El pasado 30 de noviembre de 2007, tuvo lugar el IV Desayuno de Infocop, que, en esta edición, dada la relevancia de este área profesional para los profesionales de la Psicología y el impulso actual que el trabajo de estos profesionales está teniendo dentro de la misma, quiso centrar la discusión en torno a la "Justicia y Psicología". El encuentro discurrió en un clima de gran consenso y entendimiento, y estuvo presidido por el acuerdo unánime sobre la necesidad de una mayor dotación de psicólogos en los diferentes sectores de la Justicia.

El Desayuno, moderado por D. José R. Fernández Hermida, Director de Publicaciones del Consejo, contó en esta ocasión con la asistencia de D. Agustín Azparren, Vocal del Consejo General del Poder Judicial, D. Juan Santaella, Portavoz Adjunto de la Comisión de Justicia del PP, D. José María Paz Rubio, Fiscal Jefe de Sala del Tribunal Supremo de lo Civil, así como con representación de la Clínica Médico Forense de Madrid (Concepcion de la Peña y M. Paz Ruiz Tejedor), y de los profesionales de la Psicología representados en las figuras de D. Ramón Vilalta, Responsable del Área de Jurídica del Consejo de Colegios Oficiales de Psicólogos, y Dña. Rocío Gómez Hermoso, psicóloga de los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria y Directora de los Equipos Técnicos de la Comunidad de Madrid.

José R. Fernández Hermida

Agustín Azparren

Juan Santaella

José M. Paz Rubio

Ramón Vilalta

Rocío   Gómez

Concepción de la Peña

M. Paz Ruiz Tejedor

Asistentes al IV Desayuno de Infocop

El debate se articuló en torno a tres ejes fundamentales que preocupaban a los presentes: el encuadre de los psicólogos en el sistema judicial; la necesidad de una formación especifica y de una regulación que refuerce la identidad propia; y la imprescindible condición de acompañar ese necesario incremento de profesionales de la Psicología de los recursos adecuados y suficientes para garantizar el éxito de sus intervenciones dentro del sistema.

Tras una breve presentación, en la que Fernández Hermida apuntó la, cada vez mayor, relación percibida por el público entre Psicología y Justicia, quiso abrir el desayuno planteando el interrogante sobre una posible excesiva psicologización del sistema judicial. La respuesta de los asistentes fue rotundamente contraria a esta idea y enlazó directamente con otra de las cuestiones a debatir, la dotación de recursos que acompañe a un posible incremento del número de psicólogos.

En palabras de Azparren, "si bien hay cada vez una presencia mayor de psicólogos en el sistema judicial, los jueces siempre nos hemos quejado de que los equipos técnicos que hay en los juzgados son insuficientes, entre ellos, particularmente, los psicólogos". El vocal del Consejo del Poder Judicial indicaba que "muchos campos del Derecho dependen de la Psicología, y esto es algo que va en aumento". Bajo su punto de vista, no sólo no se está psicologizando excesivamente la Justicia, sino que lo que se está es "adecuando a la realidad algo que está muy alejado de la misma, como es el Derecho, que se debería de psicologizar aún más". Continuó argumentando que "cuando un juez o un fiscal han de tomar una decisión muy complicada, es de gran relevancia contar con un experto que te oriente para poder resolver el caso, dado que se trata, además, de asuntos muy delicados". En este sentido quiso insistir en que "es un lujo tener un experto preparado para eso, además de muy cómodo para nosotros, pues no podemos conocer todas las técnicas y ciencias". Abundó en este asunto indicando que debería tenderse a "incorporar más profesionales de la Psicología, ya que, aunque en este momento actúan en dos materias principalmente, que son la penal –incorporando aquí menores- y de familia, en el futuro van a estar presentes de manera muy importante en el tema de la mediación, incluyendo aquí, debido a la normativa europea que se acaba de aprobar, la mediación en campos como el civil y el mercantil" .

