“La dificultad para acceder a los servicios de Psicología, más que a cualquier otra especialidad sanitaria, pone en riesgo la salud mental de los jóvenes”.

Esta es una de las advertencias que realiza la Confederación Salud Mental España en su último informe sobre el Estado de los Derechos Humanos de las personas con trastorno mental, un documento recopilatorio anual donde se recoge la situación de los derechos de estas personas y sus vulneraciones, incluyendo logros, avances y recomendaciones en materia de salud mental en nuestro país.

Tal y como afirman sus autores, este informe 2017 pretende contribuir a arrojar luz en la situación de un colectivo que, por lo general, “se invisibiliza bajo el manto de los mitos, prejuicios y estereotipos, elementos que abonan el terreno para la proliferación de conductas discriminatorias de todo tipo que afectan gravemente a su inclusión social y calidad de vida”.

A continuación, resumimos las principales conclusiones del documento, estructuradas en base a los siguientes Derechos:

- Derecho de las mujeres a la igualdad y no discriminación

La perspectiva de género continúa siendo una asignatura pendiente en el ámbito de la salud mental. FEAFES alerta de la falta de cumplimiento de los estándares internacionales y de la exclusión “injustificable” de este enfoque en materia de salud mental, lo que perjudica la consecución del objetivo de igualdad de género. Según señala, la falta de formación en esta materia se acumula a la ya existente en salud mental, por lo que las vulneraciones de derechos se manifiestan unas veces con toda su crudeza y otras de forma más velada, pero siempre "de manera continuada y contribuyendo a la consolidación y aumento del estigma".

Estas vulneraciones son, entre otras, la ausencia de recursos de acogida específicos para las víctimas de violencia de género con trastorno mental, y los abusos sexuales y otras formas de violencia en lugares de custodia de personas con problemas de salud mental. A este respecto, se observa una mayor propensión a la violencia en sistemas cerrados, jerarquizados y lejos de la mirada pública. El informe indica que en estas situaciones se impone o autoimpone el silencio “por miedo a las represalias, la falta de protocolos que garanticen el acceso a la justicia y las barreras que se alzan por la falta de recursos de apoyo adecuados”, y lamenta la escasez de estudios que analicen el riesgo de victimización de las personas con problemas de salud mental.

Calificando la victimización violenta como un problema de salud pública grave, considera prioritario efectuar un diagnóstico riguroso de la situación de las personas con trastornos mentales, sometidas a diferentes formas de violencia ("abusos sexuales, agresiones físicas y psicológicas, violencia de género, acoso escolar, abandono o negligencia en niños y niñas, robos, etc."), en contextos de custodia que pueden ir desde los centros de reinserción laboral a los centros hospitalarios y penitenciarios.

FEAFES deplora que pese a la progresiva toma de conciencia social sobre las dimensiones de la violencia contra las mujeres con problemas de salud mental -considerada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como un problema mundial de salud pública-, aún hoy día se sigue cuestionando sistemáticamente su condición de víctimas bajo argumentos tales como “que su relato no es veraz debido a la descompensación psicopatológica, que son episodios que provocan ellas con su comportamiento o que si se visibiliza una situación de violencia, la mujer se puede descompensar, una idea extendida entre los profesionales de la salud que carece de fundamento científico”, por lo que su situación queda invisibilizada.

Algunas de las recomendaciones elaboradas en este punto son la realización de protocolos interinstitucionales de coordinación y derivación -tanto a nivel autonómico como local-, en los que se incluya a la Red de salud mental y las asociaciones de personas con trastorno mental (discapacidad psicosocial), la formación en violencia a todos los profesionales que realizan atención directa a mujeres con trastorno mental (discapacidad psicosocial), ofrecer una respuesta a estas mujeres cuando se han quedado fuera de los recursos de acogida y de los de atención psicológica especializada en violencia, o la creación de equipos interdisciplinares que trabajen coordinadamente, entre otras.

- Derechos de los niños y niñas

La dificultad para acceder a los servicios de Psicología, más que a cualquier otra especialidad sanitaria, pone en riesgo la salud mental de los jóvenes. Según FEAFES, la cantidad de menores de dieciocho años que están siendo diagnosticados de algún trastorno mental se está triplicando en los últimos años en algunas zonas del país, especialmente aquellas en las que se está prestando atención al problema. Entre los factores que inciden en este incremento se encuentra la propia evolución social que permite un diagnóstico precoz, cambios en las estructuras familiares, etc.

