Cientos de miles de personas en situación de dependencia y con discapacidad necesitan cuidados y apoyos para vivir con dignidad, autonomía y según sus propias preferencias. A su bienestar contribuyen unas 490.000 trabajadoras de cuidados de larga duración; sin reconocerlas, valorarlas y mejorar su situación laboral, el nuevo modelo de cuidados es una quimera. A este respecto, datos de la OCDE advierten de que el 73% de estas trabajadoras está expuesta a riesgos para su salud física o mental.
Así lo afirma el informe «Estimación de necesidades de trabajadoras de cuidados de larga duración a 2030», un documento publicado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, a través del cual se estima cuántas trabajadoras de cuidados de larga duración serán necesarias hasta 2030 en distintos escenarios de evolución del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), con el fin de orientar la planificación del sistema y su transición hacia un modelo con mayor peso de los servicios profesionales y comunitarios. Enmarcado en este cambio de enfoque, el informe alude a la «Estrategia para un nuevo modelo de cuidados en la comunidad. Un proceso de desinstitucionalización», una hoja de ruta aprobada por el Gobierno, orientada a impulsar una atención personalizada y de base comunitaria y a favorecer que las personas puedan vivir en su casa —o como en casa—.
El presente informe aporta cifras que revelan una realidad sostenida, invisible durante años y con implicaciones directas para la sostenibilidad del sistema de cuidados y para el bienestar de cientos de miles de mujeres en España.
Un sistema dependiente de las mujeres y con consecuencias para su salud y bienestar.
El punto de partida del informe es claro: en España existen 1.644.073 personas con una situación de dependencia reconocida, lo que implica, al menos, un volumen equivalente de familias que asumen diariamente tareas de cuidados, mayoritariamente mujeres. Esta carga, señala el documento, repercute en su calidad de vida, sus opciones laborales, sus pensiones y en una desigualdad estructural que se inicia en la crianza y se intensifica cuando llegan las necesidades de atención a personas mayores o con discapacidad.
El informe subraya que, sin un sistema público capaz de absorber adecuadamente las necesidades de cuidados de larga duración, las familias –y, especialmente, las mujeres–, continúan soportando un peso que afecta a su bienestar físico y emocional. Aunque el documento no detalla síntomas concretos, sí enfatiza el impacto directo sobre la vida cotidiana, el equilibrio vital y la posibilidad de desarrollar un proyecto personal y profesional.
Riesgos para la salud física y mental de las trabajadoras del sector.
En paralelo, el informe incorpora datos que muestran la dureza del empleo de cuidados. A nivel de la OCDE, el 73% de las trabajadoras de cuidados de larga duración están expuestas a riesgos para su salud física o mental. Además, según los datos reproducidos en el documento, estas profesionales tienen 2,5 veces más probabilidades que el resto de la población trabajadora de prestar servicios en domingo o en horario nocturno, lo cual dificulta la conciliación y afecta al bienestar general.
Asimismo, su realidad laboral está marcada por:
- Precariedad salarial, especialmente en atención domiciliaria, donde las trabajadoras ganan un 35% menos por hora que el salario medio.
- Alta parcialidad contractual, pues en atención domiciliaria (servicios sociales sin alojamiento), el 47% tiene contrato a tiempo parcial.
- Dificultades para conciliar, soportando jornadas fragmentadas, horarios irregulares y sobrecarga física.
Todo ello dibuja un entorno laboral que, como señala el propio documento, “hace que sea éste un sector poco atractivo, a pesar de ser esencial para la sociedad” y coloca a las trabajadoras en posiciones de vulnerabilidad que afectan directamente a su salud, bienestar y seguridad laboral.
Hacia un modelo más justo: mejora del empleo y bienestar en los cuidados.
El Ministerio considera imprescindible que el futuro modelo de atención se construya también desde el bienestar de las trabajadoras del SAAD. El informe advierte que sin reconocer, valorar y mejorar su situación laboral, cualquier intento de avanzar hacia un modelo más comunitario y centrado en la persona “es una quimera”.
El documento recuerda que el cuidado es “una relación exigente”, y que no puede existir atención centrada en la persona en condiciones de precariedad. Esta afirmación, unida a la evidencia de riesgos físicos y mentales, constituye una llamada de urgencia: mejorar las condiciones de empleo no es solo un objetivo laboral, sino una garantía para la salud, el bienestar y la calidad de vida tanto de las profesionales como de las personas atendidas.
