El pasado 24 de mayo de 2010, el grupo parlamentario popular de Andalucía presentó una proposición no de ley en Córdoba, a favor de medidas de apoyo para la atención de la salud mental en Andalucía y denunciando la falta de personal sanitario en los equipos y servicios de salud mental.

Los encargados de presentar esta propuesta, -el senador por el PP andaluz, Jesús R. Aguirre y la parlamentaria andaluza, Rafaela Obrero-, manifestaron la necesidad urgente de aumentar el número de psicólogos y psiquiatras ya que la tasa de estos profesionales está por debajo de la mitad de la recomendada, lo que explica la baja calidad en la atención y las largas lista de espera que se registran en la región para atender a estos pacientes (y que en los últimos 15 años han aumentado de manera alarmante, pasando de una «demora cero» a una espera que oscila entre 15 días y 3 meses).

Tal y como manifestaron los representantes del grupo popular y recogen diversos medios de comunicación, «el personal destinado a la atención de estos pacientes no ha crecido al mismo ritmo que lo ha hecho la demanda asistencial», lo que hace «imposible tanto el control exhaustivo y continuado de los tratamientos, como el abordaje y seguimiento de pacientes que necesitan tratamiento de psicoterapia». Según los datos facilitados, el promedio de especialistas en salud mental en Andalucía es de 3,4 psiquiatras por cada 100.000 habitantes, y de tan sólo 1,7 psicólogos y 1 trabajador social.

Los representantes del PP también han señalado la necesidad de invertir esfuerzos en mejorar el número y calidad de los recursos materiales destinados a este colectivo, ya que, según han indicado, en torno al 25% de la población andaluza ha padecido algún tipo de enfermedad mental y se espera que esta cifra aumente al 40% a medio plazo.