En la misma línea se pronunciaba Paz Rubio, quien añadía que "hoy en día nadie pone en duda la función del psicólogo. La necesidad está en la sociedad y todo lo que hay escrito, así como la experiencia, aconsejan acercarse y ‘tirar’ del mundo de la Psicología". Continuaba señalando que "la Psicología Jurídica en España es todavía una rama joven, pero los actores jurídicos que estamos en el proceso la vemos esencial. Una ciencia como el Derecho, que trabaja valorando conductas, necesita conocer lo que hay detrás de esas conductas, puesto que, en teoría, la pena se motiva en relación con el hecho y la personalidad del delincuente, y ahí el papel de la Psicología es esencial, dado que aporta información muy relevante". El Fiscal Jefe de Sala del Tribunal Supremo de lo Civil, complementaba su intervención apuntando que "la Justicia es, al final, una ‘máquina de casos’ que hay que resolver y los juzgados están muy atascados. Creo que en todo el colectivo judicial y fiscal lo que se quiere es contar con más psicólogos". Indicaba, en consonancia con la necesidad apuntada por Azparren de "psicologizar aún más la justicia", que "no se puede esperar a que se emita el informe, y dejar penas pendientes de ejecutar, por lo que necesitamos que se generen más puestos. Es una necesidad en la que tiene sentido invertir".

Las representantes de la Clínica Médico Forense de Madrid, afirmaban que, en efecto "los jueces demandan y valoran los informes y evaluaciones psicopatológicas y de personalidad", y señalaban que se trata de "una necesidad sentida". Hacían constar, sin embargo, que a pesar de esa necesidad, "la realidad es que hay un problema de recursos humanos que hace que no pueda darse la salida deseable a todas las solicitudes". En relación a esto, argumentaban que "si no hay recursos suficientes, se genera una tardanza puede hacer que finalmente (los jueces) dejen de demandar esos informes en la medida en que deberían".

 

Esta necesidad expresada tan claramente, de un mayor número de psicólogos y psicólogas en el sistema judicial, enlazaba con una preocupación expresada por el moderador del debate, quien indicaba, en relación con la ampliación del número de psicólogos en el sistema, que ese incremento debería ir acompañado de una dotación de recursos para la intervención, ya que la escasez de medios podría limitar la capacidad de los profesionales de la Psicología para responder a las demandas que se les planteen e, incluso, falsear los resultados de sus intervenciones, por ejemplo, limitando los efectos de las acciones rehabilitadoras. Así mismo, añadía que "se habla de ampliación de plantilla o de un cambio en la concepción de las penas, tendiendo a la rehabilitación más que al castigo, pero pareciera que el planteamiento se previese con coste cero". Esto ponía de manifiesto la importancia de que los legisladores tomen conciencia de que es necesario acompañar el cambio del sistema y la ampliación de puestos con la dotación de los recursos necesarios. En este sentido, y en contra de lo que sería deseable, Santaella señalaba que, desafortunadamente "la realidad refleja que no hay una conciencia tan clara a este respecto". Como ejemplo indicaba que "en estos últimos presupuestos, se destinaba a Justicia un 0,7 por cien del presupuesto total, que se ha quedado, finalmente, en el 0,5 por cien; lo que indica que el presupuesto, no sólo no se está aumentando para dar respuesta, sino que, además, se está reduciendo". Por su parte, Azparren reforzaba esta idea insistiendo en que en "numerosas ocasiones, en el Consejo General del Poder Judicial, cuando nos llegan leyes para informar, a éstas les falta el cálculo económico, la inversión que es necesario hacer para cada ley". Los presentes coincidían en afirmar que, con la puesta en marcha de leyes como la de Violencia de Género o la reforma de la Ley del Menor, de carácter rehabilitador, es imprescindible, para garantizar su éxito, tener en cuenta la inversión en medios técnicos y humanos.

