Tal y como hemos anunciado a través de Infocop, el Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos (COP), tanto de manera independiente como junto con la Sociedad Española de Psicología Jurídica y Forense (SEPJF), ha enviado diferentes escritos al Ministerio de Justicia denunciando determinadas circunstancias que están perjudicando a las competencias del psicólogo en el ámbito forense.

En los escritos enviados se ha hecho especial referencia a ciertas anomalías derivadas del diseño y aplicación de los protocolos de valoración en asuntos de violencia de género del Ministerio de Justicia, esto es, el Protocolo de Valoración Integral Forense de Violencia de Género y el Protocolo Médico-forense de Valoración Urgente del Riesgo de Violencia de Género (este último recientemente implantado en el mes de septiembre).

Para conocer de primera mano qué motivos y circunstancias han desencadenado esta situación, así como las reclamaciones realizadas, Infocop ha entrevistado a Ramón Vilalta, vocal de la Junta de Gobierno del COP y responsable del Área de Psicología Jurídica del COP.

 
Ramón Vilalta

ENTREVISTA

En una de las cartas enviadas al Ministerio de Justicia, el COP y la Sociedad Española de Psicología Jurídica y Forense (SEPJF) han denunciado "las prácticas de injerencia profesional en las competencias propias del psicólogo en el ámbito forense". ¿Podría explicarnos cuáles son los motivos que han llevado a esta situación?

El primer Protocolo de Valoración Integral ya había producido malestar en el colectivo de psicólogos forenses por su falta de participación en el mismo y por relegarnos a un papel secundario, en el que la medicina pretendía ejercer una especie de tutela sobre nuestro trabajo. El más reciente Protocolo de Valoración Urgente del Riesgo en Violencia de Género adolece de lo mismo: no se ha contado con los psicólogos para su planificación y esta nueva tarea -tradicionalmente realizada por nosotros- la asumen los médicos forenses.

Respecto a ambos protocolos (Protocolo de Valoración Integral y al Protocolo Médico-forense de Valoración Urgente del Riesgo de Violencia de Género). ¿Cuál es la función que tienen y qué imprecisiones se han observado desde la entidad colegial?

Dichos protocolos pretenden la obtención de los mejores medios de prueba en casos de violencia de género. Entendamos que no en todos los casos existe prueba médica y que la psicología forense resulta necesaria para la valoración de la huella psíquica y las secuelas de las víctimas. Además, nuestra experiencia en la obtención y validación de los testimonios resulta muy importante en este tipo de situaciones. El segundo protocolo (Protocolo de Valoración Urgente del Riesgo en Violencia de Género) pretende un informe rápido, que sirva para la gestión del riesgo una vez interpuesta la denuncia, es decir, adoptar medidas que prevengan nuevas agresiones en aquellos casos que lo precisaren. En este último, advertimos que se pretende una valoración muy compleja en un tiempo récord y sin medios humanos adecuados. Además, pensamos que se pueden crear falsas expectativas respecto a la fiabilidad de las predicciones de la conducta violenta, más aún, en dicho momento procesal, con los instrumentos que se proponen y con el tiempo limitado en que se realizaría tal informe.

¿Qué otros hechos, que están afectando también a la calidad de los resultados de las tareas periciales, se han denunciado ante el Ministerio de Justicia?

Estamos muy preocupados por cómo se está tratando a la psicología y a los psicólogos forenses en algunos Institutos de Medicina Legal (IML) y Clínicas Médico- Forenses (CLMF). Recibimos quejas de psicólogos a los que se les planifica su trabajo sin conocerlo, se les reducen arbitrariamente sus funciones y se incluyen sus resultados en un informe médico-forense, siendo sólo el médico el que acude a ratificación o a juicio, impidiéndose así a las partes que tengan acceso a las aclaraciones de índole psicológica que precisen. Evidentemente, el médico no puede asumir dichas funciones del psicólogo, ni privar a las partes el acceso a quien realmente ha realizado la tarea y que es responsable de lo que firma. Nos parece un proceder bastante alejado de lo recomendable en garantías científicas y jurídicas.

En conjunto, ¿cuáles son las reclamaciones, tanto del COP como de la SEPJF, que se han trasladado al Ministerio de Justicia?

La falta de participación de la psicología forense contribuye a que se establezcan protocolos de calidad cuestionable en asuntos propiamente psicológicos. Deseamos que se cuente con nuestro conocimiento científico y profesional, que se dirija la demanda al profesional mejor formado para ella. Si lo hacen, entenderán que cada profesional debe aportar su trabajo con independencia, dentro de un funcionamiento multiprofesional. Sorprende que los psicólogos que trabajan en los Institutos de Medicina Legal no cuenten con representación alguna en la organización de los mismos. Además, habría muchas más cuestiones que mejorar. Algunas deberíamos de consensuarlas, pero parece inadecuado, por ejemplo, que una tarea tan compleja como la psicología forense carezca en el momento actual de un circuito formativo común para todo el estado o que no se realicen periodos de prácticas supervisadas.

¿Cuál ha sido la respuesta por parte del Ministerio de Justicia a estas reclamaciones? ¿Y la de otras asociaciones implicadas, como el Sindicato de Médicos Forenses?

En primer lugar, señalar que ni en el primer protocolo (Protocolo de Valoración Integral) ni en el de reciente implantación (Protocolo Médico-forense de Valoración Urgente de Riesgo de Violencia) han reclamado nuestro consejo. Si la puesta en marcha del primer protocolo nos pilló de sorpresa, en el actual nos enteramos a tiempo exclusivamente por nuestros propios medios. Ofrecimos ayuda y se desdeñó. La prueba de que merecíamos ser oídos y que las tareas nos eran propias está en cómo se recurre a la psicología para fundamentar el protocolo y cómo responde el Sindicato de Médicos forenses cuando reconoce que nunca antes habían asumido dichas tareas de predicción del riesgo. Se trata de labores muy complejas y que exigirían otro formato de intervención para tener validez.

¿Podría describirnos cuáles son las tareas habitualmente asignadas a los profesionales de la psicología que llevan trabajando desde hace más de 25 años en la Administración de Justicia? ¿Cómo está afectando esta situación a su quehacer profesional?

Desde hace 25 años, se ha ido ampliando progresivamente la presencia y funciones de los profesionales de la psicología en la Administración de Justicia. Actualmente, se sirven destinos en juzgados de familia, de menores, de vigilancia penitenciaria, de incapacidades, en oficinas de atención a víctimas, decanatos con funciones mixtas en ámbito civil y penal, etc. Los psicólogos realizamos informes psicológicos forenses que sirven para ayudar a determinar custodias y visitas de hijos en procesos de divorcio, medidas educativas en menores infractores, beneficios penitenciarios de reclusos, capacidades y autonomía en presuntos incapaces, atención psicológica a víctimas, determinación de aptitudes intelectuales y volitivas en imputados en delitos, informes de secuelas psicológicas de víctimas, credibilidad del testimonio en víctimas de agresiones sexuales, detección de la simulación, etc.

Afortunadamente en estos destinos no está sucediendo lo mismo y los psicólogos más perjudicados están en algunas CLMF, donde están sometidos a fuertes presiones laborales. En otros IMLs y CLMFs se respetan escrupulosamente las tareas y la independencia del psicólogo.

Como responsable del Área de Psicología Jurídica del COP, ¿cuál es el sentir de la comunidad de psicólogos que trabajan en este ámbito en relación con estos acontecimientos? ¿Qué medidas adicionales se van a poner en marcha desde la organización colegial para el restablecimiento de esta situación?