Tal y como hemos anunciado en Infocop, el Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos (COP) ha puesto en conocimiento del Ministerio de Justicia, a través de diversos escritos, prácticas en el ámbito forense que se alejan de las garantías éticas y jurídicas y que interfieren o limitan las competencias profesionales de los psicólogos que trabajan en los servicios de la Administración de Justicia.

En estas cartas, remitidas a Doña Caridad Hernández García, directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, se ha hecho especial referencia a ciertas anomalías derivadas del diseño y aplicación del Protocolo Médico-forense de Valoración Urgente del Riesgo de Violencia de Género. Este protocolo, implantado el pasado 26 de septiembre de 2011, ha sido diseñado para la valoración del riesgo de violencia grave de los denunciados por violencia de género en un plazo de 72 horas, atribuyendo dicha tarea a médicos forenses mediante un procedimiento de recogida de datos y la aplicación de la Escala de Predicción del Riesgo de Violencia Grave contra la Pareja Revisada (EPV-R) del catedrático Enrique Echeburúa.

En las cartas enviadas al Ministerio de Justicia, el COP ha trasladado el profundo malestar del colectivo de profesionales de la psicología forense española, al haber sido excluidos del proceso de elaboración de esta herramienta y al haberse atribuido las competencias de evaluación psicológica a otros profesionales.

Por su parte, el propio Sindicato Profesional de Médicos Forenses -en una carta remitida a Dña. Caridad Hernández-, y a la cual ha tenido acceso Infocop, ha admitido que nunca antes habían realizado esta comprometida labor de valoración del riesgo de violencia y que carecen de la formación específica que requiere dicha tarea. A este respecto señalan: "se ‘llama a nuestra puerta’ para requerir, una vez más, nuestra colaboración y compromiso. Participación en una labor que, dada su especificidad, nunca hemos realizado hasta el momento actual: se trata de valorar por el médico forense, en el plazo de 72 horas, si existe un riesgo bajo, medio o alto de que una situación de violencia de pareja denunciada aboque a un homicidio o a un daño grave, para auxiliar al juez a tomar o no tomar medidas cautelares preventivas y, en su caso, cuáles serían dichas medidas". Además, reconocen que "los médicos forenses entendemos y somos sensibles a la lacra social que representa la violencia machista, pero no podemos omitir el rigor profesional que nos debe apartar de voluntarismos que lleven a actuaciones no suficientemente fiables".