"La tartamudez es un trastorno de comunicación que afecta a la fluidez del habla, tiene sus comienzos en la niñez y puede llegar a durar toda la vida. Está acompañada de tensión muscular en cara y cuello, miedo y estrés, y su causa es multifactorial: existen factores fisiológicos, genéticos y sociales. Puede afectar a algunas actividades cotidianas, pero en la mayoría de los casos los problemas de comunicación perjudican a casi todos los quehaceres y ello conlleva limitaciones y exclusiones en la participación social".

Con esta definición, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta una Proposición no de Ley, registrada en la Mesa del Congreso de los Diputados, sobre medidas relacionadas con el trastorno de la tartamudez.

Tal y como advierte en su texto, al estigma de este trastorno (asociado a falta de inteligencia y habilidades) se añaden los efectos psicológicos que conlleva, “afectando al estado de ánimo de las personas que la sufren de forma continua y llegando a ser la causa de un importante aislamiento social”.

Por este motivo, y dado su inicio temprano (entre los dos y cuatro años de edad), el Grupo Parlamentario hace hincapié en la importancia y necesidad de un diagnóstico y tratamiento precoces, por parte de profesionales expertos, principalmente, logopedas y psicólogos.

Para dar cuenta de la prevalencia y consecuencias de la tartamudez, se expone en la iniciativa una serie de datos pertenecientes a la Fundación Española de la Tartamudez, que cifran este trastorno en 800.000 personas aproximadamente en nuestro país, y advierten de la discriminación que sufre este colectivo en el ámbito laboral, sufriendo una tasa de paro superior a la media (“ocho de cada diez casos de personas con tartamudez no superan las entrevistas de selección para un empleo”). A este respecto, lamenta que, pese a que el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, garantiza un 2% de los puestos de trabajo en las empresas para quien tiene reconocida una discapacidad de al menos un 33%, no se reconozca este mínimo a las personas con tartamudez, no dando cobertura, consecuentemente, a su tratamiento.

En línea con la Fundación Española de la Tartamudez, subraya la trascendencia de visibilizar este problema y favorecer una toma de conciencia con respecto a los prejuicios todavía frecuentes, implicando a su vez a los poderes públicos en la atención de las personas que sufren este trastorno de comunicación. Con este fin ha presentado su iniciativa, a través de la cual insta al Gobierno a desarrollar una serie de medidas, entre ellas, la introducción de los y las profesionales logopedas, psicólogos y maestros de audición y Lenguaje necesarios en los ciclos educativos para ayudar a los niños y niñas con tartamudez y a sus familias, la inclusión de la tartamudez en la cartera de servicios sociales de la Seguridad Social y la revisión del baremo sobre la tartamudez para la obtención de la discapacidad, así como el desarrollo de planes específicos a favor de la inserción laboral de las personas con tartamudez, entre otras.

La iniciativa, que ha quedado pendiente de debate en la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad, puede descargarse desde el Boletín Oficial del Congreso (pág. 64), o bien directamente a través del siguiente enlace:

PNL sobre medidas relacionadas con el trastorno de la tartamudez

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