Ese éxito, como se quiso evidenciar en el transcurso del Desayuno, también está directamente condicionado por la formación de los psicólogos y el reconocimiento que éstos tengan dentro del sistema. Se entraba así a abordar la cuestión de la formación que debe caracterizar a estos profesionales.

Parte de los asistentes minutos antes de dar comienzo al IV Desayuno

A este respecto, el director de la publicación, en línea con lo que observado desde el Consejo de Colegios Oficiales de Psicólogos, apuntaba que "los psicólogos jurídicos que trabajan en el ámbito judicial, están siendo cada vez más presionados para que tengan una cualificación en el campo de la salud mental". Señalaba, así mismo, que los psicólogos "se especializan en el ámbito de la Psicología, de la personalidad, de los trastornos psicopatológicos, de la conducta, cosa que no ocurre con otros profesionales", y que eso "forma parte de su currículum de la carrera", por lo que puede esperarse que lo conozcan en profundidad cuando finalizan sus estudios. Añadía que, "por lo tanto, cuando se habla de formación para el psicólogo jurídico, tal vez habría que referirse a cosas más concretas, más definidas, más especializadas, es decir, a darles contexto en el ámbito de la justicia, puesto que los psicólogos no son expertos en ese área, pero sí en el de las evaluaciones psicopatológicas y conductuales, y en las cualidades y propiedades de las pruebas que utilizan". Bajo su punto de vista, y en acuerdo con el resto de participantes, "el problema es la conexión entre el mundo psicológico y el mundo judicial, y ahí es donde la formación puede funcionar de manera eficiente". Continuó señalando que "probablemente el debate ahora mismo, por parte de los psicólogos jurídicos, no deba ser tanto el crear una completa especialización, cuanto una buena ‘subespecialización’ circunscrita dentro del Máster en Psicología que se ha propuesto dentro del marco de la reforma de los títulos universitarios, dado que las personas que salgan de ahí van a ser las que tengan acreditación sanitaria". Gómez Hermoso apuntaba, desde la doble perspectiva que le otorga su condición de psicóloga de vigilancia penitenciaria y de responsable de los psicólogos y de los trabajadores sociales dentro de la Comunidad de Madrid, que "en efecto, es necesario y prioritario que haya una formación específica de cara a los psicólogos jurídicos en general y, concretamente, para los forenses" y destacaba que "habría que buscar una forma de que la entrada de los profesionales al mundo de la justicia fuese marcada por esa formación". Señalaba, sin embargo, que esta formación debería, además, "ir de la mano del reconocimiento de los profesionales dentro del sistema", lo que se relaciona, estrechamente, con el encuadre actual del psicólogo dentro del ámbito jurídico.

Una idea compartida de forma general por los invitados fue la de que, entre los profesionales de la Psicología jurídica, existe un temor debido a que, con la ausencia de un cuerpo de psicólogos como tal dentro del sistema, parece estarse produciendo la absorción de éstos por otras profesiones, así como que estuviera desapareciendo la función específica del psicólogo, pasando a ser asumida por otras profesiones. Gómez Hermoso, en total consonancia con la opinión de Vilalta, profundizaba en este aspecto señalando que "pese a que existen un interés y un énfasis claros, en cubrir las distintas demandas que se van produciendo de psicólogos, y es evidente que se está percibiendo y se está comprendiendo la importancia de la Psicología, también lo es que se aprecia que el psicólogo, en ocasiones, en lo que respecta a su estatus, no se encuentra en el mismo nivel de reconocimiento que otros profesionales, como es el caso de los médicos". Bajo el punto de vista de ambos "es el reconocimiento como cuerpo lo que habría que buscar, más que el reconocimiento como profesionales", y la psicóloga agregaba que, siendo una profesión que en estos momentos está creciendo y recibiendo mayor prestigio, "una de las formas de conseguir esa constitución de cuerpo, es a través de la formación y a través de realizar actividades conjuntas que nos confeccionen como ese cuerpo de psicólogos al margen de otras profesiones". Vilalta, por su parte, añadía que "aunque la transferencia de competencias a las Comunidades ya está plenamente en marcha, y eso dificulta la creación de un cuerpo de psicólogos, este colectivo echa en falta, por parte de las autoridades competentes, del Ministerio de Justicia, de las Comunidades, que al menos existiese la exigencia de una formación previa para el acceso, y que ese proyecto de formación fuera liderado por el sistema jurídico, por el Ministerio".

