Las situaciones de acoso y violencia que sufre el profesorado pueden provocar serias consecuencias en su salud mental, afectando, no sólo al propio docente sino a toda la Comunidad Educativa.

Esta es una de las conclusiones que presenta el nuevo Informe del Defensor del Profesor, un servicio de ámbito nacional que ANPE pone a disposición de todos los docentes que necesiten ayuda ante cualquier tipo de acoso e intimidación en las aulas, ya sea por situaciones relacionadas con los padres, los alumnos, la administración educativa o los propios compañeros.

El documento pretende dar a conocer a la opinión pública, y, principalmente a la Comunidad Educativa, una serie de conclusiones en base a los datos recogidos durante el curso 2016-2017, relacionados con las situaciones de acoso y violencia hacia el profesorado en nuestro país, y que resumimos a continuación:

Número de casos atendidos

El curso 2016-2017 ha marcado un cambio en la tendencia descendente que venía produciéndose en los tres últimos cursos, incrementándose en un 15% el número total de casos que buscan ayuda, la mayor parte de ellos en Centros Públicos (92%).

En función de las diferentes etapas educativas, las peticiones de ayuda se han incrementado en Secundaria, con respecto a cursos anteriores, hasta igualarse con Primaria al 42%. El 7% corresponde a Infantil y el resto se reparte entre las enseñanzas restantes.

De forma específica, Madrid sigue siendo la Comunidad Autónoma que más demandas recibe, ascendiendo a 1.165 la cifra de docentes que solicitaron ayuda durante el ejercicio pasado. A continuación, se encuentran Galicia, Canarias y Murcia.

Problemas relacionados con los alumnos

De igual modo que en cursos anteriores, siguen existiendo problemas para dar clase en el aula. Se observa un destacado incremento en las denuncias por agresiones y amenazas de alumnos a docentes, que han pasado de un 3% a un 12%.

Si bien las situaciones de acoso por parte de los alumnos se han reducido del 14% al 10%, se ha registrado un aumento del ciberacoso (grabaciones, fotos, Internet), de un 18% a un 20%.

Problemas relacionados con los padres

Este tipo de problemáticas implican, principalmente, situaciones de acoso y amenazas por parte de los progenitores -que se mantienen en un 29%-, seguido de denuncias a los docentes (19%), y presiones para modificar las calificaciones de sus hijos (8%), ambas, un punto porcentual más alto.

Destaca en este punto el significativo descenso de las acusaciones carentes de fundamento, que se han reducido a un 25%, frente al  50% registrado durante el curso 2015-2016.

Problemas relacionados con los compañeros

Las dificultades relacionadas con los propios compañeros han aumentado a 12% (frente al 11% recogido durante 2015-2016). También han ascendido en un 1 punto porcentual (del 18% al 19%) los casos relativos a problemas con la administración educativa, y en 2 puntos (del 26% al 28%) los relacionados con la dirección del centro.

Apoyos

Se perfila una mejora en los apoyos percibidos por los profesores en relación con la dirección del centro, la inspección educativa y los propios compañeros. De hecho, las medidas emprendidas que se han centrado en el asesoramiento y el apoyo, son los datos que han crecido de forma más destacada. El resto de acciones mantienen unos resultados similares a los cursos anteriores.

Consecuencias para los docentes

Los autores del informe alertan de las consecuencias de todos los problemas anteriormente mencionados, afectando, primordialmente, a la salud mental de los docentes. En esta línea, señalan, los problemas que sufre el profesorado “pueden derivar en un notable desgaste, contribuyendo a la aparición de ciertas alteraciones emocionales, como, por ejemplo el “burnout», la ansiedad generalizada o la depresión. Dichas dificultades adaptativas son fundamentalmente de tipo psicológico, y se caracterizan por un malestar clínicamente significativo y agotamiento psicológico, con la sensación de incapacidad para adecuarse a las exigencias del entorno”.

A este respecto, destacan un notable incremento en estos casos: de los profesores atendidos durante el curso, el 70% presentaba ansiedad, y el 9% depresión (en comparación con el 57% y el 7% registrados, respectivamente, en 2015-2016), y señalan el subsecuente aumento de bajas laborales en la mayoría de ellos.

Lamentablemente, advierten, los efectos derivados de las situaciones de acoso y violencia que sufren los docentes no afectan únicamente al propio docente, sino que perjudican también al resto de miembros de la comunidad educativa: “un profesor con estado emocional alterado, además del sufrimiento personal que debe soportar, reduce significativamente su rendimiento profesional, lo que disminuye la calidad de la educación. En este sentido las bajas laborales generan un coste para la administración y una modificación de la propuesta pedagógica para los alumnos”.

Tras el análisis y valoración de los resultados obtenidos, ANPE y el Defensor del Profesor hacen hincapié en la necesidad de desarrollar un Plan Estratégico de Mejora de la Convivencia Escolar, que, a su juicio, debería contar con una serie de apartados, entre ellos, la reactivación del Observatorio estatal y los Observatorios autonómicos de Convivencia Escolar, la creación de un programa de prevención de acoso escolar que contemple la aceleración de los protocolos de protección a las víctimas y un plan de detección precoz de los problemas de convivencia en los centros educativos, el diseño de un plan específico de formación del profesorado para la prevención y detección de conflictos relacionados con la convivencia escolar, el establecimiento de una asistencia jurídica y psicológica gratuita para los profesores víctimas de acoso (mediante convenios de colaboración con los Colegios profesionales de abogados y psicólogos), o el reconocimiento de la ansiedad, la depresión y el estrés como enfermedades profesionales de los docentes -siempre que se deriven de situaciones de acoso-, estableciendo estas situaciones como accidentes laborales.

Los datos mencionados en el Informe, junto con la valoración de sus autores, ponen de relieve una necesidad que se ha venido detectando y expresando en los últimos años: esto es, la importancia de incorporar (sin menoscabo de otros profesionales) la figura del psicólogo educativo en los distintos centros docentes, como profesional cualificado para dar respuesta a estos y otros problemas de índole psicológica que puedan surgir en la Comunidad Educativa.

El informe se puede descargar directamente a través del siguiente enlace:

El defensor del profesor: Informe 2016-2017