Tal y como destaca la Confederación Salud Mental España, una de las mayores vulneraciones en la infancia son los abusos sexuales. Para hablar de ello, recoge algunas de las conclusiones del informe “Ojos que no ven” publicado por la organización Save the Children, donde se denuncia los fallos del sistema a la hora de abordar la realidad invisibilizada de los abusos sexuales a niños y niñas en España, exponiendo sus graves consecuencias (“entre 6 y 8 víctimas de cada 10 se ven afectados/as a corto plazo en distinto grado, y en un porcentaje nada desdeñable de casos los efectos son tan intensos que llegan a provocar síntomas clínicos relevantes” (…) “la depresión es un trastorno más común entre aquellos y aquellas que sufrieron abusos sexuales en su infancia que entre los y las que no los padecieron; también entre los primeros hay una mayor incidencia de intentos de suicidio”).

FEAFES recomienda en su documento garantizar el derecho de los niños y niñas con problemas de salud mental a ser atendidos, crear una unidad especializada con equipos de intervención integral para facilitar el despliegue psíquico del niño o niña y la relación con su familia adoptante (“se trata de ir más allá de etiquetas diagnósticas y la medicalización para ver lo que los niños, niñas y adolescentes dicen con sus síntomas”), y aprobar una Ley Orgánica para la erradicación de la violencia contra la infancia.

- Toma de conciencia

La toma de conciencia sobre las graves vulneraciones y abusos que sufre el colectivo de personas con discapacidad es una cuestión de derechos humanos. Concretamente en España, las personas con trastornos mentales sufren una violencia insuficientemente tratada en las políticas públicas, normalizándose situaciones incompatibles con las convenciones y estándares internacionales de derechos humanos.

Estas carencias, en palabras de FEAFES, “tienen mucho que ver con la perspectiva médico-asistencial de la salud mental que conduce a no considerar el recorrido vital de las personas afectadas, desde las primeras etapas de la vida hasta la madurez”.

Ante este panorama, recomienda adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean pertinentes para prevenir actos o prácticas discriminatorios con el colectivo de personas con problemas de salud mental y sensibilizar a la sociedad para que tome mayor conciencia y se fomente el respeto de sus derechos y dignidad. Asimismo, insta a adoptar medidas para luchar contra los estereotipos, los prejuicios y las prácticas nocivas contra este colectivo, promoviendo la toma de conciencia sobre sus capacidades y aportaciones.

- Igual reconocimiento como personas ante la Ley

La promoción de la autonomía continúa siendo una asignatura pendiente en España. En la actualidad no existen figuras de asistencia para la toma de decisiones que respeten la autonomía, la voluntad y las preferencias de la persona, como podría ser la creación de un cuerpo de agentes facilitadores para garantizar el efectivo acceso a la justicia u otras figuras alternativas para promover la autonomía en el ejercicio de los derechos.

Según se expone en el informe, las únicas figuras que existen son las tradicionales figuras de guarda (tutela y curatela) que, en muchas ocasiones, son ejercidas en la práctica sin establecer distinciones y, por tanto, sustituyen la adopción de decisiones de la persona en el ejercicio de la capacidad jurídica.

A este respecto se recomienda, entre otras cosas, revisar las normas que regulan los procedimientos para la modificación de la capacidad de obrar, la tutela y la curatela, para adoptar normas y políticas por las que se reemplacen los regímenes de sustitución en la adopción de decisiones por una asistencia para la toma de decisiones que respete la autonomía, la voluntad y las preferencias de la persona.

- Derecho a la libertad y a la seguridad

El informe advierte también de los graves abusos y violaciones de su derecho a la integridad física y mental que sufren las personas con problemas de salud mental, que se producen, de forma específica, a través de medidas de ingreso involuntario y tratamientos “en principio dirigidos a corregir y aliviar su situación”: tratamientos forzados, medicación administrada sin su consentimiento libre e informado o en contra de su voluntad y que pueden tener efectos secundarios como temblores, estremecimientos, contracciones, apatía, etc., la denominada “terapia electroconvulsiva” y otras formas de tratamiento al efecto.

Una vulneración en este sentido es que pese a las llamadas de atención sobre el recurso al ingreso involuntario por razón de trastorno psíquico desde un enfoque de derechos humanos, en nuestro país “siguen creciendo exponencialmente los ingresos hospitalarios por esta causa”.

