El aborto en España es un derecho reconocido en la legislación estatal y en los tratados internacionales de derechos humanos. Sin embargo, en la práctica, su ejercicio continúa lejos de estar garantizado en condiciones homogéneas de igualdad, universalidad y calidad en todo el territorio.

Esta es una de las conclusiones centrales del informe «El aborto en España: barreras y retos para garantizar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo», elaborado por la Federación Mujeres Jóvenes en colaboración con el Instituto de las Mujeres. A través de una investigación cualitativa basada en 18 entrevistas en profundidad a profesionales del ámbito sanitario -entre ellos, ginecólogas y psicólogas-, trabajadoras sociales, activistas feministas y expertas en derechos sexuales y reproductivos, el estudio busca conocer las principales barreras percibidas en el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE), con especial atención al impacto sobre mujeres jóvenes, mujeres en situación administrativa irregular y mujeres con discapacidad.  

Dado su carácter cualitativo y el tamaño de la muestra, el informe ofrece una aproximación exploratoria basada en percepciones y experiencias recogidas en entrevistas, orientada a identificar posibles barreras y oportunidades de mejora en la garantía efectiva del derecho, sin que sus resultados puedan extrapolarse como conclusiones generalizables al conjunto de la población.

Desde una perspectiva de derechos, el informe recuerda que la reforma introducida por la Ley Orgánica 1/2023, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, se inscribe dentro de una concepción amplia de la salud sexual: no se limita a la ausencia de enfermedad, sino que la define como un estado de bienestar físico, psicológico y sociocultural relacionado con la sexualidad, y requiere un entorno libre de coerción, discriminación y violencia. Este enfoque enfatiza que garantizar el acceso al aborto no es solo una cuestión clínica o legal, sino una obligación institucional vinculada a la salud, la igualdad y la autonomía.

En este marco, el informe subraya que es fundamental velar porque las mujeres jóvenes no sean coaccionadas ni culpabilizadas, y que el sistema sanitario no solo proteja su salud, sino también la salud mental y el bienestar de quienes trabajan garantizando la IVE, dado el desgaste que puede implicar el trabajo en un ámbito «atravesado por estigma social, presión institucional y acoso externo».

Barreras estructurales y efectos emocionales.

Uno de los hallazgos del informe es que las barreras no se explican únicamente por carencias técnicas o administrativas.

Según describe, en algunos territorios, el acceso a la IVE se articula a través de circuitos administrativos largos, con derivaciones sucesivas y trámites que, según las profesionales entrevistadas, podrían evitarse si existiera información pública clara y vías directas de acceso a los recursos acreditados. Este tipo de itinerarios prolongados no solo añaden pasos innecesarios, sino que pueden incrementar la vulnerabilidad y la carga emocional, especialmente, cuando las mujeres se encuentran en un momento sensible y necesitan respuestas rápidas.

En este sentido, se advierte de que la concatenación de trámites puede introducir un componente de estigmatización en la solicitud de la IVE, ya que el proceso se convierte en un recorrido excepcional y más expuesto que otras prestaciones sanitarias. Algunas entrevistadas describen incluso la percepción de un trato desigual y de obstáculos innecesarios, que se suma a la carga física y psicológica de interrumpir un embarazo.

El documento añade que esta estructura puede producir un efecto intimidatorio y psicológico, ya que algunas mujeres llegan a la fase final del proceso más vulnerables y afectadas psicológica y emocionalmente, tras haber recibido determinado tipo de información o después de experimentar itinerarios burocráticos complejos.

Asimismo, el informe indica que determinados elementos organizativos —como la confusión y/o la desinformación sobre si el aborto es legal o si «hay que pagarlo», o la falta de privacidad en algunos dispositivos—, pueden reforzar el estigma y aumentar la percepción de intimidación, al dificultar la confidencialidad.

Además, la falta de dispositivos específicos en salud sexual y reproductiva genera otra brecha: la ausencia de una atención continuada tras la intervención. Las entrevistas recogen que, en algunos casos, el seguimiento posterior en el sistema público se limita a lo clínico y deja fuera aspectos de acompañamiento emocional o acompañamiento psicológico. Se señala, de manera expresa, que el seguimiento suele ser “más médico que psicológico”, y que hay ocasiones en las que sí resulta necesario un seguimiento psicológico.

Acompañamiento, empatía y apoyo psicológico: claves para una atención humanizada y libre de estigma.

El informe insiste en que, aunque el aborto sea legal y esté incluido en la cartera de servicios, sigue existiendo un fuerte estigma social e institucional. De acuerdo con los datos de este informe, muchas mujeres describen trato distante, juicios morales o falta de sensibilidad, lo que incrementa la carga emocional de un proceso ya de por si delicado. También se señala que ciertas prácticas organizativas —como ubicar unidades de IVE junto a maternidad o neonatología, o reforzar protocolos que enfatizan la pérdida— pueden incrementar sentimientos de culpa o vergüenza.

Por ello, el informe plantea la necesidad de una atención humanizada que garantice respeto, privacidad y comprensión, equiparable a la de cualquier otra prestación sanitaria. Esto incluye evitar ubicaciones o denominaciones que puedan estigmatizar, y habilitar áreas discretas donde las mujeres se sientan seguras.

Entre las recomendaciones, se destaca promover la empatía y el respeto absoluto en el trato clínico, desde la recepción hasta el acceso a los cirujanos, incorporando protocolos de comunicación centrados en la paciente, como escucha activa, validación emocional y lenguaje no culpabilizador. También se propone la opción de acudir acompañada por una persona de confianza si así lo desea.

