El pasado 24 de abril de 2015, el Consejo de Ministros aprobó la Estrategia de Seguridad y Salud en el Trabajo para los años 2015-2020.

Tal y como ha señalado el Gobierno, esta Estrategia es fruto del trabajo conjunto desarrollado junto con Comunidades Autónomas e interlocutores sociales en el seno de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, cuyo Pleno, celebrado el pasado 7 de abril, ya avaló el texto aprobado.

La aprobación del nuevo texto, viene marcada por la finalización de la vigencia de la Estrategia anterior, y la necesidad de desarrollar una nueva, en consonancia con la Estrategia Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo, que establece las líneas de actuación que deben cumplir los Estados miembros de la Unión Europea.

En palabras del Ejecutivo, la nueva Estrategia pretende optimizar la aplicación de la legislación en materia de seguridad y salud en el trabajo, y su consolidación en las Comunidades Autónomas, especialmente, en las pequeñas y medianas empresas, favoreciendo la mejora, tanto de la eficiencia de las instituciones dedicadas a la prevención de riesgos laborales, como de las condiciones de trabajo, así como potenciando el papel de las Administraciones Públicas en materia de análisis, investigación, promoción, apoyo, asesoramiento, vigilancia y control de la prevención de riesgos laborales, e impulsando la actuación de interlocutores sociales y la implicación de empresarios y trabajadores en la mejora de la seguridad y salud en el trabajo.

Para alcanzar los objetivos establecidos, la Estrategia Española de Salud e Higiene en el Trabajo 2015-2020 ha trazado unas líneas de acción generales “que se desarrollarán en una hoja de ruta y en tres planes de carácter bianual”, que definirán una serie de medidas concretas “en función de las prioridades y recursos disponibles de cada momento”, tales como el desarrollo de herramientas informáticas que faciliten la aplicación de la normativa en materia de prevención, la mejora de la calidad de la formación en prevención de riesgos laborales y su integración en las distintas etapas del sistema educativo, o el fomento de las actuaciones de las Administraciones orientadas a la prevención de las Enfermedades Profesionales, la reducción de los trastornos musculoesqueléticos y el estudio de los riesgos emergentes, entre otras.

Fuente: La Moncloa