Aunque los asistentes coincidían en que imprimir una identidad independiente al colectivo de psicólogos jurídicos es una necesidad, también estuvieron de acuerdo en que existe una gran dificultad para que, hoy por hoy, dada la configuración actual del sistema, pueda crearse un cuerpo nacional de estos profesionales. Aún así, el panorama no fue tan desalentador y se propusieron algunas alternativas. Azparren quiso apuntar, a este respecto, que "en nuestro sistema, la Administración de Justicia de España, los Jueces dependen del Consejo del Poder Judicial, los Secretarios Judiciales dependen del Ministerio de Justicia y los funcionarios dependen en unos casos de las Comunidades Autónomas, y en otros del Ministerio de Justicia". Continuaba argumentando que "organizar eso es muy difícil, sobre todo cuando hay Comunidades que han presentado recursos para que los secretarios judiciales, por ejemplo, no sean cuerpo nacional. Esto supone una dificultad para crear otros cuerpos nacionales, pues los psicólogos se enfrentan a la misma situación". Continuaba aclarando que "si ya hubiera un cuerpo de psicólogos jurídicos creado, no habría problema, pero con la situación actual, en la que una gran parte de las competencias ha sido transferida a las Comunidades, si se tramitara una ley para crear un cuerpo nacional, no saldría adelante". Sin embargo, añadía a esto que no hay que desalentarse "pues tal y como está la realidad ahora mismo, podría plantearse organizar esos cuerpos en cada Comunidad Autónoma", e indicaba que "con que una sola Comunidad lo regulase y funcionase, sería probable que otras adoptasen el mismo modelo, serviría de referente. Por eso habría que luchar". Refería en último lugar que la tendencia es "a que cuando una Comunidad Autónoma regula algún aspecto y funciona, otras comunidades lo imiten".

Paz Rubio, por su parte, planteó que existe una serie de leyes básicas estatales que "delimitan la función". A este respecto señalaba que "si esas leyes básicas estatales, independientemente de que no se pueda crear un campo nacional, impulsan una serie de necesidades, como el contar con informes que permitan decidir las penas, se conseguirá crear las infraestructuras para dar entidad al colectivo".

Gómez Hermoso quiso apuntar en la misma línea que, dada la inviabilidad de crear el cuerpo a nivel nacional, y la necesidad de hacerlo en cada Comunidad "en Madrid se planteaba la necesidad de regularizarlo desde una formación que le diera entidad ", y, a partir de esa idea, indicaba la psicóloga "en abril de este año hemos presentado una Guía de Buenas Prácticas de los Psicólogos Forenses adscritos a órganos judiciales de la Comunidad de Madrid, que contiene entre sus objetivos servir de referente unificado y orientativo de la actuación profesional de los Psicólogos Forenses al servicio de la Administración de Justicia".

Por último, Santaella, en consonancia con lo expresado, señaló que, al margen de cuál sea la vía, ya a través de las Comunidades, ya creando un cuerpo nacional, "es importante avanzar en el desarrollo de la profesión en sí (en referencia a dar solución al problema generado por la aprobación de la Ley de Ordenación de Profesiones Sanitarias) y, desde ahí, avanzar a la especialización", y quiso hacer constar la importancia de que ese avance de la propia profesión, y su reconocimiento, sean tenidos en cuenta por los legisladores.

El Desayuno finalizó con la despedida de los distintos invitados, y con el acuerdo sobre la necesidad de generar estos espacios de encuentro en donde puedan intercambiarse experiencias y puntos de vista.

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