De forma específica, se recomienda ofrecer acompañamiento psicológico y social cuando la mujer lo solicite, integrándolo en la ruta asistencial. Sin presuponer que el aborto genere siempre trauma, el informe defiende que debe haber disponibilidad de apoyo profesional para quien lo necesite, especialmente, en casos de IVE por razones médicas o en mujeres muy jóvenes. En este sentido, se plantea integrar psicólogas/os junto a trabajadores/as sociales en los equipos, con el fin de abordar miedos, detectar situaciones de violencia de género o vulnerabilidad y asegurar soporte emocional adecuado antes, durante y después del procedimiento.

Esta insistencia en el acompañamiento psicológico y el apoyo emocional es relevante si se considera que muchas de las barreras identificadas producen aislamiento, miedo y ansiedad.

Resistencia de estigmas y aislamiento en jóvenes de 16 y 17 años.

Aunque en la reforma de 2023 (Ley orgánica 1/2023) se incluyó que las jóvenes de 16 y 17 años pudieran acceder a la interrupción voluntaria del embarazo sin el consentimiento de sus representantes legales, las entrevistas identifican otras dificultades relacionadas con el estigma social y la necesidad de ocultar el embarazo y su interrupción al entorno familiar o escolar.

Este ocultamiento responde, en palabras de los autores, al tabú sobre la sexualidad adolescente y a una «penalización social» del aborto. Como consecuencia, algunas jóvenes optan por desplazarse a otras comunidades autónomas o programar la intervención en días no lectivos. Pero, en algunos casos, estas estrategias pueden traducirse en una vivencia solitaria del proceso y en ausencia de acompañamiento familiar o redes cercanas. Ese aislamiento puede incrementar la vulnerabilidad ante un procedimiento que ya de por si, implica una carga psicológica y emocional.

Por ello, las profesionales entrevistadas subrayan la importancia del acompañamiento durante el proceso, especialmente, el día de la intervención. Se indica que, en la mayoría de los casos, el acompañamiento lo proporcionan otras mujeres (amigas, madres u otras adultas), mientras que la figura masculina está prácticamente ausente, tanto en la solicitud como en el acompañamiento.

En cuanto a recomendaciones, el informe propone habilitar circuitos específicos adaptados a la realidad juvenil, incluyendo dispositivos como los Centros Jóvenes de Atención a la Sexualidad (CJAS), con atención confidencial, espacios propios y accesibles, y recursos suficientes. También se sugiere permitir la atención directa sin cita previa para reducir la ansiedad y las barreras asociadas a la espera en procesos sensibles como el aborto.

Migrantes en situación irregular: riesgos para la salud física y psicológica, y desprotección emocional.

En el caso de las mujeres migrantes en situación administrativa irregular, aunque la ley del aborto no establece limitaciones explícitas por situación administrativa, en la práctica, las normativas de extranjería y los requisitos de acceso al sistema sanitario actúan como principal barrera. La imposibilidad de obtener tarjeta sanitaria, los plazos de empadronamiento y la falta de información clara dificultan el ejercicio de un derecho universal.

El documento señala que esta exclusión puede tener consecuencias graves para la salud física y psicológica: algunas entrevistadas hablan de casos en los que estas mujeres han pasado por abortos realizados en condiciones inseguras o sin acompañamiento médico, por miedo, urgencia o imposibilidad de asumir costes.

Además del impacto sanitario, estas situaciones generan desprotección psicológica, emocional y legal. La falta de cobertura institucional coloca a las mujeres migrantes ante decisiones extremas en soledad, en un trato desigual que puede constituir violencia institucional. Las entrevistas también reflejan el desgaste emocional que esto supone para las profesionales que intentan ofrecer una salida, soportando presión, culpa y carga emocional ante una situación que debería estar garantizada por el sistema.

Intimidación, hostigamiento y violencia: el acoso antiabortista como barrera emocional y psicológica.

El informe advierte de que, además de las barreras institucionales, existe un problema constante: el acoso de grupos antiabortistas en las inmediaciones de clínicas acreditadas. Según señala, pese a las reformas normativas que tipifican el acoso, en algunos contextos no se han implementado de forma eficaz perímetros de seguridad ni protocolos estables de protección en torno a clínicas acreditadas, lo que permite que continúen concentraciones y prácticas de presión directa.

En este punto, el documento subraya que la intimidación y el hostigamiento no solo afectan a las mujeres, incidiendo en su bienestar psicológico y social, sino también al personal sanitario.

Conclusiones: del derecho formal a la garantía real, con enfoque psicológico y social y libre de estigmas.

El informe concluye que, pese al marco normativo vigente, el acceso al aborto sigue mediado por desigualdades territoriales, institucionales y culturales. Para sus autores, estas dificultades responden a una estructura sostenida por una débil voluntad institucional y un imaginario moral que continúa situando el aborto en el terreno de lo excepcional, culpable o problemático. En ese escenario, muchas mujeres deben desplegar estrategias individuales para acceder a un derecho que debería estar garantizado colectivamente.

En esta línea, las propuestas finales apuestan por protocolos homogéneos, formación específica, disponibilidad de recursos y la eliminación de pasos burocráticos innecesarios. Pero, sobre todo, insisten en un cambio cultural e institucional: desterrar el estigma y garantizar una atención integral donde el bienestar físico, psicológico, social y emocional sea parte central del derecho.

La investigación propone, en suma, un modelo que incorpore acompañamiento y apoyo psicológicos, cuando se requiera, y que sitúe la empatía, la validación emocional y la protección frente a la intimidación, como elementos esenciales para garantizar el aborto como prestación sanitaria y como derecho. Y recuerda que asegurar este acceso no es únicamente una cuestión de política sanitaria: es una condición indispensable para el ejercicio pleno de la autonomía, la libertad y la dignidad de las mujeres.

Se puede acceder al informe desde la página web del Instituto de las Mujeres o bien directamente aquí.