Infocop Online ofrece a continuación a sus lectores, un resumen de los aspectos más interesantes de la intervención realizada por Julio César Sánchez-Fierro, Diputado en el Congreso por el Partido Popular (PP) y Secretario de Política Social y Bienestar del Comité Ejecutivo Nacional del PP, en el primer Desayuno de Infocop.

Este primer desayuno tuvo lugar en la sede del Consejo de Colegios Oficiales de Psicólogos, el pasado 23 de octubre, presentando como tema central de debate la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia.

Sánchez-Fierro quiso incidir de inicio en el hecho de que el tema de la protección social de las personas dependientes es una cuestión que se ha venido discutiendo de manera progresiva desde hace tiempo, a pesar de que ha sido más recientemente cuando ha adquirido la relevancia que tiene en la actualidad. El representante del PP señaló que esta ley no es tanto el fruto del acontecer político, sino más bien refleja la evidencia existente de que, en la población española, el conjunto de personas que presentan dependencia, así como el conjunto de las que se hallan en riesgo de padecerla, se ha ido incrementando progresivamente en los últimos años.

Apuntalando este dato, resaltó Sánchez-Fierro que las personas que presentan distintos tipos de discapacidad constituyen un colectivo muy importante en número, dado que en España superan los 3 millones de personas, y a nivel europeo se estima que del orden de 45 millones, lo que ha dado lugar, según sus propias palabras, a la constitución de un movimiento asociativo relevante que promueve y defiende los intereses de los afectados.

Según Sánchez-Fierro, el proyecto de ley presentado el pasado mes de abril (de 2006) abrió una etapa relevante desde el punto de vista de las decisiones, en la que los distintos grupos políticos parlamentarios entraron en acción. Aclaró que, como resultado de un largo proceso de tramitación de la ley, el proyecto se ha concretado en 47 artículos, más sus correspondientes disposiciones adicionales, derogatorias, etc., habiéndose introducido 55 modificaciones en el texto del citado proyecto de ley, no puramente formales. Entre éstas, destacó Sánchez-Fierro, tener un derecho subjetivo como tal, reconocer a los menores de tres años dentro de la propia ley (que sean titulares de derecho) o introducir financiación en base a convenios estables con cada comunidad autónoma, entre otras.

Desde el partido en oposición, se quiso remarcar que esta ley no puede ser exclusivamente una ley de protección de la dependencia, sino que debe ser una ley de verdadera promoción de la autonomía personal y de la prevención del riesgo de dependencia, terreno poco presente, según el grupo parlamentario, en la Cartera de Servicios. Sánchez-Fierro incidió en la preocupación de su agrupación política por que exista no sólo una buena Cartera de Servicios, sino también calidad en estos servicios, para lo que, apuntó, es imprescindible contar con la participación institucional tanto de las organizaciones empresariales y sindicales, como de organizaciones de discapacitados, mayores, ONG’s, etc.

En este sentido, el representante del Partido Popular, aclaró en intervenciones posteriores, que en la versión final de la ley, ya aprobada por el Congreso, aparece explícitamente contemplada la institucionalización de órganos evaluadores del sistema. Así, indicó el representante político, en el artículo 36.6 se contempla expresamente la participación de una comisión tripartita formada por un comité consultivo (empresarios, sindicatos y gobierno), del Consejo de la Discapacidad, el Consejo de Mayores y el Consejo Superior de ONG´s.

 

Julio César Sánchez-Fierro (PP)

También en intervenciones posteriores, frente a las preocupaciones y dudas expresadas por otros participantes en el encuentro acerca de cuáles van a ser los baremos de evaluación de los potenciales usuarios del sistema, el diputado señaló que un riesgo detectado ha sido que cada comunidad autónoma utilizara un baremo propio a la hora de evaluar a los usuarios, así como que los órganos de evaluación (quienes evaluasen a los usuarios) fueran distintos según comunidades. Indicó que la propuesta para evitarlo ha sido que el Consejo Territorial tuviera que aprobar unos criterios, en base a los cuales, los baremos que se apliquen en cualquier lugar de España respondan exactamente a estos criterios, y que los órganos de evaluación, en su composición y funcionamiento, respondan también a esos mismos criterios comunes aprobados por el Consejo Territorial.

Añadió en su intervención, que es imprescindible que se realice una intensa labor de información social, así como que se aclaren las prioridades en las evaluaciones. Estas prioridades, afirmó, han de quedar muy claras para el público en general, de lo contrario, podría bloquearse el sistema en el año cero, ya que todo el mundo va a querer ser evaluado para que cuando llegue el momento, se le de la prestación. Posteriormente, sumándose a lo que señalaron otros invitados, consideró positivo que existan criterios que sean, además, revisables, y añadió que es importante llevar a la opinión pública la información sobre en qué punto se está en cada momento para que no se produzca un bloqueo del sistema.

Participantes del primer desayuno de Infocop

Sánchez-Fierro quiso expresar su queja en relación a una disposición derogatoria de la Cartera de Servicios del decreto del 2006. Tal y como describió el diputado del PP, en el año 1995 se aprobó un decreto que aprobaba la Cartera de Servicios Comunes del Sistema Nacional de Salud (SNS). Ahí, la disposición adicional cuarta, indica, según Sánchez-Fierro, que existirá una atención sociosanitaria, así como los términos y alcance de su desarrollo. Sin embargo, el político señaló que, llegados al 2003, se aprobó la Ley de Calidad y Cohesión, artículo 14, donde se describe en qué consiste esta atención sociosanitaria, a qué tipo de enfermos se dirige, con qué tipo de patologías, etc., lo que, según sus palabras, reclama su desarrollo reglamentario. La sorpresa, señaló Sánchez-Fierro, fue que en septiembre de este año, 2006, se publicó el decreto que aprueba la Cartera de Servicios comunes en función de la legislación actual, y la situación que se ha producido es que la elaboración del anexo dedicado a atención sociosanitaria, que acompaña al decreto, ha quedado bloqueada a expensas de la aprobación de la Ley de Dependencia. Con esto, el resultado es que cada regulación remite a otra, que a su vez remite a otra, que finalmente no concreta los servicios, conllevando, según el representante, a un círculo vicioso.

Por último, el diputado del PP, puso énfasis en que algunos aspectos que afectan a la Cartera de Servicios, a la definición de dependencia en relación a discapacidades psíquicas, intelectuales, etc., deben mejorarse en la tramitación de esta ley en el Senado.

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