Despedíamos el mes de septiembre celebrando, por fin, la aprobación del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género por parte del Congreso de los Diputados. Se trata de un acuerdo muy importante en lo que se refiere a la lucha por la erradicación de esta enorme lacra social, que ha implicado la consulta a numerosas partes y organizaciones de cara al desarrollo del texto final, entre las cuales ha estado incluido el Consejo General de la Psicología de España.

Desde la organización colegial valoramos de manera positiva el paso que supone la adopción de un compromiso nacional orientado a combatir este tipo de violencia, así como el que se hayan recogido algunas de las medidas sugeridas por este Consejo General en su comparecencia del mes de abril ante la Subcomisión parlamentaria que ha venido debatiendo la elaboración del Pacto.

Entre estas medidas, aplaudimos el hecho de que se haya tenido en cuenta que en los casos en que exista una sentencia firme o esté incursa una causa penal por malos tratos o abusos sexuales, no sea necesario el consentimiento del progenitor agresor para que los y las menores puedan recibir asistencia psicológica o se haya recogido indirectamente la necesidad de aumentar el número de profesionales de la psicología, al señalar que deben reforzarse los equipos psico-sociales para que magistrados y fiscales cuenten con los informes necesarios evitando el colapso de los juzgados.

Francisco Santolaya Ochando

Al mismo tiempo,  no podemos dejar de lamentar que, finalmente, hayan quedado excluidas algunas de las propuestas presentadas de cara a garantizar la calidad de la atención integral de las víctimas, muy particularmente las relacionadas con la propuesta de implementación y desarrollo de programas de preventivos. Asimismo, dada la enorme importancia que la valoración y atención de los aspectos psicológicos tienen en el abordaje de esta problemática, el Consejo entiende que hubiera sido importante que el pacto garantizase explícitamente:  1) que la atención psicológica se presta por psicólogas y psicólogos, regulándose el Grado en Psicología (como establece la Ley de Salud Pública) para que pueda ser exigida esta cualificación como requisito en las contrataciones públicas de los profesionales que la prestan; 2) la creación de un Centro Técnico de referencia estatal en materia de prevención de violencia de género que promueva la aplicación en todo el país de programas preventivos basados en la evidencia científica; 3) que los profesionales de la psicología intervengan en el desarrollo y aplicación de los protocolos forenses de valoración del riesgo de Violencia de Género (ahora realizados sólo por médicos forenses), y que los juzgados dispongan de psicólogos de guardia para realizar esa labor, con el propósito de reforzar la detección de la peligrosidad de los maltratadores para decretar su prisión preventiva y evitar más agresiones y asesinatos; 4) el desarrollo de programas de reeducación y reinserción social de los maltratadores con psicólogos profesionales bien cualificados; 5) el incremento del número de profesionales de la psicología en las Oficinas judiciales de Atención a las Victimas y otros dispositivos que intervienen en estos casos. Esta demanda se ha reflejado parcialmente en el Pacto, al incluirse que se refuercen los equipos psico-sociales para que magistrados y fiscales cuenten con los informes necesarios evitando el colapso de los juzgados. Sin embargo en los demás servicios y ámbitos donde conviene que actuemos no se establece claramente la necesidad de una mayor intervención psicológica.

Para finalizar, queremos de nuevo señalar desde la organización colegial la importancia de que se hayan llegado a los acuerdos necesarios para poner en pie un pacto de estas características y confiamos en que estas cuestiones se tengan en cuenta de cara a futuros avances y reformulaciones del Pacto.

Como quiera que sea, la organización colegial, como representante de una profesión como es la psicología, desde la que tanto  se puede ofrecer con el propósito de prevenir la violencia de género y prevenir sus efectos comenzando desde la infancia, continuará haciendo y favoreciendo todo lo que esté en su mano por luchar contra la violencia de género, y velará porque todos los profesionales se mantengan informados y formados en esta materia.

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