Para solventar esta situación, FEAFES aconseja revisar en profundidad nuestro sistema, a fin de proveer los mecanismos que permitan implementar las exigencias de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

- Derecho a la protección contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes

El informe denuncia la inexistencia de un protocolo de actuación único y de normas mínimas a nivel estatal sobre contenciones mecánicas. En este sentido, en línea con el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), señala que los lugares donde se encuentren personas privadas de libertad, tanto si se trata de corta, media o larga duración, deben cumplir con unos criterios mínimos o salvaguardias de carácter preventivo acordes con la normativa internacional e interna sobre la materia “que, además de contribuir a garantizar los derechos fundamentales, favorezcan una mejora de la situación y corrija las deficiencias que pudieran observarse”. Sin embargo, en el caso de las personas con problemas de salud mental (discapacidad psicosocial) “el estigma impregna todas las capas sociales, con lo que ello comporta en materia de vulneración de derechos humanos de un colectivo que, por el efecto de mitos y prejuicios, es considerado especialmente ‘conflictivo’, ‘difícil’ o ‘peligroso’”.

Recopilar datos de la población reclusa con trastornos mentales, controlar los medios coercitivos, prevenir el ingreso de personas con problemas de salud mental en prisión, establecer la actuación de los equipos multidisciplinares, diseñar planes individualizados de atención, o revisar los recursos dedicados a la atención y protección de los menores privados de libertad, son algunas de las recomendaciones expuestas en este informe.

- Respeto del hogar y de la familia

Algunas organizaciones denuncian que las cuestiones relacionadas con el hogar y la familia son un tabú, y las personas con trastornos sufren la discriminación en todas las facetas de su vida.

- Derecho a la salud

En este apartado, el informe hace hincapié en el documento emitido el pasado 2017 por el Relator Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, donde se aborda de manera específica el derecho de toda persona a la salud mental y se denuncia el frecuente descuido de la misma, al encontrarse con “barreras derivadas de una deficiencia real o supuesta”, por lo que estas personas se encuentran “extremadamente expuestas a las violaciones de los Derechos Humanos en los centros de salud mental”

Frente a esta situación, el Relator ya instaba a ampliar las intervenciones psicosociales eficaces en el ámbito comunitario, abandonando “la cultura de la coacción, el aislamiento y la medicalización excesiva” y facilitando la transición hacia la erradicación de todos los tratamientos psiquiátricos forzosos y el aislamiento, que conlleve “un cambio de paradigma basado en la recuperación y la atención comunitaria”.

FEAFES alerta aquí de la discrepancia entre el crecimiento en la demanda de asistencia en salud mental y la dotación de plantilla tanto en psiquiatras como en psicólogos clínicos y en enfermería de salud mental, así como de la falta de integración de las adicciones en el modelo sanitario de atención especializada. En esta misma línea, pone de relieve también los resultados preliminares del estudio PsicAP, que revelan que los y las pacientes de atención primaria con trastornos de depresión y ansiedad que siguen un tratamiento psicológico se recuperan en un 70% como media, frente al 25,8% de los que siguen el tratamiento habitual de la consulta de medicina de familia, generalmente con psicofármacos.

Discriminación por orientación sexual: efectos sobre la salud mental

La Confederación Salud Mental España alerta de las múltiples violaciones de derechos derivadas de actitudes, leyes y prácticas discriminatorias que sufren las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersex (LGBTi), y del impacto directo de esta vulnerabilidad en el disfrute de sus derechos. Parafraseando al Relator, recuerda que "estos grupos son objeto de exclusión social, estigmatización o humillación, lo que repercute negativamente en su estado de salud”.

Trastornos asociados a la salud mental materna y paterna: depresión postparto y duelo por la pérdida de un bebé

El informe hace especial mención a un problema “tan ignorado en nuestro sistema de salud como frecuente”: la depresión posparto.

Tal y como describe, la depresión posparto afecta a una de cada seis mujeres que dan a luz y es un trastorno que se caracteriza por una tristeza persistente y por la pérdida de interés en las actividades con las que normalmente se disfruta, así como por la incapacidad para llevar a cabo las actividades cotidianas, durante al menos dos semanas. Entre sus síntomas se encuentran los siguientes: pérdida de energía, cambios en el apetito, necesidad de dormir más o menos de lo normal, ansiedad, disminución de la concentración, indecisión, inquietud, sentimiento de inutilidad, culpabilidad o desesperanza, pensamientos de autolesión o suicidio, sentimiento de agobio, llanto persistente sin razón aparente, falta de lazos de afecto con el bebé, y dudas sobre la propia capacidad de cuidar de una misma y del bebé. El informe advierte de las consecuencias de la falta de tratamiento, pudiendo durar meses o incluso años, y afectando tanto a la salud de la madre como del recién nacido.

