y materiales, etc.).
  • Financiación insuficiente para la puesta en marcha de las políticas y planes de atención.
  • Falta de accesibilidad a múltiples edificios (públicos y privados), a los medios de transporte, a la información, etc.
  • Falta de consulta y participación en la toda de decisiones en cuestiones que afectan directamente a su vida.
  • Falta de datos y pruebas que permitan la comparación de la información disponible sobre la discapacidad y, especialmente, la constatación de los programas que ha demostrado su eficacia.

Por todo ello, la OMS en el Informe Mundial sobre Discapacidad insta a que los Gobiernos, la sociedad civil y las propias personas afectadas y sus familiares adopten medidas a nivel sociosanitario, en materia de educación y de empleo, así como para la creación de entornos favorables para la inclusión. En concreto, en este documento, se proponen las siguientes recomendaciones básicas:

  • Recomendación 1: Posibilitar el acceso a todos los sistemas y servicios convencionales (sociosanitarios, educación, empleo, etc.).
  • Recomendación 2: Invertir en programas y servicios específicos para las personas con discapacidad.
  • Recomendación 3: Adoptar una estrategia y un plan de acción nacionales sobre discapacidad.
  • Recomendación 4: Asegurar la participación de las personas con discapacidad.
  • Recomendación 5: Mejorar la capacidad de recursos humanos a través de políticas de educación, planes de formación y de contratación eficaces.
  • Recomendación 6: Proporcionar financiación suficiente y mejorar la asequibildiad.
  • Recomendación 7: Fomentar la sensibilización pública y la comprensión de la discapacidad.
  • Recomendación 8: Mejorar la recopilación de datos sobre discapacidad, en cuanto a su epidemiología y que permitan una comparación a lo largo del tiempo y entre países.
  • Recomendación 9: Reforzar y apoyar la investigación sobre discapacidad.

En conclusión, este documento analiza la situación actual de las personas con algún tipo de discapacidad, poniendo de relieve la presencia de algunos obstáculos que impiden alcanzar los criterios establecidos por el CDPD. Por ello, en consonancia la concepción de discapacidad como un estado que implica deficiencias, limitaciones de la actividad y restricciones para la participación, derivadas de la interacción entre un problema de salud (físico o mental) y factores personales de carácter actitudinal y socioambientales -propuesta por la CIF-, se realizan una serie de recomendaciones para solventar dichas dificultades.

Referencia:
Organización Mundial de la Salud y Grupo del Banco Mundial (2011). Informe Mundial sobre la Discapacidad. Disponible en:
www.who.int/disabilities/world_report/2011/report.pdf.

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