El pasado día 28 de septiembre el Pleno del Congreso aprobó el Pacto de Estado contra la violencia de género. Con 278 votos a favor y 65 abstenciones de los representantes de Unidos Podemos y algunos diputados del Grupo Mixto, se ha dado el visto bueno a las 213 medidas que se proponen para erradicar el maltrato.

Las medidas que conforman el pacto deberán ponerse en marcha con un plazo máximo de 2 meses, después de que el Gobierno traslade su contenido a las comunidades autónomas, entes locales, partidos, Administración de Justicia, sindicatos y asociaciones.

El debate del pasado jueves se centró en dotar de presupuesto al proyecto y en reclamar la unanimidad de todos los grupos parlamentarios en un tema tan importante para la sociedad. Este Pacto cuenta con un respaldo económico de unos 1.000 millones de euros en cinco años: 100 millones para entidades locales, 500 millones para las comunidades autónomas y otros 400 millones para competencias estatales dentro de los Presupuestos Generales.

Entre otros cambios, la definición de violencia de género que recoge el Pacto se amplía y ya no se considerará sólo la ejercida por parejas o exparejas, sino todos los tipos de violencia contra las mujeres incluidas en el Convenio de Estambul. Es decir, además de la física, psicológica y sexual, incluye la violación, la mutilación genital femenina, el matrimonio forzado, el acoso sexual y el acoso por razones de género, el aborto y la esterilización forzada.

Algunas de las medidas que conforman el pacto son:

  • Medidas con respecto a los menores: Las mujeres cuyos hijos han sido asesinados por sus parejas o exparejas serán consideradas víctimas de violencia de género, y podrán acceder a la asistencia, ayuda y protección establecida para ellas; además se incluirá a los hijos en las valoraciones policiales de riesgo en las víctimas.
  • Medidas judiciales: La confesión del asesino no rebajará la pena; los maltratadores no podrán disfrutar de la custodia compartida; se suspenderá el régimen de visitas en todos los casos en los que el menor hubiera presenciado, sufrido o convivido con manifestaciones de violencia; se prohíben las visitas de los menores al padre en prisión condenado por violencia de género; o los menores podrán quitarse el apellido del maltratador.
  • Medidas educativas: los colegios tendrán que incluir, en todas las etapas educativas, la prevención de la violencia de género, del machismo y de las conductas violentas, la educación emocional y sexual y la igualdad; se añadirán contenidos de igualdad y contra la violencia de género en los temarios de acceso a los profesores; y habrá sanciones para centros y clubes deportivos con comportamientos machistas.
  • Medidas sanitarias: se va a trabajar en la mejora de la detección de la violencia de género en los centros sanitarios; se incluirá la formación en género en los estudios de los profesionales sanitarios; y se verá la posibilidad de introducir en la cartera de servicios de Sanidad la cirugía restauradora para víctimas que lo precisen.
  • Medidas económicas: los familiares que se queden con la patria potestad de los menores huérfanos recibirán ayudas; además las mujeres maltratadas tendrán 6 meses de prestación social para que puedan dejar a su maltratador y empezar una nueva vida.
  • Medidas laborales: que mejoren el acceso al empleo de las mujeres y promuevan el teletrabajo en aquellos casos en los que sea posible.
  • Medidas publicitarias: desarrollar campañas de prevención y sensibilización, implicando a la sociedad en su conjunto, comprometer a los medios a divulgar las sentencias condenatorias recaídas en casos de violencia de género y la puesta en marcha de un Código de Publicidad no Sexista.

Con respecto a las medidas que atañen a la psicología, cabe destacar:

  • Asegurar la atención psicológica a todas las víctimas y a sus hijos e hijas.
  • La propuesta de eliminar el consentimiento informado del padre condenado por maltrato, para que el menor pueda recibir atención psicológica; de este modo se pretende que la evaluación psicológica de los menores sea un derecho.
  • Reforzar la atención psicológica, pedagógica y educativa de los hijos e hijas de víctimas mortales de la Violencia de Género.
  • Impulsar la atención psicológica especializada para mujeres jóvenes víctimas de Violencia de Género.
  • Establecer la posibilidad de que las víctimas indirectas también puedan acceder al asesoramiento y atención psicológica.
  • Impulsar la asistencia psicológica a los agresores desde el momento de la denuncia, para reducir el nivel de estrés y agresividad y prevenir daños a la víctima.
  • Que las victimas de trata y de violencia sexual también tengan derecho a una atención psicológica.

Se puede consultar el documento completo en el siguiente enlace:

Informe de la subcomisión creada en el seno de la comisión de igualdad para un Pacto de Estado en materia de violencia de género de 3 de agosto de 2017

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