A lo largo del pasado año 2014, se presentaron numerosas propuestas y preguntas formuladas ante la Mesa del Congreso de los Diputados, todas ellas orientadas a impulsar la Salud Mental a través de la actualización de la Estrategia en Salud Mental vigente, y conocer en qué estado de desarrollo se encontraba este proceso.

Esta proliferación de iniciativas surgió, principalmente, tras las declaraciones realizadas por el Gobierno mediante respuesta por escrito, sobre las acciones que se estaban llevando a cabo en relación con dicha Estrategia, y ante la inquietud de algunos grupos parlamentarios por la incertidumbre sobre la puesta en marcha y materialización de los objetivos propuestos por el Ejecutivo.

A este respecto, el Grupo Socialista presentó, a finales de octubre, una Proposición No de Ley para el impulso de la Salud Mental en el Sistema Nacional de Salud (SNS), a través de la cual instaba al Gobierno a elaborar una nueva Estrategia de Salud Mental bajo principios de universalidad, equidad, eficiencia, solidaridad e integración, con el propósito de “revitalizar una Salud Mental con un enfoque multidimensional, una respuesta multiprofesional, una orientación asistencial comunitaria, con la debida continuidad de cuidados, con la necesaria atención y apoyo en el ámbito domiciliario, con prestaciones y servicios alternativos a la institucionalización y dando un papel imprescindible a las intervenciones psicológicas y psicosociales, y al trabajo de prevención, denunciando el empobrecimiento terapéutico y la respuesta farmacológica como principal instrumento”.

En su texto, el PSOE se hacía eco de las “enormes insuficiencias” que tiene en la actualidad el sistema sanitario para atender a los problemas de Salud Mental, traducidas en un deterioro en su capacidad para actuar de manera preventiva y como método de detección precoz, así como a la hora de dar una respuesta eficaz a este tipo de problemas. Todo ello, según el Partido Socialista, debido en gran parte, a los recortes presupuestarios llevados a cabo por el Gobierno como consecuencia de la crisis económica, los cuales dejan entrever su “falta de prioridad hacia los servicios de Salud Mental”.

Por esta razón, instaba al Ejecutivo a elaborar una nueva Estrategia de Salud Mental con horizonte temporal desde 2015 a 2020, derogando las medidas normativas que “han condicionado el deterioro de la capacidad de respuesta en el ámbito de la salud mental de nuestro sistema sanitario” y que “están perjudicando de manera importante a la población”.

Esta PNL se debatió en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales del Congreso tan solo un mes después de su presentación, y contó con el beneplácito de Convergència i Unió (CIU) y el Grupo La Izquierda Plural (GIP). Durante su intervención, CIU resaltó la importancia de realizar una auténtica evaluación de la anterior Estrategia, teniendo en cuenta las acciones que se están llevando a cabo en esta misma línea en otras Comunidades Autónomas -entre ellas, el Plan Integral de Atención a las personas con trastorno mental y adicciones, aprobado en julio de 2014 por el Gobierno de la Generalitat de Catalunya-, y manifestó su apoyo expreso a la PNL, señalando que la Salud Mental es “la asignatura pendiente que tenemos en Sanidad”.

Por su parte, GIP afirmó que la Salud Mental es “una de las parientes pobres del Sistema Sanitario” que aún “permanece retrasada” frente al resto de especialidades, y planteó una enmienda de adicción a la PNL, por la que se proponía como base de la Estrategia de Salud Mental “la realización de la pertinente segunda evaluación de la Estrategia 2006, mediante un procedimiento objetivo, con la participación de administraciones, sociedades científicas, asociaciones de usuarios y familiares”.

Por otro lado, el Partido Popular propuso un texto alternativo al que se debatía, sustituyendo la idea de elaborar una nueva Estrategia en términos de actualización de la ya existente. El PP justificaba su enmienda como “mejora técnica”, ya que, a su parecer, no procedía el diseño de otra Estrategia, sino la revisión y desarrollo de la actual, con un enfoque “multidimensional y multiprofesional”, y una orientación asistencial comunitaria “con la debida continuidad de cuidados y con alternativas a la institucionalización”, teniendo en consideración la investigación, la capacitación de los profesionales y la participación de los pacientes, así como la prevención y la adecuación de tratamientos, sin entrar en detalle en el papel de las intervenciones psicológicas y psicosociales, ni en la denuncia el empobrecimiento terapéutico y la respuesta farmacológica como principal instrumento que plantea la iniciativa del PSOE.

Asimismo, tal y como ha venido argumentando en diferentes ocasiones en relación con las acciones que ya se están llevando a cabo para actualizar la Estrategia, el PP recordó nuevamente que la evaluación se encontraba en período de finalización de recogida de datos, a partir de los cuales, una vez revisados y validados, planea elaborar un primer informe que, tras recibir las aportaciones de los Comités de la Estrategia, “se presentará en el primer trimestre de 2015 para su aprobación al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud”.

Esta modificación por parte del PP fue desestimada por el PSOE, al considerar que no encajaba con su planteamiento, y la PNL se debatió únicamente con la enmienda de GIP, quedando rechazada por la mayoría absoluta del Partido Popular, con 23 votos en contra y 19 a favor.

Para ver el debate de la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales pincha el siguiente enlace:

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