En un artículo publicado recientemente en Nature Reviews Psychology, el psicólogo canadiense Gordon Hodson, insta de manera contundente a abandonar las evaluaciones docentes realizadas por estudiantes. Aunque la afirmación puede parecer radical a simple vista, se trata del resultado de una revisión sistemática de la evidencia empírica disponible que señala fallos estructurales, baja validez predictiva y de constructo, una discriminación sistemática sobre las mujeres y algunos grupos raciales y, por lo tanto, consecuencias negativas para la calidad educativa y el aprendizaje.
Hodson, profesor de Psicología en la Universidad de Brock (Canadá), explica en este artículo que, aunque evaluar la enseñanza es esencial para mejorar la calidad educativa, las encuestas actuales basadas en la percepción subjetiva de los y las estudiantes están lejos de cumplir con ese propósito. «No solo no predicen el aprendizaje, sino que están profundamente sesgadas por factores irrelevantes como el género, la etnicidad o la apariencia física del docente«, advierte.
Discriminación sistemática: un problema de justicia social.
Uno de los hallazgos más alarmantes, según este autor, es el sesgo que presentan estas evaluaciones contra mujeres y personas racializadas. Diversos estudios citados en el artículo muestran que, incluso en condiciones controladas donde los estudiantes son asignados aleatoriamente a diferentes profesores y profesoras, las mujeres reciben, sistemáticamente, peores evaluaciones que los hombres, a pesar de obtener resultados similares en cuanto al rendimiento académico y el esfuerzo del alumnado.
En este artículo se referencia un estudio realizado con más de 20.000 estudiantes en los Países Bajos que demostró que tanto alumnos como alumnas evaluaron de forma sistemáticamente inferior a las profesoras frente a los profesores. Este sesgo no se limita al aula: también afecta a la percepción sobre los materiales educativos cuando son presentados por mujeres.
Además, otros estudios revelan que los profesores y profesoras afrodescendientes son percibidos como menos competentes o con menor legitimidad que sus colegas blancos, incluso cuando sus credenciales académicas son equivalentes. Esta discriminación estructural convierte a las encuestas estudiantiles en herramientas que perpetúan la desigualdad en lugar de promover una docencia de calidad.
Fiabilidad y validez cuestionables: ¿realmente miden lo que deberían medir?
Más allá de las cuestiones éticas, Hodson expone que las encuestas de los y las estudiantes fallan en su objetivo más básico: evaluar eficazmente la calidad de la enseñanza. Una revisión metaanalítica de 2017 concluyó que estas evaluaciones no predicen el aprendizaje, ni el éxito académico posterior. Aun así, y en contra de la evidencia, continúan siendo uno de los principales criterios en las decisiones de contratación, promoción y permanencia del profesorado en numerosos países. En España, se han incorporado este tipo de herramientas en los últimos años en las universidades públicas y se trata de un elemento clave de valoración docente.
Además, según señala el artículo, hay múltiples variables externas que influyen en los resultados: desde la dificultad del curso, el tamaño del grupo o la nota esperada, a las características personales del docente o la docente como su edad, acento o apariencia. Esto compromete su validez de constructo, es decir, su capacidad de medir realmente la calidad docente.
A esto se suma el problema de la representatividad: la mayoría de los y las estudiantes no completa las encuestas, lo que deja la evaluación en manos de una minoría polarizada entre quienes están muy satisfechos o muy disconformes.
Impacto negativo en el aprendizaje.
Las consecuencias de esta práctica no son meramente administrativas, según Hodson: afectan directamente a la calidad del aprendizaje. Para obtener mejores evaluaciones, los profesores pueden caer en la tentación de reducir la carga académica, inflar las notas o evitar contenidos exigentes, especialmente si ocupan puestos precarios o dependen de las buenas calificaciones para conservar su empleo.
Como resultado, las exigencias académicas pueden terminar ajustándose a las preferencias del alumnado, y no a criterios pedagógicos. Hodson reconoce haber reducido la carga de lectura en sus cursos tras recibir quejas en las evaluaciones. «¿Para qué pedir opiniones si luego se van a ignorar?», cuestiona en su artículo con ironía.
Sin embargo, prosigue Hodson, estudiantes que tienen los profesores y profesoras mejor evaluados no necesariamente aprenden más. De hecho, según los estudios citados, el mejor rendimiento académico se asocia con profesores que reciben evaluaciones promedio, lo que sugiere que un nivel saludable de exigencia puede ser menos popular pero más eficaz.
¿Y ahora qué? Alternativas y soluciones.
Frente a este panorama, Hodson no se limita a criticar el sistema de evaluación docente, sino que propone algunas alternativas concretas. El autor aboga por sustituir las encuestas estudiantiles por métodos empíricamente válidos, como evaluaciones realizadas por pares o expertos capacitados. Aunque reconoce que estos también pueden tener sesgos, sostiene que al menos permiten establecer controles y estándares más objetivos.
Algunas universidades ya están tomando medidas. La Universidad Metropolitana de Toronto, por ejemplo, ha eliminado las evaluaciones de estudiantes como criterio en los procesos de promoción y permanencia del profesorado tras una resolución arbitral. Sin embargo, por ahora, estas acciones son anecdóticas, y Hodson considera que es necesaria una reforma profunda y sistemática de estos procesos.
Sugiere, además, rebautizar las encuestas como «encuestas de satisfacción estudiantil», dejando claro que no miden eficacia docente, sino percepciones subjetivas. Otras opciones incluirían ajustar estadísticamente los resultados en función del rendimiento esperado, para minimizar el sesgo de quienes evalúan en función de sus propias calificaciones.
Conclusión: es hora de actuar.
La evidencia es contundente: las evaluaciones docentes basadas en la opinión de los y las estudiantes no solo son ineficaces, sino que perpetúan las desigualdades, promueven las malas prácticas docentes y perjudican el aprendizaje. Mantenerlas en uso, argumenta Hodson, es equivalente a seguir utilizando un termómetro roto para medir la fiebre: no solo no ayuda, sino que puede empeorar el problema.
«Las universidades exigen evaluación rigurosa para la investigación, pero aceptan métricas defectuosas para la enseñanza«, denuncia. Romper con esta incoherencia no será fácil, pero es un paso imprescindible si se aspira a una educación superior más justa, rigurosa y de calidad.
Fuente.
Hodson, G. (2025). It is time to abandon student evaluations of teaching. Nature Reviews Psychology. https://doi.org/10.1038/s44159-025-00444-y