Evolución demográfica y presión creciente sobre el sistema.
El análisis demográfico que incluye el informe explica la magnitud del reto. Actualmente, residen en España 3 millones de personas mayores de 80 años, y, a mitad de siglo, la cifra ascenderá a casi 6 millones. Esta transformación incrementará la demanda de cuidados de larga duración, sobre todo, si se considera que España invierte 11.152 millones de euros menos que la media de la OCDE en este ámbito.
A esto se suma que, aunque el SAAD ha atendido ya a más de 3,8 millones de personas, la cobertura no alcanza todavía a todas las que declaran necesitar apoyos para actividades básicas de la vida diaria. En consecuencia, la presión sobre las familias continuará mientras el sistema no sea capaz de absorber la demanda real.
¿Cuántas trabajadoras se estima que serán necesarias en 2030?
La parte central del informe estima cuántas trabajadoras se necesitarán incorporar en los próximos años en distintos escenarios, considerando ratios de atención, intensidades, tipos de servicios y combinación entre cuidados profesionales y familiares.
Los datos indican que, a finales de 2024, el SAAD cuenta con 489.900 trabajadoras, de las cuales 8 de cada 10 son mujeres. A partir de esta base, las necesidades proyectadas en este documento son las siguientes:
Escenario 1: Continuista
Mantiene el ritmo de crecimiento actual del sistema. Continuando con la tendencia de expansión de cobertura, intensidades y servicios SAAD:
- Trabajadoras necesarias en 2030: 751.300.
- Trabajadoras adicionales: 261.400 (incremento del 53%).
Escenario 2: Cobertura universal
El sistema llega a todas las personas con necesidad de apoyos. Cubriendo a toda la población que lo necesite, manteniendo la tendencia actual de intensidades y servicios:
- Trabajadoras necesarias: 904.500.
- Adicionales: 414.600 (incremento del 85%).
Escenario 3: Continuista de base comunitaria
Siguiendo la tendencia de expansión, pero aumentando los servicios profesionales y comunitarios, con menor peso de cuidados familiares:
- Trabajadoras necesarias: 868.900.
- Adicionales: 379.000 (incremento del 77%).
Escenario 4: Universal y comunitario
Se atiende a todas las personas y se refuerza la atención profesional y comunitaria:
- Trabajadoras necesarias: 1.129.200.
- Adicionales: 639.400 (incremento del 131%).
Estas cifras muestran que, en cualquier escenario, España necesitará entre 261.400 y 639.400 trabajadoras adicionales para 2030.
El papel central de la atención domiciliaria y comunitaria.
El informe subraya que la ayuda a domicilio será uno de los servicios que más crecerá en el futuro. En 2030, si se mantiene la tendencia actual, representará el 33,9% del total de servicios (escenario 1), superando con holgura tanto a la atención residencial como a los centros de día. También se prevé un incremento de la prestación económica para cuidados en el entorno familiar, especialmente si no se acelera la transición hacia servicios profesionales.
En los escenarios comunitarios, la estrategia consiste en reducir el peso de esta prestación en 10 puntos porcentuales, reforzando la atención domiciliaria y los apoyos de proximidad, con el fin de garantizar cuidados más intensivos y adecuados que alivien a las familias y reduzcan la sobrecarga física y emocional que hoy soportan.
Conclusión: un reto social, sanitario y de salud pública.
El informe deja claro que la sostenibilidad del SAAD no es solo un problema administrativo o económico, sino un gran desafío de salud pública, que afecta a la salud física, la salud mental y el bienestar de cuidadores familiares y profesionales.
Las cifras de exposición a riesgos, precariedad y sobrecarga revelan un escenario en el que la salud mental y emocional de miles de mujeres está en juego. Al mismo tiempo, el envejecimiento demográfico acelerado y la insuficiente inversión pública obligan a una transformación urgente del modelo de cuidados.
Asegurar el bienestar de quienes cuidan —familiares y profesionales— emerge así como condición imprescindible para construir un sistema justo, sostenible y centrado en la dignidad de todas las personas.
Se puede acceder al informe completo desde la página web del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 o bien directamente aquí.