En estas fechas pre-navideñas, es habitual que las distintas instituciones hagan un balance de lo que ha sucedido en el año que ha pasado, valoren lo conseguido y fijen los objetivos que aún deben alcanzarse. En esta ocasión, sin embargo, el período temporal que debo analizar será diferente, ya que en este diciembre, el final de un año coincide con el ocaso de una legislatura. El día 20, se convocan elecciones y cada partido político se apresta a prometer lo que va a hacer si resulta ganador y puede llevar a cabo su programa electoral. Parece razonable que en esa tesitura, los psicólogos conozcan y analicen la evolución que han tenido, en estos cuatro años, los temas que les preocupan, y cuya solución se insinuó, aseguró o prometió al principio de este mandato popular.

La anterior etapa de mayoría absoluta del PSOE concluyó con dos iniciativas legislativas muy importantes para nuestra profesión, inspiradas por dos partidos distintos, uno en la oposición y el otro en el Gobierno. El 19 de Abril de 2011, el Grupo Parlamentario Popular presentó una PNL (Proposición no de Ley) en la que reclamaba al Gobierno que adoptara las medidas necesarias para regular la figura del psicólogo educativo.

Francisco Santolaya Ochando

Además, se le requería para que modificara la especialidad docente “Orientación Educativa” y se sustituyera por la especialidad docente de “Psicología y Pedagogía”. La PNL no fue aprobada, ya que contó con los votos en contra del PSOE, mayoritario en aquel momento, pero expresaba claramente una voluntad política del PP. Posteriormente, el 5 de Octubre de 2011 se publica la Ley General de Salud Pública que, en su disposición adicional séptima, regula la Psicología en el ámbito sanitario. Esa disposición fue aprobada por unanimidad de Congreso y Senado. En el texto de esa norma se recogía con toda claridad la necesidad de regular el Grado de Psicología, además de crear la profesión de Psicólogo General Sanitario y establecer su vía de acceso a través de un máster.

Hasta el momento actual, el PP no ha desarrollado la PNL que presentó en el Congreso de los Diputados en el 2011. Nada se ha hecho en el campo de la Psicología Educativa, a pesar de que, en la actualidad, con mayoría absoluta, no habría habido obstáculo alguno para hacerlo. Las organizaciones de psicólogos más representativas de la Psicología Educativa tampoco han sido convocadas para dar su aportación en el Libro Blanco que se ha confeccionado recientemente. Hemos hecho múltiples debates en este ámbito de la educación, en los que se muestra, una y otra vez, la necesidad de consenso y de un pacto por la educación, pero también la confusión sobre el papel de la Psicología dentro del sistema. Desde luego, visto desde la distancia, podría pensarse que la claridad de ideas de la PNL no fue más que una añagaza electoral.

En lo que se refiere al desarrollo de la disposición adicional séptima de la Ley de Salud Pública, puede decirse que se ha hecho el trabajo a la mitad. El 14 de junio de 2013 se publicó la Orden que establece los requisitos del máster de Psicología General Sanitaria. Pero sigue sin regularse el Grado, a pesar de que la Ley daba el plazo de un año al Gobierno. La regulación del Grado es para nosotros muy importante, ya que la situación actual, en la que no hay un catálogo de títulos, ha forzado a que la norma que rige el acceso a la especialidad pase de exigir el título de Licenciado o Graduado en Psicología a un Grado dentro de un nebuloso e indeterminado ámbito de la Psicología, lo que ha conducido el absurdo de que personas con el título de Psicopedagogía, titulación que nada tiene que ver con la Psicología, se hayan podido presentar a las plazas PIR. También introduce confusión en el acceso al máster, ya que la Disposición adicional séptima habla de un Grado en Psicología que no tiene virtualidad legal, dado que no hay una Orden Ministerial que desarrolle su creación en la Ley de Salud Pública. No es fácil encontrar explicación racional que dé cuenta fielmente de la causa de este incumplimiento. ¿Desinterés por una profesión con casi 70.000 colegiados y 60.000 estudiantes?

Dentro también del campo sanitario, recientemente se ha dado a conocer el nuevo documento sobre la Estrategia de Salud Mental. En dicho documento, en el que han tenido participación destacados psicólogos clínicos, se aprecian signos importantes de cambio a la hora de facilitar el acceso a los tratamientos psicológicos por parte de la población. Esta es una buena noticia. Pero también en el mismo documento, se observa cierto sesgo a favor de una visión reduccionista del tratamiento de las personas con adicciones, que pasa por alto o deja de lado una valoración más justa y adecuada de las redes de tratamiento actuales, en las que los psicólogos son una pieza fundamental. En conjunto, el texto de la Estrategia puede considerarse positivo para la atención psicológica, lástima que sea un documento orientador y no determinante de la actuación política y gestora que llevan a cabo las verdades autoridades del sistema en el nivel autonómico. Y en ese ámbito, los resultados son desalentadores, baste ver la evolución del empleo en el sector público en estos años.

En el importante campo de la Psicología Jurídica, había muchas esperanzas al principio de la legislatura, que han quedado defraudadas por resultados muy magros o escasos. No se ha conseguido lo que inicialmente se había anunciado, la consolidación de la Psicología Jurídica como un área profesional reconocida, con un máster de acceso específico, y pleno reconocimiento dentro de los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IML). Los psicólogos están desempeñando un papel destacado en varios ámbitos de la Justicia: menores, atención a víctimas, vigilancia penitenciaria, etc. La Ley Orgánica del Poder Judicial, publicada el 22 de Julio de 2015,  en los artículos que hacen mención a los IML mencionan la “posibilidad” de que estos Institutos incluyan psicólogos. Cualquiera que conozca la realidad actual de la actividad de los psicólogos dentro de la Justicia, coincidirá con nosotros en que esta parca mención es un signo de discriminación y una ofensa gratuita a la presencia real y relevancia que esos profesionales tienen dentro de la Administración de Justicia.

No hay espacio para ir haciendo un recorrido pormenorizado por otras muchas iniciativas legales o normativas desarrolladas en esta legislatura, en las que el Consejo General de la Psicología ha tenido intervención, con desigual fortuna. Caben mencionar el RD 967/2014 sobre homologación, equivalencia y correspondencia MECES, el Proyecto de Ley del Estatuto de la víctima del delito, el Protocolo de Actuación para la Valoración del Riesgo de Violencia de Género,  el Anteproyecto de Ley sobre el ejercicio de la corresponsabilidad parental, la Ley de discapacidad, y otras muchas. He dedicado el espacio en esta editorial a aquellas que estimo que tienen un mayor impacto para la profesión. No haré un balance final. Nuestra organización colegial no va a entrar en el debate partidista. No es esa nuestra función. Creemos, además, que debemos ser respetuosos con la pluralidad de opciones políticas de nuestros colegiados. Pero no podemos sustraernos al deber de decir simplemente lo que, a nuestro juicio, se ha hecho bien, no se ha hecho, o se ha hecho mal. Creo que con lo que he dicho hasta aquí, los psicólogos pueden tener más elementos de juicio que informen el voto que emitirán el próximo día 20 de diciembre.

Gobierne el partido que gobierne a partir de 2016, es voluntad de la Junta de Gobierno de este Consejo, hacer al menos una evaluación anual de las gestiones realizadas por el Gobierno de la nación que apoyen o inhiben el desarrollo de nuestra profesión.

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