Existe con el juego online un gran problema contra la salud pública, especialmente en los jóvenes, que se propaga fácilmente debido a la inexistencia de barreras o regulaciones.

Así lo advierte el Grupo Parlamentario Mixto en una Moción presentada a la Mesa del Senado, a través de la cual insta al Gobierno a reforzar las medidas contra la ludopatía, especialmente en los menores, así como evaluación del coste económico de dicha moción.

En su exposición de motivos, el Grupo Mixto pone de relieve el grave problema que constituye la ludopatía o adicción al juego, citando algunas cifras que muestran un cambio generacional en las personas adictas al juego, explicado, a su juicio, por las facilidades de acceso y la falta de barreras que restrinjan el mismo (“un 36% de los adictos al juego lo hace siendo menor de edad, lo que hace que la media de edad de los ludópatas se sitúe en 25 años”).

Tal y como señala en su texto, los medios a través de los cuales juegan los ciudadanos y ciudadanas españolas que tienen problemas relacionados con la ludopatía son los canales online, videojuegos y canales de apuestas -especialmente relacionadas con las competiciones deportivas-. A esto se añade la proliferación de anuncios sobre portales de juego online para póker, casino o bingos virtuales, publicitados por celebridades.

A este respecto, el Grupo Parlamentario Mixto alerta de que la ludopatía, como problema de adicción, es una droga, y lamenta que el Estado, “más lejos de implantar y procurar barreras que imposibiliten la expansión de este, preste espacios publicitarios para la difusión de las casas de apuestas.”

Todo ello, ha provocado un incremento de los casos de adicción al juego online, evidenciado por algunos datos, que revelan (a razón del último Informe Trimestral del Mercado del Juego Online),  un incremento de usuarios activos en las casas de apuestas de un 13,44% más que en 2016.

La Moción alerta de la rápida expansión del negocio del azar por las redes sociales y su fácil accesibilidad, independientemente de la edad. No obstante, se muestra optimista al afirmar que paliar o acabar con los problemas de ludopatía no es complicado, sino que se requieren acciones políticas y situarse al lado de los ciudadanos y ciudadanas, y no de las empresas de apuesta”, por ello, en su propuesta insta al Ejecutivo a:

1. Adaptar la normativa a la realidad social, económica y tecnológica de la actividad del juego, así como aprobar el Real Decreto de comunicaciones comerciales de las actividades de juego y de juego responsable, añadiendo cláusulas: de restricción de publicidad para juegos y apuestas online, como pasa con la publicidad para el juego presencial, y de prohibición de la publicidad en horario infantil en televisión y radio, así como en campañas publicitarias en la calle y en portales web y redes sociales de frecuente acceso por parte de menores de edad.

Realizar, así mismo, en esta materia, una actividad coordinada con todas las CCAA que posibilite la homogeneización en las cláusulas de prohibición y restricción en el juego.

2. Instar a todas las CCAA a que denieguen, por ley, el acceso de forma indefinida a las salas y web de juego a aquellos jugadores que hayan decidido rehabilitarse, quedando su nombre registrado, se necesita una coordinación entre CCAA para la restricción del acceso a esto, pues actualmente las CCAA no tienen una hoja de ruta clara en este sentido, existiendo CCAA que restringen el acceso durante unos meses o máximo de tiempo, y otras de forma indefinida.

Las empresas que permitan la práctica del juego y el acceso a locales autorizados a menores o personas inscritas en el Registro de Excluidos de Acceso al Juego serán penalizadas con multas de más de 6.001€, considerándose una infracción muy grave y no grave como hasta ahora. Estableciendo, también, casos en los que la permisión de acceso a menores o personas inscritas en el mencionado registro pueda suponer la suspensión de la autorización y cierre del local por un plazo de hasta cinco años, revocando la autorización y el cierre definitivo del local, e inhabilitación para ser titular de la autorización por un plazo de hasta cinco años.

3. Imponer condiciones a las empresas de apuestas que obliguen a la tributación en el Estado español de la parte porcentual y proporcional de sus ganancias.

4. Establecer medidas más duras, que imposibiliten el acceso de menores de edad con DNI ajenos, con el fin de que estos no tengan posibilidad de acceder a los portales web de juego. Así mismo, restringir el acceso generalizado en todos los locales físicos de juego, no solo en los que existan máquinas con premios superiores a los 3.000 euros.

5. Limitar la apertura de las casas de apuestas físicas mediante el establecimiento de un mínimo de metros de separación, como pasa con el gremio de tabacaleras o farmacias. De esta manera, se podía empezar a frenar la expansión.

6. Perseguir, acorde a la Ley, a aquellas empresas de juego online con publicidad engañosa y fraudulenta.

7. Estudiar y analizar las diferentes empresas de juego online que cuentan con el logotipo de Responsabilidad Social Corporativa o de Juego Seguro del Ministerio, con el fin de reconocer si realmente se adaptan a los requisitos y merecen contar con el amparo del Gobierno del Estado español.

8. Realizar campañas públicas de publicidad intensivas de concienciación en postes, televisión, radio e internet, alertando de los peligros de un uso irresponsable del juego tanto online como offline. Además, en materia de concienciación, establecer unas horas de información sobre los peligros de la adicción al juego en centros educativos, en un formato similar a las clases en educación sexual y charlas sobre drogas.

La Moción, que ha quedado pendiente para su debate en la Comisión Mixta para el Estudio del Problema de las Drogas, se encuentra disponible en la página del Boletín Oficial del Congreso, o bien directamente a través del siguiente enlace:

Moción presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, por la que se insta al Gobierno a reforzar las medidas contra la ludopatía, especialmente en los menores, así como evaluación del coste económico de dicha moción

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