Asimismo, la pérdida gestacional o neonatal es una situación que conlleva lamentablemente un duelo silencioso para las familias, por un hijo o hija con el que se había establecido un vínculo, pero al que aún no se conocía. En estos casos el informe señala la trascendencia de contar con servicios de atención para elaborar el duelo por parte de la familia, como parte de la obligación que tienen los Estados de prevención y promoción de la salud mental.

Lamentablemente, una vulneración detectada es la escasez de recursos en España para tratar la salud mental materna. Una de las principales carencias en la prevención y atención de la salud mental  materna, señaladas por FEAFES es que apenas hay psicólogos en los equipos obstétricos o de neonatología: “es una carencia tremenda y dramática. Las familias a veces transitan situaciones durísimas, como la muerte gestacional (muerte del bebé en el útero o en el parto), sin apenas atención o apoyo psicológico”.

En este amplio punto que aborda el Derecho a la salud, el documento recomienda adoptar medidas inmediatas para establecer marcos participativos, inclusivos y significativos en la toma de decisiones en materia de salud mental, incorporando en la política pública un enfoque de derechos humanos (lo que el referido Relator Especial denomina “políticas de salud mental basadas en derechos”).

Pide también priorizar la promoción de la salud mental y la prevención en la política pública (aumentando la inversión para hacerlo posible), integrar las adicciones en el modelo sanitario de atención especializada, desarrollar un plan de prevención del suicidio, recopilar datos a nivel nacional para el desarrollo de análisis sobre la situación de las personas con trastornos mentales (discapacidad psicosocial) y evolución en los servicios de salud mental, invertir eficazmente en la salud de las personas y de la sociedad a fin de prevenir la discriminación de grupos en situación de vulnerabilidad por razón de su edad, discapacidad u orientación sexual, crear programas de psiquiatría perinatal y Unidades Madre-bebé donde ingresar de forma conjunta a las madres que requieren un ingreso psiquiátrico en el posparto (en consonancia con lo desarrollado en otros países europeos), incorporar profesionales de la Psicología Perinatal a los equipos de atención al embarazo y posparto, así como a los servicios de neonatología, desarrollar tratamientos integrales para las madres que incluyan Psicoterapia e incorporen al bebé y, en su caso, al padre o pareja, invertir en recursos de atención temprana y financiar de forma pública la salud mental, equiparándola a la salud física e incluyendo la salud mental y física de los y las cuidadores para mantener su bienestar y capacidad de cuidado, y promover el acceso a una atención a la salud mental de calidad para todos y todas, incluidos grupos vulnerables como migrantes (con independencia de su situación de residencia), personas con discapacidad, personas LGBTI, personas mayores, personas en situación de pobreza y víctimas de delitos, entre otros.

- Derecho al trabajo y al empleo

Las personas con problemas de salud mental se enfrentan a numerosas barreras para su integración laboral: los prejuicios negativos, los entornos laborales poco saludables y la falta de adaptación de los puestos de trabajo a sus necesidades, son algunas de ellas.

A este respecto, una de las vulneraciones encontradas es la baja tasa de empleo de las personas con problemas de salud mental, siendo, según los últimos datos del INE, el colectivo que presenta la tasa de empleo más baja de toda la discapacidad.

Como bien señala FEAFES, el empleo favorece la autonomía y contribuye a la construcción de la propia identidad, y, específicamente, en el caso de las personas con problemas de salud mental es además una herramienta para su recuperación y para formar parte activa de la sociedad.

Por ello, considera urgente mejorar, reforzar e impulsar medidas para que las personas con problemas de salud mental puedan acceder y mantener un empleo.

- Participación en la vida política y pública

El informe finaliza con este punto, lamentando que tras diez años de recorrido y de obligado cumplimiento de la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, casi 100.000 personas con problemas de salud mental, discapacidad intelectual o deterioro cognitivo, continúan sin tener reconocido el derecho al voto en España.

La recomendación que establece aquí, es la de evitar proteger limitando o restringiendo si existe la preocupación de que estas ciudadanas y estos ciudadanos puedan ser manipulados. De este modo, considera esencial reformular ese sistema proteccionista, “pues proteger no es apartar sino apoyar, y es fundamental la participación de la persona, que sea la protagonista y centro de su vida y de sus decisiones. No sustituir a la persona si no apoyarla y empoderarla”.

El informe completo se encuentra disponible en la página Web de FEAFES, o bien directamente a través del siguiente enlace:

Informe sobre el estado de los Derechos Humanos de las personas con trastorno mental en España 2017

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