“Las medidas de austeridad en el Sistema Nacional de Salud -que incluyen las reducciones del gasto público en salud, los cambios estructurales en el sistema público de salud para reducir costes y las modificaciones en las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras de la salud-, han tenido como consecuencia un deterioro de la accesibilidad, la asequibilidad y la calidad de la atención de la salud en España”.

Esta es una de las conclusiones recogidas por Amnistía Internacional en un informe publicado recientemente, a través del cual analiza el impacto que han tenido sobre el Derecho a la Salud en nuestro país las medidas de austeridad introducidas por el Gobierno tras la crisis económica y financiera de 2008. Según advierte la Organización, estas medidas han tenido un impacto particular y desproporcionado en las personas de rentas más bajas y, especialmente, en las personas con enfermedades crónicas, las personas con discapacidad, las personas mayores y las que reciben tratamiento de salud mental.

Tal y como señala en su informe, las crisis económicas pueden provocar problemas de salud al afectar a la amplia variedad de factores socioeconómicos necesarios para llevar una vida saludable, conocidos también como factores subyacentes determinantes de la salud.

A este respecto, recoge una serie de datos en torno a la relación de algunos factores como el desempleo, la preocupación de no poder hacer frente a las hipotecas o el riesgo de desahucio, con problemas de salud mental -principalmente estrés y la ansiedad-, problemas de salud física, e incluso, en los casos más extremos, con el riesgo de suicidio.

A lo largo del documento, Amnistía Internacional expone algunos ejemplos que dan cuenta del deterioro de la accesibilidad, la asequibilidad y la calidad de la atención de la salud en nuestro país, fruto de las medidas de austeridad implementadas por el Ejecutivo en su momento.

Una de ellas, que ha contribuido al aumento de la carga económica de la atención sanitaria, es el copago sanitario, cuyos efectos negativos sobre el SNS, según indica Amnistía, han sido advertidos también por la OMS –quien prevé que “probablemente disminuya el acceso a la atención sanitaria”-, así como por la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) –que ya advirtió del riesgo de que “en un futuro puedan incluirse en la cartera servicios comunes del SNS (y, por tanto, requerir copago), servicios importantes para las personas supervivientes de cáncer, como la atención psicológica después de la enfermedad”-.

Asimismo, otra de las medidas más serias relacionadas con el acceso a la atención sanitaria y su calidad, ha sido la modificación de las condiciones de trabajo del personal sanitario y de la reducción de profesionales. En este sentido, exponiendo datos oficiales extraídos del Ministerio de Hacienda y Función Pública, el informe alerta de la disminución del número de profesionales sanitarios empleados por el SNS durante el período entre 2011 y 2014, con una pérdida de “casi 28.500 trabajadores y trabajadoras entre 2012 (cuando la cifra total era de 505.185) y 2014 (cuando la cifra total era de 476.689)”, incluyendo en estas cifras a todo el personal que trabaja en el Sistema Sanitario, entre ellos, psicólogos y psicólogas.

Todas las personas entrevistadas por Amnistía Internacional que recibían o habían recibido atención de salud mental a través del SNS revelaron que, desde el comienzo de la crisis, sus citas estaban más espaciadas y la demora para ver a su profesional de salud mental era mayor, lo que implicaba que sus síntomas y problemas no eran atendidos durante largos periodos, agravando a menudo su ansiedad. Pese a no contar con datos disponibles sobre los tiempos de espera generales para las citas con psiquiatras, psicólogos y psicólogas, según las personas expertas y las organizaciones de la sociedad civil que trabajan sobre atención sanitaria entrevistadas por Amnistía, la espera era de unos seis meses.

Por ende, en los años en que disminuyó el número de profesionales sanitarios, el informe observa un aumento de la cifra de consultas médicas de atención primaria, consultas de especialistas e intervenciones quirúrgicas. Consecuentemente, el aumento de la demanda de servicios de atención sanitaria, combinado con la reducción del número de profesionales sanitarios, afecta negativamente al tiempo que los profesionales pasan con cada paciente y a la calidad de la atención: la mayoría de los usuarios y usuarias del sistema de salud, entrevistados para este informe, expresaron dificultades para conseguir la atención que creían que necesitaban debido a la reducción en los tiempos de consulta. Esto, en opinión de Amnistía Internacional, “tiene especial impacto en los tipos de atención que pueden requerir mucho tiempo, siendo un ejemplo de esto la salud mental”. Así, todas las personas que recibían tratamiento de salud mental a través del SNS consideraban que el tiempo que pasaban con su psicóloga o psicólogo, médico, o psiquiatra, “se había reducido desde el comienzo de la crisis y era insuficiente”.

Este impacto también se ha hecho visible en el personal sanitario: aumento de sus horas de trabajo y su carga laboral, con una reducción de sus salarios reales y beneficios. Muchos de estos cambios han tenido un efecto particular y desproporcionado en las personas de rentas más bajas y, dentro de este grupo, en las personas con enfermedades crónicas, las personas con discapacidad y las que reciben tratamiento de salud mental. Además, en palabras de Amnistía Internacional, la forma en que estas medidas se desarrollaron y aplicaron “no cumplió los criterios elaborados por los órganos creados en virtud de tratados internacionales de derechos humanos”.

Atendiendo al impacto regresivo de las medidas de austeridad, combinado con la forma en que estas medidas se han desarrollado y aplicado, el informe concluye afirmando que España “ha violado el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental”.

El informe se encuentra disponible en la página Web de Amnistía Internacional, o bien directamente a través del siguiente enlace:

La receta equivocada: el impacto de las medidas de austeridad en el derecho a la salud en España 

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